El Partido Comunista tensa la cuerda en el Gobierno de Boric

Las diferencias entre el Partido Comunista (PC), piedra angular del Gobierno de Gabriel Boric, y la propia Administración chilena de izquierdas, se han agudizado en especial en las últimas dos semanas, dejando al descubierto la compleja diversidad de miradas de izquierdas que componen el Ejecutivo. El reciente despido de un asesor comunista de la Subsecretaría del Interior, que lidera el socialista Manuel Monsalve, y un procedimiento policial el fin de semana en Villa Francia, un barrio popular de la zona poniente de Santiago, han sido duramente criticados por líderes del PC. Ministros de distintas carteras se han visto obligados a dar explicaciones por sus acciones ante las quejas públicas de una de las formaciones oficialistas y han reconocido “las diferencias complejas” que existen dentro a la coalición.

Un par de semanas atrás, el 26 de junio, Monsalve desvinculó de la subsecretaría a Juan Andrés Lagos, un histórico e influyente militante, quien es parte de la comisión política del PC, con quien tenía diferencias públicas, según reconoció. Lagos ha mostrado su apoyo al alcalde de su formación Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, en el marco de una investigación por corrupción, conocido como el caso farmacias, y también ha respaldado al régimen venezolano de Nicolás Maduro. En una entrevista el domingo en el diario La Tercera, Lagos acusó al Ejecutivo de no haber “resistido” la presión de la oposición para que saliera del cargo. Pero el lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió a explicar que su salida del Gobierno “no tiene que ver con resistir presiones”. “Todos sabemos, cuando trabajamos en este tipo de cargos, que somos útiles hasta que le servimos al jefe a quien estamos asesorando (...) Ese es el concepto y yo creo que [el PC] está equivocado aquí” dijo a T13 Radio.

Tohá también tuvo que responder sobre el operativo realizado el pasado sábado por Carabineros, coordinado con la Fiscalía, en la población Villa Francia, en el municipio de Estación Central de la región metropolitana de Santiago. Allí hubo allanamientos simultáneos en varios domicilios, un espacio comunitario, un comedor abierto y una radio local. La policía encontró explosivos y 18 armas. El lugar intervenido es una zona especialmente sensible para la izquierda porque en dicha población fueron asesinados en 1985, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. El operativo ocurrió, además, en la fecha de conmemoración por el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, histórica dirigente del sector y madre de los hermanos.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que el procedimiento policial “raya en una provocación” y exigió al ministerio del Interior “absoluta y plena transparencia” sobre el operativo. “Este es un tema que no tiene precisión de cuál fue el fundamento que justifique una acción de esta envergadura”, apuntó. La diputada comunista Carmen Hertz ofició al ministerio del Interior, que lidera Tohá, para tener más detalles de los allanamientos, a los que calificó como un “agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo” y que “son acciones que no corresponden a un Estado democrático de derecho”.

También, la diputada comunista, Lorena Pizarro, incluso señaló que el operativo en Villa Francia no tuvo justificación “más que la crimininalización a pobladores organizados” y que es “la misma lógica que en dictadura, la del enemigo interno”.

Carolina Tohá reconoció que le “sorprende” las desconfianzas del PC y que “no corresponden a lo que debiera ser una actitud en un proceso, sobre todo cuando se es parte de un Gobierno”. “Ha habido diferencias, varias el último tiempo. Espero que las superemos con madurez porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente han sido varias diferencias complejas, que se han una sumado a otra”, sostuvo en T13 radio. Además, explicó que el operativo ocurrió el día de la conmemoración de la muerte de Luisa Toledo porque tenían antecedentes de que, con motivo de ese aniversario, se iban a hacer “una serie de acciones violentas”. “No hay justificación en el mundo para que en democracia se tenga una arsenal de ese tipo en una radio o en un comedor. Esto no es un montaje”, agregó.

La portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo, militante comunista, sostuvo este lunes que “si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el Gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro Gobierno”. En respuesta a la solicitud de más detalles, Vallejo planteó que desde el Ejecutivo nunca habrá intención de ocultar ningún procedimiento o información mientras no dificulte el trabajo de la policía o el Ministerio Público. “Una cosa es la labor de la Fiscalía, y otra cosa es poner un manto de duda sobre una operación que estuvo en el marco del Estado de Derecho y que tuvo resultados importantes desde el punto de vista de la seguridad”. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también comunista, y quien lidera la reforma de pensiones, le quitó hierro al cruce de declaraciones: “Sin duda en muchas cosas puede haber visiones distintas y esto se da en el marco de una alianza que es diversa”.

El caso de Villa Francia es un episodio más en la tensa relación de los últimos días. El alza de las cuentas de la luz de los chilenos, que a 2025 tendrá un incremento del 50% debido a una deuda que ha crecido con las generadoras eléctricas desde 2019, también ha revelado los roces. La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), criticó al ministro de Energía de Boric, Diego Pardow, quien lideró en el Congreso la tramitación del proyecto que descongeló las tarifas.

También, dentro del oficialismo existen miradas divergentes respecto del Gobierno de Venezuela, al que el Partido Comunista chileno respalda. En su reciente gira a Europa, en junio, el presidente Gabriel Boric señaló desde en Alemania, en una entrevista al medio Deutsche Welle fue consultado sobre el deterioro de las relaciones con Venezuela, cuya tensión ha ido en aumento tras el secuestro y homicidio en Santiago hace cuatro meses del disidente de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda. “Por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”, dijo el mandatario de izquierdas.

El factor Jadue

Las tensiones del PC llegan en un momento complejo para la formación. Una de sus figuras más prominentes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un mes tras ser formalizado por la Fiscalía por cinco delitos de corrupción en el marco de la investigación del caso farmacias populares. En julio de 2021, Jadue se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Boric, que representaba al Frente Amplio y quien finalmente llegó a La Moneda.

La defensa del alcalde de Recoleta ha intentado que le levanten la prisión preventiva, pero el lunes el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago confirmó pro seguna vez la medida cautelar para el líder comunal, quien arriesga tener que abandonar su cargo ya que, por ley, un alcalde no puede ausentarse tanto tiempo de su puesto. Para evitar esto, el PC ha levantado una campaña internacional. La semana pasada, su defensa presentó una solicitud urgente de revisión de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se pide que el organismo discuta las medidas antes del 18 de julio, cuando Jadue cumpla 45 días en prisión preventiva y deba dejar la alcaldía.

La resolución de la justicia chilena se ha dictado pocas horas después que el presidente colombiano Gustavo Petro pidiera la liberación del alcalde comunista. “Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de [Augusto] Pinochet impuesta a los seres libres”, escribió Petro en la red social X, donde por error llamó “Gabriel” al líder comunal. A las pocas horas, la Administración de Boric calificó de “inaceptables e imprudentes” las declaraciones del mandatario del país andino y el canciller chileno, Alberto van Klaveren, entregó una nota de protesta a la encargada de negocios colombiana. Por su parte, en el Congreso hubo muestras de agradecimiento desde parlamentarios comunistas: la diputada Alejandra Plascencia celebró la muestra de “apoyo y solidaridad” de Petro ante una medida “desproporcionada” en relación a la prisión preventiva y la diputada María Candelaria Acevedo y el diputado Matías Ramirez sostuvieron que el respaldo del presidente colombiano era también a la gestión del alcalde y a quienes creen en su inocencia.

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