La Corte Suprema chilena acoge un recurso de amparo en favor del único detenido por el crimen de Ronald Ojeda

La Corte Suprema chilena acogió un recurso de amparo que interpuso la defensa de A.C., de 17 años, el único detenido en Chile por el secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ronald Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado hace cuatro meses enterrado bajo cemento en el municipio de Maipú, en Santiago. El joven fue detenido y formalizado por el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, el 4 de marzo y es investigado como partícipe del crimen: según la indagatoria realizó labores de vigilancia y de cobertura mientras Ojeda era sacado de su departamento en el piso 14 de la comuna de Independencia por cuatro hombres disfrazados de policías chilenos.

El joven, de nacionalidad venezolana, se encuentra privado de libertad desde marzo en un centro de reclusión para adolescentes. Su defensa había interpuesto el recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero fue rechazado. Entonces, apeló a la Corte Suprema. El fallo implica que el plazo de la investigación del caso que tenía la Fiscalía para investigar, de 90 días, ha sido reducido a 60.

Para el penalista Juan Carlos Manríquez, quien representa a Josmarghy Castillo, viuda del exteniente y a la hermana de Ojeda, el fallo de la Corte Suprema tendrá implicancias directas en el caso de A.C, pues estima que puede abrir la puerta para que próximamente obtenga su libertad. “Lo que ocurre es que de acuerdo a una ley especial, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el plazo máximo de investigación penal de menores de edad es aquel que ha fijado la Corte Suprema. Y en este caso se habría excedido. Por eso la Corte la redujo un mes”, señala a EL PAÍS.

Manríquez agrega que, aunque la defensa de A.C. no ha pedido su libertad, “es previsible que, atendido el estado de investigación y todo, la libertad pueda resolverse tanto en una petición directa como si el imputado decidiera acogerse a un procedimiento de abreviado [un juicio abreviado]. Es decir, acepta los hechos, la calificación jurídica y eso le significa una reducción considerable de la pena”.

Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía, además de A.C., ha identificado a dos sospechosos del secuestro y homicidio de Ojeda: los venezolanos Walter Rodríguez y Maikel Villegas, quienes habrían huido a Venezuela, por lo que son requeridos por los tribunales chilenos. “A esas personas es, prácticamente, imposible hallarlas, excepto si es que se estuviese llevando una gestión muy reservada que no conocemos para que sean detenidas en algún lugar del mundo”, señala Manríquez.

La Fiscalía chilena ha determinado, en abril, que tras el homicidio de Ojeda, de 32 años, está el Tren de Aragua y que hasta ahora el único un móvil plausible es político debido al perfil de la víctima, un férreo opositor, y ha pedido los antecedentes a Caracas de Rodríguez y Villegas. El Ministerio Público de Venezuela respondió al enviar sus reportes migratorios, datos biográficos y biométricos. Pero no ha habido más avances, al menos públicamente.

Colaboración internacional

Una de las últimas gestiones realizadas por Manríquez, en representación de la familia de Ojeda en Chile, ha sido pedir ayuda internacional para la búsqueda de un nuevo país de destino. De hecho, la viuda ha dicho el sábado en una entrevista a El Mercurio que junto a su hijo, de siete años –ambos presenciaron el secuestro– y su cuñada quieren “vivir en un lugar donde los tentáculos del régimen de Maduro no nos alcancen”.

A poco más de cuatro meses del crimen, Manríquez señala que observa una ralentización de la investigación. “No observamos un avance concreto, real y directo, en determinar quién ordenó la extracción y ejecución de Ronald. Siguen algunas dudas, como por ejemplo, de qué manera se enteraron dónde vivía un refugiado”.

Sobre los responsables de la muerte, uno de ellos ha dejado rastros, afirma el penalista, en el cuerpo de Ojeda y se intenta buscarlo más allá de las fronteras chilenas. “Hay un tercer involucrado, quien coloca su brazo sobre el cuello de Ronald y lo extrae [de su departamento], del que se presume es distinto a los otros dos [Rodríguez y Villegas], pues es altamente entrenado”, comenta el abogado.

El hombre, quien aparece en una grabación dentro del ascensor del edificio del exteniente en Independencia, sujeta a Ojeda para sacarlo de su departamento. Dejó una marca dactilar y cabellos sobre el cuerpo de su víctima, que ahora podrían ser analizadas por investigadores en el extranjero para intentar determinar su identidad. En los registros chilenos, la huella no pudo ser detectada. Por eso, Manríquez ha pedido la ayuda del FBI para saber de quién es el material genético, una diligencia que el Ministerio habría acogido.

Ojeda llegó a Chile en diciembre de 2017, donde obtuvo asilo político. Había escapado de la cárcel militar venezolana de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques (a casi 30 kilómetros de Caracas), junto con otros excompañeros, tras estar detenido por rebelión militar, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria. Tras su fuga estuvo en Perú, donde sólo permaneció unos meses, pues de acuerdo con sus allegados se sentía perseguido, y de ahí se trasladó hasta territorio chileno.

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