El rotundo fracaso policial y político para controlar la violencia en el fútbol chileno

“El memorial fue vandalizado”. La enfática declaración de Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Memorial Estadio Nacional, que vela por el cuidado del sitio que recuerda a los fallecidos, desaparecidos y detenidos durante la dictadura militar, cuando este lugar fue centro de reclusión y tortura, puso punto final a una polémica sin sentido.

La Garra Blanca, la facción más violenta de hinchas de Colo Colo, provocó desmanes en la final de la Supercopa ante Huachipato. Quemaron más de 200 butacas del recinto, prendieron fogatas sobre el nuevo recortán, agredieron a los guardias y vandalizaron el memorial, aunque a través de redes sociales y de una declaración, sus líderes trataron de minimizar los daños. Los tablones originales arrancados de cuajo para encender fuegos y los testimonios recogidos, además del informe de la Corporación, dejaron en claro los efectos de la irracional violencia, que obligó a suspender el partido en el minuto 78, cuando Colo Colo ganaba 2 a 0 a Huachipato.

La disputa no es gratuita. Los violentistas culpan de los incidentes a Carabineros y la Asociación Nacional de Fútbol, que organizaba el espectáculo. Los cantos contra el minuto de silencio solicitado en memoria del fallecido expresidente Sebastián Piñera –que en el pasado fue uno de los accionistas mayoritarios de la institución– y la decisión de la fuerza pública de retirar un lienzo alusivo al exmandatario, fueron los detonantes de la violenta reacción, según la barra. Lo que no se condice con la virulencia con que un puñado de encapuchados arremetieron contra los añosos e históricos tablones que recuerdan la historia más oscura del coliseo.

Los argumentos para explicar la motivación de la Garra Blanca fueron expuestos por varios de los jugadores y algunos dirigentes del club, que actuaron como voceros y que instalaron nuevamente la idea de que los violentistas actúan al amparo y con el protección de la institución. Ya en las últimas semanas grupos organizados que viajaron a Montevideo y Viña del Mar trataron de suspender la realización de los partidos amistosos que disputó la escuadra ahora dirigida por Jorge Almirón. La intencionalidad es preocupante por dos razones: Colo Colo jugará Copa Libertadores y el año pasado ya fue sancionado por graves desórdenes en el Estadio Monumental en su partido frente a River Plate. Y las recaudaciones son necesarias para solventar el gasto que significó la contratación de Arturo Vidal, por lo que sanciones que limiten su aforo serán un duro golpe para la tesorería.

Fue precisamente Vidal uno de los más críticos en la suspensión del encuentro, diciendo que “en otras partes se matan en las tribunas y se juega igual. No era tan grave la cosa”. En rigor, no existe una normativa clara para suspender los partidos en Chile, donde el control de la organización del espectáculo depende fuertemente de Carabineros y de la autoridad política a través de las delegaciones presidenciales, que evalúan los dispositivos de seguridad y actúan cuando estos fracasan. El día de la final de la Supercopa, el contingente policial era escaso pues el grueso de la dotación fue destinado al control ciudadano en Viña del Mar, ciudad azotada por un feroz incendio.

Lo único claro e indesmentible es el fracaso del Plan Estadio Seguro, implementado el año 2012 para coordinar esfuerzos policiales, políticos, judiciales y administrativos y que, como cruel paradoja, sólo ha visto cómo los recintos deportivos que albergan al fútbol son, cada vez, más inseguros.

Sin capacidad para contener los desmanes y con carencia absoluta de planes de inteligencia para prever estallidos, el organismo se ha transformado en una triste oficina que tramita permisos sobre la base de la reducción de los aforos, en una simplificación del problema que resulta francamente irritante con el paso del tiempo.

Con la amenaza de la huelga siempre latente sobre el campeonato, las llamas del Superclásico tuvieron un efecto secundario: la primera fecha del torneo se jugará –si se juega-– con dos partidos postergados ante falta de contingente policial, lo que acrecienta la dependencia de la industria de Carabineros, una entidad que parece estar hastiada de este tipo de hechos, que distraen esfuerzos y personal. Y que ponen, otra vez, al fútbol chileno en una encrucijada letal: ya no hay estadios seguros. El Gobierno dice que “a partir de ahora habrá un antes y un después”, pero ya nadie parece creerles.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.