Manuel Monsalve y la Macrozona Sur: “Hasta 2021 los hechos de violencia solo subían año a año, y desde 2022 solo bajan”

A mediados de los años 90, el subsecretario del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el socialista Manuel Monsalve (Coronel, 58 años), trabajaba como médico en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) en el municipio de Los Álamos, en la provincia de Arauco, región del Biobío. Es un sector del centro-sur de Chile, de vida rural, que en la última década ha sufrido ...

A mediados de los años 90, el subsecretario del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el socialista Manuel Monsalve (Coronel, 58 años), trabajaba como médico en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) en el municipio de Los Álamos, en la provincia de Arauco, región del Biobío. Es un sector del centro-sur de Chile, de vida rural, que en la última década ha sufrido un cambio tan drástico como dramático. Hoy sus habitantes, como en otras regiones vecinas que son parte de la Macrozona sur de Chile, sufren la acción de grupos radicales mapuche y el crimen organizado. Uno de los últimos hechos, que ha sido el corolario de la violencia, fue el homicidio de tres carabineros, que eran parte de la comisaría de Los Álamos, cuando patrullaban por la localidad cercana Antiquina. Fueron asesinados a balazos el 27 de abril y luego quemados dentro de su camioneta de servicio.

A un mes del crimen que ha impactado a Chile, Monsalve, uno de las figuras del Gobierno mejor valoradas y quien está a cargo de la seguridad del país, ha vuelto a Los Álamos, un sector que conoce muy bien pues también fue concejal entre 1996 y 2000, además de director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco. Ha ido específicamente a la comisaría donde trabajaban el sargento Carlos Cisterna (43) y los cabos primero Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), los carabineros asesinados. Y desde esa zona reconoció en una rueda de prensa que Arauco ha enfrentado una situación compleja y que “la gente tiene miedo, tiene temor”. “Obviamente, cuando se atenta contra funcionarios como Carabineros de Chile, ese temor aumenta. Y la respuesta que tiene que tener el Estado es estar presente”.

Desde la región del Biobío, su lugar de origen, Monsalve aborda con EL PAÍS la situación de la Macrozona sur, que lleva más de dos años en estado de excepción constitucional, con presencia de las Fuerzas Armadas que acompañan a la policía, y cómo los grupos radicales armados que operan ese sector mutaron al crimen organizado.

Pregunta. ¿Cómo era Los Álamos en el tiempo que usted era concejal y cuánto ha cambiado?

Respuesta. En esa época la gente no tenía ningún temor. Evidentemente, esa no es la realidad de hoy, porque la gente tiene temor de ir a los territorios y de salir en la noche. Esa es una realidad distinta, que, evidentemente, demuestra que la situación de la zona en materia de seguridad, cambió. El principal cambio es que hoy sabemos que hay organizaciones criminales que operan en el territorio.

P. ¿Y qué le pasa a usted, que es de la zona, cuando ve que la gente siente miedo?

R. Mi vínculo con la zona data de hace 30 años. La provincia de Arauco, y La Araucanía, son zonas caracterizadas, lamentablemente, por un desarrollo más atrasado que el resto del país y donde el esfuerzo que hay que hacer por surgir es mayor. Son lugares que históricamente están vinculados a mayores tasas de pobreza, a menos cobertura de servicios básicos y a más dificultades para tener empleo. Y lo que me pasa, es que creo que la obligación del Estado chileno en un territorio con estas características tiene que ser aún mayor, y para eso no solo hay que tener intención, sino también presencia. Y la presencia no solo implica recursos y políticas de seguridad, sino que las autoridades del Estado tienen que venir a la zona y demostrar no solo el interés, sino el compromiso del Estado y el Gobierno con las personas.

P. ¿Qué se sabe del crimen de los tres carabineros después de un mes?

R. Uno de los principales objetivos después de este cruel y alevoso crimen es encontrar y detener a los responsables. Lo que se sabe está en el marco de la investigación, que es reservada. Pero hay un equipo bien diverso de nueve fiscales con basta experiencia abocado a la investigación, además de un equipo altamente profesional del O-S9 de Carabineros, del Laboratorio de Criminalística y del Servicio de encargo y búsqueda de vehículos. Llegada esta altura, uno podría decir que es una investigación que tiene avances y la dinámica clara de los hechos que ocurrieron. Con estos elementos esperamos que se pueda establecer el vínculo de los responsables para poder detenerlos.

P. ¿Qué ve en el hecho de que hayan sido quemados sus cuerpos?

R. Es prematuro llegar a una conclusión. Uno podría pensar que fue un mensaje, pero en acciones de esta naturaleza también pudo ser para borrar evidencia. Tendrá que aclararlo la investigación.

