Boric emprende el cuarto intento del Estado chileno para una salida política al conflicto en la zona mapuche

El presidente chileno de izquierdas, Gabriel Boric, ha escogido este 21 de junio, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, para que arranque el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Es una instancia que tendrá una integración política transversal -sus miembros serán anunciados este miércoles- y que busca generar un diálogo, pero sobre todo una salida política, al conflicto en la zona mapuche que se ha intensificado y complejizado desde 1997. El enfoque está puesto en un asunto que ha sido de una tensión permanente: la restitución de tierras, una demanda histórica del mayor pueblo originario de Chile.

El Ejecutivo ha escogido Santiago, la capital, y no las regiones en el sur del país que abarcará la Comisión –Biobío, Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos– para presentar al grupo de comisionados. Lo ha hecho como una señal política de que no se trata de un tema que solo atañe a quienes viven esos territorios, donde hay constantes ataques de grupos radicales armados en conflicto por las tierras, sino que es un asunto de interés nacional. Lo que sucede en esta zona del país ha sido catalogado como uno de los problemas de mayor importancia que tiene actualmente el país sudamericano.

La Araucanía es una de las zonas más pobres de Chile. Pero también, junto a las otras tres regiones que conforman la llamada macrozona sur, es foco de violencia rural. Grupos armados cometen atentados, como incendios y tomas de predios, quema de escuelas e iglesias, robo de madera, narcotráfico, y enfrentamientos con la policía y civiles. Gran parte de esos territorios se encuentran bajo estado de excepción constitucional, es decir, con presencia militar, desde el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional. Era una medida que, cuando Boric era diputado, él y su sector rechazaban. Sin embargo, ante el alza de la violencia, que ha recrudecido en la víspera de la presentación de la Comisión para la Paz, el oficialismo ha ido renovando la determinación.

La semana pasada, el 16 de junio, el mandatario visitó por tercera vez La Araucanía, donde fue a inaugurar la conexión ferroviaria Temuco-Pitrufquén. Un día antes, una capilla fue incendiada y en el lugar fue encontrado un lienzo, que es algo común después de los atentados. Boric, quien con el tiempo ha ido endureciendo su discurso, vinculó los mensajes con amenazas hacia él. “No me van a intimidar”. “Ustedes son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida y castigada por el Estado como corresponde”, dijo el mandatario, que distingue la violencia de las “legítimas” demandas del pueblo mapuche.

En mayo de 2022, el Gobierno presentó el Plan Buen Vivir, que consiste en una serie de medidas para mantener el diálogo con los pueblos indígenas, la puesta en marcha de parlamentos territoriales y la restitución de tierras a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), cuya creación anunció en noviembre de 2022. Es una estrategia que hoy está a cargo del sicólogo Víctor Ramos, que también lidera la implementación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y que presentó la primera ministra del Interior de Boric, Izkia Siches. Parte de la generación política del presidente, apenas cuatro días después de que asumiera el Gobierno, Siches hizo su primera visita a La Araucanía, y fue recibida con un atentado: cortes de ruta, barricadas y mensajes de amedrentamiento.

Lagos, Bachelet y Piñera

Un observador del proceso que se inicia este miércoles es el historiador mapuche Fernando Pairicán, que dice a EL PAÍS que uno de los aspectos más novedosos de la propuesta del Gobierno de Boric es la que se refiere a “la restitución de tierras”. “Plantea que no van a ser todas, pero por lo menos busca un avance mayor en el tema más complejo en La Araucanía, que es la tierra, que ha sido, lejos, desde la década de los sesenta, lo que ha levantado vientos conservadores y también más radicales en el mundo indígena”.

La Comisión que presentará Boric es el cuarto intento del Estado chileno desde el retorno a la democracia en 1990 por abrir un diálogo político con los pueblos indígenas. Pero, en el caso del proyecto del Gobierno actual, es el primero que está enfocado solo en el pueblo mapuche. En su Cuenta Pública del 1º de junio, el mandatario dijo que la Comisión “va a catastrar las tierras ancestrales reclamadas por comunidades mapuches, además de los títulos de merced y propondrá al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica, abordando la raíz del conflicto e identificando, a la vez, qué tierras no pueden ser devueltas”.

Una vez que exista este catastro, que se hará a través de la recopilación de información que realice la Comisión con cientos de comunidades mapuche respecto de qué tierras son las que demandan, recién se podrá determinar cuáles se pueden restituir y cuáles no. “Hoy hay tierras en donde están construidas ciudades, esas ciudades se van a mantener”, dijo Boric ante la expectación y tensión que existe en el país respecto de los alcances que pueda tener la instancia. Y recordó que lo que se pretende, al final del trabajo, es “ofrecerle al pueblo chileno y al pueblo mapuche una reconciliación y un reencuentro”.

En enero de 2001, el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, con 25 integrantes y que fue encabezada por un exmandatario chileno, el democristiano Patricio Aylwin (1990-1994). Tenía representantes de los todos pueblos indígenas de Chile, además de miembros de las iglesias Católica y Evangélica, gremios empresariales y académicos. Después de dos años, entregó un informe en el que realizó una serie de recomendaciones y propuestas para una política estatal para un nuevo trato del Estado con los pueblos originarios.

En 2016, en su segundo Gobierno, la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) impulsó la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, que lideró el entonces obispo de Temuco, Héctor Vargas. Entre sus varias recomendaciones, propuso el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su representación política en el Congreso, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, una la Ley Araucanía, además de un nuevo reglamento para la compra de tierras.

El expresidente Sebastián Piñera, de la derecha tradicional, en 2018 presentó el Plan Araucanía, que lideró quien fue su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y que tenía como ejes “voluntad de diálogo, búsqueda de acuerdos y paz; reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y avanzar hacia el desarrollo integral e inclusivo para la región”. Fue una iniciativa que tuvo varios avances, según se reconoció desde los diferentes sectores políticos. El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por parte de la policía, el 14 de noviembre de 2018, sin embargo, acabó con los diálogos.

Cinco años después, Boric arranca un nuevo intento de diálogo con el pueblo mapuche, a menos de un año que Chile rechazara una propuesta de nueva Constitución que fue redactada por 17 miembros de los pueblos indígenas y que contenía avances significativos para ellos. El nuevo proceso no partirá de cero, pues tomará varias de las experiencias de los gobiernos anteriores. Incluso, Moreno podría ser uno de los integrantes de la Comisión que se presentará en el Palacio de La Moneda.