La oposición al presidente Boric busca botar a su ministro de Educación por la crisis educativa
En cuatro de los siete capítulos de la acusación constitucional, que persigue la destitución, hay referencias a las políticas de género o educación sexual
La oposición al presidente Gabriel Boric ha presentado este lunes en el Congreso una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que busca la destitución del secretario de Estado. Los 11 parlamentarios firmantes acusan al líder de la cartera de infringir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos e incumplimiento de sus responsabilidades para hacer frente a la “profunda crisis educativa”. En cuatro de los siete capítulos de la acusación hay referencias a las políticas de género o educación sexual. El uso de la herramienta fiscalizadora llega días después de que se conociera que menos de un 20% de los alumnos de II medio (16 años) y de cuatro básico (nueve años) tiene los conocimientos “adecuados” en matemáticas, según el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de 2022, la cifra más baja de la última década.
La cuarta acusación constitucional que presenta la oposición a algún miembro actual o antiguo de Boric provino de las diputadas conservadoras del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, a raíz de una actualización del documento Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes de la diversidad sexual y de género, elaborada en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). Las orientaciones buscan prevenir la discriminación, “promueven y destacan” el trabajo entre las familias y las escuelas para el desarrollo integral de los menores y reconocen “el derecho de los padres, madres y progenitores como educadores y a la escuela como agente de socialización”, según el Ministerio de Educación.
La diputada Muñoz criticó que se hayan creado “instrumentos que tienen una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías”. “Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”, aseguró. Los parlamentarios del partido de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente afirmaron que el ministro Ávila “está poniendo su inclinación sexual” en la agenda del ministerio. La frase sacó ronchas en los colectivos de la comunidad LGBTIQ y el oficialismo. El propio Boric calificó de inaceptable que un ministro tenga que dar “explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual”.
Diputados de las bancadas de derecha de Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano se sumaron a la acusación, pero incluyendo otros temas, como el retraso en la entrega de los resultados de la prueba Simce, el ausentismo y la deserción escolar (más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre 2021 y 2022), problemas en la infraestructura y deterioro de la calidad educacional. También el incumplimiento del papel de supervisión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por supuestas irregularidades detectadas en los fondos para los programas de Alimentación Escolar y de Alimentación Parvularia.
La acusación se compone de siete capítulos en total sobre los que tendrá que responder Ávila, un récord para un ministro de Educación. “Nosotros creemos que evidentemente en Chile tiene que haber educación sexual, pero es distinto cuando el ministro Ávila da cuenta de su énfasis: alfabetización en sexualidad, lo que consiste en avanzar en una mirada determinada, en una materia en queremos que haya diversidad de miradas”, sostuvo esta tarde el diputado de Renovación Nacional, Diego Shalper.
La oposición necesita que la mayoría de los diputados presentes en la Cámara de Diputados apruebe el libelo (78 si están todos presentes) para que pase al Senado. Si todas las bancadas de derecha e independientes conservadores votan a favor, suman 70. Evópoli, de la centroderecha, solo ha dicho que va a evaluarlo (tienen cuatro diputados). Otra interrogante apunta a lo que hará la Democracia Cristiana, partido de centroizquierda que no es parte del oficialismo. “Vamos a estudiar cada uno de los siete capítulos en profundidad. Si hay mérito, vamos a avanzar en la acusación”, advirtió este lunes Eric Aedo, el jefe de bancada de los cinco parlamentarios democristianos.
La comisión que revisará el documento con los siete capítulos está conformada por tres diputados oficialistas y dos de oposición, elegidos este lunes por sorteo. La acusación pilla en mal pie al ministro Ávila tras los preocupantes resultados del Simce, los primeros en conocerse tras el prolongado cierre de los colegios en Chile, una medida que empujó con fuerza parte de las que hoy son autoridades oficialistas y encabezan el Gobierno. De hecho, el ministro de Educación de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, también enfrentó una acusación constitucional por intentar abrir las escuelas tras los peores meses de la crisis de la covid-19.
La aprobación del ministro Ávila cayó 17 puntos en una semana, hasta el 39%, según la encuesta Cadem, situándolo como uno de los secretarios de Estado peor evaluados del Gobierno de Boric, que está en un 30% de acuerdo al mismo sondeo.
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