El anteproyecto cambiará y... ¿qué hará el progresismo?

Todas las señales de las primeras semanas del trabajo del Consejo Constitucional indican que el anteproyecto propuesto por la Comisión Experta sufrirá modificaciones no menores. Es muy probable que se incorporará la libertad de elección del régimen de salud, se establecerá la heredabilidad y propiedad individual de los...

Todas las señales de las primeras semanas del trabajo del Consejo Constitucional indican que el anteproyecto propuesto por la Comisión Experta sufrirá modificaciones no menores. Es muy probable que se incorporará la libertad de elección del régimen de salud, se establecerá la heredabilidad y propiedad individual de los fondos de pensiones, se reforzará la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos sin interferencia del Estado, se debilitarán los derechos de los trabajadores, se limitará significativamente la paridad. Pese a que todos los sectores políticos han valorado transversalmente el anteproyecto, es altamente probable que sufra modificaciones que favorecerán las posturas de la derecha.

Lo anterior es esperable y no debiese llamarnos a sorpresa. La presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, del Partido Republicano, lo indicaba en la sesión inaugural con meridiana claridad: “(El anteproyecto) no es un punto final, sino que todo lo contrario. Es un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro”. El consejero Germán Becker (de RN, de la derecha tradicional) sostuvo respecto de la libre elección en el sistema de salud: “Buscaremos reponerlo y convencer de que es lo mejor”. Y respecto de la heredabilidad y propiedad personal de los fondos previsionales, indicó: “Es muy importante para nosotros y podría estar dentro de los casi intransables”. El consejero señaló que, además, deberá modificarse el sistema electoral para reducir el número de asientos por distritos.

Las consejeras Cecilia Medina y Claudia Mac Lean (ambas republicanas) planteaban inquietudes respecto de la politización que se podría producir con el derecho a huelga o respecto de sectores críticos de la economía que podrían verse afectados con ese derecho. La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) planteó que la subsidiariedad debiese explicitarse en el texto constitucional.

En tanto, el propio expresidente Sebastián Piñera planteó que el anteproyecto requería ser revisado. Sostuvo que se necesitaba restablecer la figura del control preventivo del Tribunal Constitucional, fortalecer la libertad de elección y las capacidades del Estado en seguridad y robustecer lo relativo a responsabilidad fiscal y macroeconómica.

No cabe duda que el debate sobre los derechos sociales será lo más significativo. Lo fue en la Comisión Experta y volverá a serlo en el Consejo Constitucional. Aquí—aunque se diga lo contrario— lo que está en juego es el modelo actual de Isapres y de AFPs [el sistema privado de salud y el de pensiones, respectivamente]. Si por ejemplo se asegurara a nivel constitucional la libertad de elección de cotizaciones en salud (es decir, que los y las trabajadoras puedan elegir el destino de sus cotizaciones), entonces se constitucionalizaría la estructura vigente, dificultando el debate legislativo futuro respecto al establecimiento de un fondo solidario de salud basado en parte de las cotizaciones de quienes tienen la opción de pagar por un seguro privado.

La pregunta siguiente es cuán dispuesto estará el progresismo de apoyar un texto que irá modificándose en los próximos meses. El presidente Gabriel Boric fijó un estándar al apoyar el anteproyecto e indicar: “Yo, hoy, la aprobaría”. Entonces, ¿qué pasará mañana cuando el Consejo Constitucional por mayoría de sus integrantes vaya incorporando modificaciones que respondan a sus intereses? ¿Cuáles serán las líneas rojas, los aspectos que irán haciendo menos aceptable el texto para las fuerzas del progresismo?

¿Qué sucedería, por ejemplo, si a inicios del mes de octubre el pleno del Consejo Constitucional le presenta un texto modificado a la Comisión Experta donde se incluya la libertad de elección de cotizaciones en salud, que se incorpore la posibilidad de libertad de elección en materia de pensiones, que se limiten las normas de paridad, que se restrinjan los derechos de los trabajadores en materia de huelga o que se reincorpore el derecho de los que están por nacer, tal cual figura hoy en el texto constitucional?

