Violencia obstétrica: el caso de una madre y su hija que marca un antes y un después en Chile

El 16 de abril de 2017, cerca de las 10.00 de la mañana, Josephine A., de 41 semanas de embarazo, llegó junto a su esposo al Servicio de Urgencias del Hospital San Borja Arriarán, un recinto público de Santiago de Chile, para comenzar la inducción del nacimiento de su hija. Los graves problemas de atención derivó en un procedimiento que la madre calificó como una “tortura”. Tras el trabajo de parto, la bebé nació con asfixia neonatal y hoy sufre más de 10 patologías, pues quedó con severos daños neurológicos y psicomotores que hoy la mantiene postrada, sorda, ciega e incapaz de alimentarse por su cuenta.

Siete años después, el juez Ricardo Cortés, del 26° Juzgado Civil de Santiago, ha fallado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, el médico tratante y la matrona. Y ordenó el pago de la indemnización más cuantiosa que se ha registrado en Chile en un caso de violencia obstétrica, y el segundo mayor monto en una causa de negligencia médica: más de mil millones de pesos (aproximadamente más de un millón de dólares) para los padres y la niña.

Para el magistrado, este caso de violencia obstétrica se enmarca dentro de la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres (la ley 21.675). En la sentencia, del 19 de junio, de primera instancia, el magistrado reprochó además el lenguaje utilizado por el médico hacia la mujer.

Josephine es contadora auditora. Y arribó a Chile embarazada desde Venezuela 2017 junto a su esposo, quien es prevencionista de riesgos. Héctor Musso, abogado de la familia, cuenta a EL PAÍS que ambos llegaron “con todas sus esperanzas de una vida nueva a un país que reconocen como un horizonte y los reciben de esta manera”. Y añade que la condición de su hija y los cuidados que requiere, han impedido que el matrimonio pueda trabajar al mismo tiempo, por lo que han tenido que vivir en “situaciones de mucha privación”.

En Chile todavía no existe una legislación que aborde en particular el concepto de violencia obstétrica. Pero sí hay un proyecto, llamado ‘Ley Adriana’ –inspirado en el caso de una mujer dio a luz una niña sin vida en el norte de Chile–ingresado el año 2018 al Congreso y que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. Por ello, el juez Ricardo Cortés ha invocado la ley que sanciona y erradica la violencia en contra de las mujeres, publicada en junio de 2024, cinco días antes del juicio. Y que en uno de sus artículos incluye a la violencia gineco obstétrica como un tipo de violencia contra la mujer: a define como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica”.

Un precedente

Héctor Musso explica que la sentencia marcará un antes y un después en este tipo de causas. “No es habitual lo que hizo este juez. Puedes encontrar en la jurisprudencia muchas sentencias sobre partos, sobre negligencia médica a nivel gineco obstétrico, pero, en cuanto a reproche directo a la violencia obstétrica, como ésta no vas a encontrar otra”. Y añade: “Creo que esta sentencia estableció un estándar que va a obligar a otros jueces a pronunciarse en particular respecto a esta materia”.

Carla Bravo, una de las directoras del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), una fundación chilena creada en 2014, también destaca este fallo: “Es muy importante porque es el primero que se dicta con posterioridad a la publicación de la Ley N°21.675 [violencia contra las mujeres], que es el primer cuerpo legal que en Chile reconoce el término de violencia gineco obstétrica. Además, el fallo es muy minucioso en analizar los distintos hechos que se vinculan con el daño que se indemniza”.

Bravo recalca que es necesario que se avance en la legislación chilena: “La Ley integral contra la violencia de las mujeres necesita un correlato normativo que regule en particular la violencia obstétrica. Y la ‘Ley Adriana’, que está en el Senado, es el complemento perfecto”, señala sobre el proyecto impulsado por la diputada Claudia Mix, del Frente Amplio, y del que también participó el observatorio que dirige.

Precisamente, el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) publicó en 2018 la primera encuesta nacional sobre el nacimiento de Chile, y en adelante es el estudio más citado en la materia. Se consultó a 11.054 mujeres que dieron a luz en Chile entre el 1970 y 2017 en Chile. Y, en el periodo 2014-2017, en un 43,4% de las experiencias de parto en hospitales se reportó haber vivido crítica o represión de expresiones de dolor y emociones. En clínicas privadas la cifra fue de un 16,6%.

Con respecto a abuso físico (manotazos, zamarreo, empujones, toques molestos), en estudio reportó que en clínicas privadas existe un 5,3% de experiencias de abuso físico en el periodo 2014-2017, mientras que en el sistema público en el mismo periodo es de 17,5%.

Suplicó por una cesárea

Si bien en 2017 Josephine llegó cerca de las 10:00 horas al servicio de urgencias del hospital para comenzar la inducción, fue ingresada a preparto y a las 15:00 horas, cuando fue derivada al médico ginecólogo Matías Solari, quien le administró un medicamento para inducir el nacimiento. Josephine le advirtió que en su historial familiar estaba presente la dificultad para la dilatación.

Pasadas las 18:00 horas, la mujer empezó a sentir mucho dolor y preocupación por el estado de su hija. Entre las 19:30 y 23:00 horas, no tuvo evaluación de médicos. Según la resolución, pidió auxilio y suplicó que le hicieran una cesárea. El personal de salud, sin embargo, omitió la situación, y la dejó sola junto a su marido en la sala de parto.

Fue a las 2:06 de la madrugada que fue ingresada en el box de parto. Por 20 minutos intentó pujar, sin lograr resultados. De acuerdo con la sentencia, Josephine recuerda que en ese momento el médico le dijo que había “fracasado”, pues no estaba logrando parir a su hija, y que él ahora haría nacer a su hija mediante fórceps. Sobre el término ocupado, el fallo señala que si bien la palabra ‘fracaso’ “corresponde al léxico técnico empleado en la medicina, “por lo que es presumible” que haya sido usado en el contexto de los hechos, “no es menos cierto que pareciera no haberse considerado que la paciente no habría de entender tal concepto en la forma que lo haría un profesional del área, sino más bien en su sentido natural y obvio, es decir, como sinónimo de derrota, decepción y fiasco”.

La bebé nació a las 2:28 de la madrugada. Y fue diagnosticada con asfixia neonatal y sufre más de 10 patologías, entre ellas, oxigenodependencia, insuficiencia renal aguda, pérdida del 90% de la audición, displasia de caderas y se tiene que alimentar a través de una gastrostomía.

El Hospital San Borja Arriarán, al ser consultado por EL PAÍS, señaló: “Desde que sucedieron estos lamentables hechos en 2017, nuestro establecimiento ha realizado una profunda actualización y revisión de todos los protocolos vigentes de la urgencia, aumentó su dotación tanto médica como de matronería y también se realizó una investigación pertinente del caso. Entendemos que este es un fallo de primera instancia judicial y continuaremos, al igual como ha sido en todo este proceso, colaborando para su pronta resolución”.

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