P. ¿Es un caso más asociado al crimen organizado puro o a organizaciones radicales mapuche?

R. Yo haría una distinción en la pregunta que me hace. La dividiría en dos partes. Ya el año 2022, cuando asumimos el Gobierno, tipificamos lo que ocurre en la Macrozona sur como crimen organizado. Primero, lo hicimos por una motivación de tener las herramientas legales más eficaces para perseguir y sancionar a quienes cometen hechos de violencia. Si uno los tipifica de esa manera, permite saber que son personas que están organizadas, que de manera permanente se dedican a la comisión de delitos, y que tienen mercados ilícitos como el robo de madera y el tráfico de droga. Además, la ley [de crimen organizado] permite utilizar técnicas especiales de investigación, lo que implica mejores resultados. En 2020 la cantidad de condenas que se lograron por violencia rural en la Macrozona sur rondaban las 65 por año, en 2022 superaron las 200 y en 2023 fueron más de 130. Eso demuestra que fue una decisión correcta, porque hemos demostrado mayor eficacia en la persecución penal.

P. ¿Cuál es la segunda distinción?

R. La segunda es más política. En el diagnóstico que hicimos llegamos a la convicción de que se había producido una mutación en la estructura de las organizaciones que cometen delitos de violencia. Es cierto que en algún momento las organizaciones tenían un carácter muy político y una causa muy clara vinculada a la reivindicación mapuche. Y si uno mira hacia atrás, eran hechos de violencia vinculados fundamentalmente a ataques incendiarios a maquinaria y equipamiento forestal. Pero fue ocurriendo una mutación y lo que vemos hoy son organizaciones muy violentas, vinculadas al uso de armas y que se dedican al robo de vehículos y de madera, tráfico de armas y de drogas. Si bien este asesinato [de los carabineros] tiene características que son difíciles de encontrar, hay hechos de violencia previos, como fue el ataque al molino Grollmus en 2022: fue muy violento, con uso de armas de fuego, además de disparos a la casa y disparos a un adulto mayor que estaba en el suelo, completamente indefenso. Entonces, son organizaciones que han mutado y son, eminentemente, delictuales.

P. ¿Qué queda de la causa mapuche en estos grupos?

R. No hay causa política que justifique el uso de violencia en democracia. Por lo tanto, usar una causa para cometer delitos y asesinar personas, en democracia, simplemente, no tiene cabida. Quiero ser muy claro en eso: la causa o el conflicto mapuche es un problema que está diagnosticado. El Gobierno reconoce una deuda, pero esa deuda tiene un camino político que hoy está abierto a través de la Comisión para la Paz y Entendimiento. El presidente de la República nombró comisionados y, por lo tanto, hay un espacio en el cual se puede dialogar y tener una propuesta al país para poder dar respuesta a la deuda que el Estado chileno tiene con el pueblo mapuche. Entonces, hay una vía política, pero no hay causa política que justifique hechos de violencia, menos asesinatos de la crueldad que hemos visto.

P. Durante muchos años parte de la izquierda solidarizó con estos movimientos por la causa mapuche, incluso con la figura de Héctor Llaitul. ¿En qué momento cambió la percepción?

R. Hago dos distinciones al respecto. No hay contradicción entre solidarizar con la causa mapuche y estar en contra de la violencia. Por lo tanto, es una falsa dicotomía. Vuelvo al punto inicial. Cuando preguntas si cambió algo, más que eso, lo que hay es una constatación muy clara: las víctimas de la violencia son los ciudadanos que viven en el territorio. Los tres carabineros asesinados vivían en Curanilahue, en Los Álamos, en Lebu, y también sus familias. Los conductores de camiones que han sido víctimas de hechos de violencia trabajan y viven allí. Por lo tanto, no hay nada que justifique colocar en riesgo la seguridad y menos que justifique los hechos de violencia perpetrados a personas que pertenecen a Macrozona sur. Y el rol del Gobierno es proteger la seguridad de todas las personas.

P. La ministra del Interior Carolina Tohá dijo que el asesinato a los carabineros era un ataque que “no habíamos visto nunca”. ¿Para usted, qué particularidad tiene este atentado más allá de la descripción?

R. Este crimen, y la investigación tendrá que demostrar que si esta percepción es correcta, fue planificado. Es cierto que han habido víctimas en la Macrozona sur, y muchas veces se han producido enfrentamientos en la medida que carabineros actúa para disuadir algún atentado. Pero con una planificación de esta naturaleza, destinada a asesinar a tres funcionarios de una institución del Estado, el día del aniversario de Carabineros, y asesinarlos después de haberlos reducido, claramente es un delito que cambia el carácter de la violencia que se había visto en la Macrozona sur.