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fijó una postura en su discurso ante el Comité Central de su partido. Indicó que en el proceso constituyente en curso propiciaría el diálogo y el encuentro. Pero al mismo tiempo, señaló: “Esto tiene límites: no aceptaremos que la Constitución propuesta perpetúe la desigualdad, bajo el modelo de Estado subsidiario o disfrazándola de libertades”. Agregó: “No dejaremos que nos convenzan de que la libertad de elección del sistema de salud es un derecho constitucional; la libertad de elegir es importante, sin duda, y para eso está la ley, ahí debe consagrarse. Y ojalá todos tuvieran la posibilidad de ejercer esa libertad de elección; pero sabemos que millones de chilenos no pueden optar. Para ellos no hay libertad, solo existe el sistema público. Y es deber de los socialistas que ese sistema sea un verdadero derecho que esté garantizado”.

Vodanovic planteó otro mínimo: “No dejaremos que nos impongan en la Constitución el régimen de AFP, no solo porque es un sistema fracaso, sino porque las y los socialistas hemos luchado y seguiremos luchando por un régimen de seguridad social”. Sostuvo que su partido lucharía por alcanzar acuerdos razonables.

La fijación de mínimos democráticos será fundamental a la hora de tomar una decisión a favor o en contra del texto que emitirá el Consejo Constitucional. Para el progresismo se trata de una decisión muy compleja, pues enfrentará la paradójica situación de tener que decidir entre la Constitución vigente (la de 1980 con modificaciones) y un texto propuesto por una mayoría de derecha en el Consejo Constitucional. Así las cosas, la primera pregunta se refiere a identificar los mínimos tolerables para aceptar una nueva Constitución. Según las declaraciones de la presidenta socialista, al parecer tales mínimos se refieren no aceptar la constitucionalización de un modelo privatizador de los derechos sociales y que tienen su expresión máxima en las AFP y el sistema de Isapres.

El debate constitucional será crucial en una doble perspectiva. Por una parte, en el texto constitucional muy probablemente se plasmará un modelo de sociedad. Está por verse cuánto de la Constitución vigente quedará reflejado en la nueva propuesta, pero las primeras señales de lo debatido en el propio Consejo advierten que es altamente probable que se constitucionalice el modelo privado de salud y de pensiones hoy vigente. Si en diciembre la derecha logra movilizar a un significativo segmento del electorado para votar a favor, estaría resolviendo el problema constitucional y validando un determinado modelo de sociedad. De ahí que los partidos de derecha tengan muy pocos incentivos de resolver en los próximos meses la reforma a la salud y de pensiones. Para ellos será mejor esperar el veredicto ciudadano de diciembre.

Por otra parte, el resultado del plebiscito tendrá, sin duda, alguna una lectura con miras a las elecciones futuras municipales y presidenciales. Si la derecha triunfa en el plebiscito, quedará en una posición expectante respecto de las elecciones que se avecinan y aquello está muy presente en el cálculo de los partidos.

Así es las cosas, el progresismo deberá clarificar cuáles serán sus líneas rojas en este acelerado proceso constituyente. Pero, además, deberá decidir las estrategias para enfrentar un escenario donde cualquiera de los dos resultados (Constitución vigente versus Constitución del Consejo) será sub-óptimo para dicho sector. Lo anterior implica un alto nivel de coordinación, unidad de propósito y muchísima sintonía fina entre las preocupaciones de las grandes mayorías y las prioridades de los partidos. ¿Podrá entonces el progresismo articular una respuesta relativamente coherente a este complejo dilema político que enfrenta y que tendrá profundas consecuencias para el futuro del país?

Las dificultades en la coalición de Gobierno y la perplejidad y fragmentación reinantes en los partidos que la componen no ayudan a desarrollar un discurso del todo coherente en el progresismo. En este sentido, las palabras de la presidenta del Partido Socialista advierten de un primer paso evidente al invitar a definir cuáles serán los mínimos aceptables en un texto que ya está siendo escrito; y está siendo escrito por otros.