P. ¿Hay un antes y un después de este crimen?

P. Lo que hace es reforzar la convicción de que se necesita recuperar la paz. Eso tiene una vía política que esperamos que sea exitosa, pero en la Macrozona sur los delitos tienen que ser combatidos con mucha determinación. Esto requiere de una persecución muy eficaz, pues no puede haber impunidad en los hechos de violencia. Y eso implica fortalecer todas las capacidades del Ministerio Público. También, de equipos especializados en las policías, y tomar todo el equipamiento y la tecnología para la desarticulación de estas organizaciones criminales. Lo segundo es que confirma que para tener seguridad, el Estado tiene que tener control territorial. Por lo tanto, esto reafirma la convicción de que ese control, que se realiza a través de las fuerzas policiales y también de las fuerzas militares en el caso del estado de excepción constitucional, tiene que ser fortalecido y equipado. Mi visita a Los Álamos tiene que ver con una línea de esa estrategia de control territorial, para que se ejerza con equipamiento blindado, con tener puntos de control para hacer patrullajes, para poder cumplir con medidas cautelares y con medidas de protección. Eso lo hicimos al inicio del año 2022 a través de los vehículos mowad. Después avanzamos con camionetas blindadas. Y hoy vinimos a avanzar en una tercera fase que tiene que ver con recambios de equipamiento y con respuesta de traslado de tropas de fuerzas de tarea. Hay una gestión de 10 vehículos, seis de ellos blindados, Bastiones, para tener mayor capacidad de respuesta o reacción frente a hechos de violencia.

P. Si para tener seguridad hay que tener control territorial, ¿se perdió el control de esa zona?

R. Obviamente que el carácter del asesinato [de los carabineros ] cambia la condición, pero la provincia de Arauco era el territorio donde más habían bajado los hechos de violencia. Una de las razones era la alta eficacia en identificar y detener a quienes conforman estas estructuras criminales, y la otra es porque hay bases militares donde antes no había: en Los Álamos, en Contulmo y en Tirúa. Y vehículos blindados que antes no estaban. También hay trabajo coordinado entre la Armada y Carabineros. Por lo tanto, la provincia de Arauco claramente tiene una mayor presencia y mayor control territorial que del que tenía en 2022. Y si uno va a La Araucanía hay una base militar en Capitán Pastene, otra en Lumaco, en Curacautín, en Traiguén. Y un trabajo conjunto entre el Ejército y Carabineros. Si tú me preguntas, sí, hay mayor control territorial hoy.

P. La pregunta es si en algún momento se perdió el control territorial.

R. Cuando el Gobierno llegó nuestro diagnóstico fue que el Estado tenía escasas capacidades. Y eso motiva, por ejemplo, que lo primero que hacemos, al hablar con los fiscales, fue fortalecer sus capacidades y destinar recursos para contratar profesionales adicionales para el trabajo de las fiscalías de La Araucanía y el BioBío. También se destinan a la Policía de Investigaciones equipos especiales y tecnologías para avanzar en las investigaciones a organizaciones que estaban detrás de los hechos de violencia. Y el despliegue del control territorial se empieza a dotar desde el año 2022 con equipamiento blindado tanto a las policías como a las Fuerzas Armadas para los patrullajes. Esas estrategias dieron resultados. Si uno mira las cifras, son muy contundentes. Hasta 2021 los hechos de violencia solo subían año a año, y desde 2022 a la fecha solo bajan. Tenemos 50% menos de hechos de violencia que en 2021. Y este año llevamos 28% menos que el mismo período de 2023. Tenemos una gran cantidad de condenas. Pero, claramente, todavía existen organizaciones que están operando y, por lo tanto, el trabajo tiene que seguir.

P. Cuando se le escucha a hablar de vehículos blindados tipo mowad, y de carabineros acompañados por las Fuerzas Armadas para poder patrullar, a la distancia parece que hubiese una guerra. ¿Encuentra normal que en Chile la policía deban trabajar en una zona apoyada por militares? ¿Cómo se llegó a esto?

R. Es bien impactante cuando uno llega a este punto. A nadie le gustaría que hubiera estado de excepción ni que carabineros tuviera que usar vehículos blindados para entrar a un territorio del país, o que tuviera que entrar con las Fuerzas Armadas, pero veamos el contexto latinoamericano y mundial. La propia Interpol dijo este año que la principal amenaza que viven los estados es el crimen organizado, y alertó de una pandemia de crimen organizado. Entonces, las sociedades se están enfrentando a organizaciones criminales violentas. En América Latina, donde solo somos el 8% de la población del mundo, se concentra cerca del 40% de los homicidios del mundo. Y los estados tienen la obligación de hacer uso legítimo de la fuerza para resguardar a sus ciudadanos. Por lo tanto, ante amenazas de esta naturaleza, se tienen que dar todas las capacidades estratégicas. Por eso es que estamos impulsando la modificación a la ley del sistema de inteligencia y una ley de inteligencia financiera, y tramitando la creación de un Ministerio de Seguridad y el fortalecimiento del Ministerio Público. Es decir, el esfuerzo del Gobierno es el de un Estado con capacidad estratégica para anticiparse, pero también para controlar y responder a una amenaza que está presente en el sur y, con otras características, también en el norte y en grandes zonas urbanas, como la región Metropolitana. Son organizaciones que hoy hacen uso de una violencia que no conocíamos.

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