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Primer año de Gobierno de Boric
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Generación Boric

El reciente rechazo de los diputados al proyecto impositivo oficialista muestra que no hay atajos

El presidente Gabriel Boric y la portavoz de Gobierno Camila Vallejo
El presidente Gabriel Boric y la portavoz de Gobierno Camila Vallejo se saludan en el acto de nombramiento del Gabinete, en marzo de 2022, Santiago.JAVIER TORRES (AFP)

Con 37 años, Gabriel Boric es el ícono de la nueva generación de izquierdas que asumió el poder político en Chile hace justamente un año. ¿Cómo juzgar su gestión? Una posibilidad es comparar lo logrado con lo soñado antes de llegar a La Moneda; otra, ponderar las amenazas y tentaciones que ha evitado en tiempos singularmente borrascosos. Me quedo con lo segundo. Como el premier laborista Harold Wilson dijera a la reina en The Crown, la envergadura de un líder se mide en su capacidad de paliar más crisis que las que provoca.

Boric, y las fuerzas que lo catapultaron al poder, saltaron a la vida pública para subvertir el orden establecido. En lo económico, enterrar el modelo neoliberal y superar el extractivismo. En lo político, quebrar con los “30 años” que se abrieron tras el triunfo sobre Pinochet, y de paso con la elite política de centro-izquierda que los administró. En lo cultural, avanzar en la agenda liberal e identitaria del feminismo, de las diversidades sexogenéricas y de los pueblos originarios. En lo internacional, alejarse del globalismo capitalista, sumarse a la lucha contra el calentamiento global y acercarse a América Latina.

Antes de asumir ya era evidente que su agenda primigenia carecía de suficiente respaldo ciudadano y que el escenario era muy diferente al imaginado, lo que volvia inviable su guion original. De partida, la victoria de Boric sobre el ultraderechista Kast fue estrecha y no consiguió la mayoría en el Congreso. Los efectos de la pandemia, más la guerra en Ucrania, desataron el fantasma de la crisis económica. La radicalización de la delincuencia, la violencia asociada a la causa mapuche en el sur, así como la caótica entrada de migrantes por la frontera norte —fenómenos que en las postrimerías de la administración Piñera habían escapado de control—, habían hecho de la seguridad la primera prioridad de la población, muy por sobre las causas que alimentaron la revuelta popular de octubre de 2019.

En sus primeros meses, el nuevo gobierno convivió con una Convención elegida para escribir una nueva Constitución, proyecto al que lo unían robustos nexos programáticos y afectivos. En su forma y contenidos, ésta llevó la agenda liberal-progresista hasta el paroxismo, lo que suscitó una poderosa reacción conservadora. Prueba de ello fue el abrumador rechazo de su propuesta en el plebiscito de septiembre pasado. Con esto, a seis meses de asumir, el proyecto que llevó a Boric al poder estaba en jaque y se erguía la amenaza de una crisis de gobernanza.

La reacción del joven presidente fue insospechada. Asumió sin chistar la derrota en el referéndum, señalando que en una democracia el pueblo siempre tiene razón. Se declaró a favor de seguir con el proceso constitucional, dejando la definición de los mecanismos en manos de los partidos y el Congreso. Llamó a los equipos de gobierno a enfocarse en las demandas de la población, dando prioridad a la seguridad. E incorporó al corazón de La Moneda a figuras de la antigua Concertación, con Carolina Tohá como jefa de Gabinete. Así, en pocas horas, Boric reorientó la dirección de su administración y amplió su base de apoyo, sin que esto provocara fisuras en su coalición primitiva.

Desde entonces el gobierno ha asumido la nueva ruta sin complejos. Ante la violencia en el sur se ha desplegado a las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, se encarceló a los cabecillas de los grupos militares mapuches por orden de la Fiscalía, se han desbaratado bandas dedicadas al robo de madera y se ha dado inicio a un plan de diálogo y colaboración con las comunidades. En la frontera norte, con autorización del Congreso se ha dispuesto que los militares apoyen el control de la inmigración ilegal y el narcotráfico. Se ha buscado un acercamiento con la oposición en torno a un plan de modernización de la seguridad pública, el cual se desbarató por la decisión presidencial de indultar a doce condenados por los hechos de octubre 2019, cumpliendo un compromiso de campaña y respondiendo a una sentida demanda de sus partidarios más radicales. Con todo, el férreo y transversal apoyo a las policías se ha traducido en un leve retroceso de la delincuencia y del desorden público. Un elocuente indicador es la casi desaparición de las carpas que se habían tomado los espacios públicos de Santiago.

En el plano económico, la inflación comienza a ceder. Las cuentas fiscales son las mejores en doce años, en parte debido a la renta del litio, pero sobre todo al rigor impuesto por el poderoso ministro Marcel. Después de largas controversias, se firmó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico; lo mismo se hizo con la UE, lo que indica que Chile no abandonará su política de integración económica global. Se han buscado acercamientos hacia America Latina, pero sin plegarse a fórmulas proteccionistas y sin renunciar a una irrestricta defensa de los derechos humanos.

El proceso constitucional, en tanto, se ha encauzado de manera concordada por la totalidad de los partidos políticos, exceptuando a la extrema derecha. El fracaso de la Convención ha acotado las expectativas y aminorado las discrepancias. Si todo marcha como previsto, el ejercicio concluirá en diciembre próximo con un nuevo plebiscito de salida, y la nueva Constitución de Chile tendrá la firma del presidente Boric.

Al gobierno le queda este año para sacar sus dos reformas emblemáticas, la tributaria y la de pensiones. Sin mayoría en el Congreso, estará obligado a ceder y buscar el acuerdo con todo el arco político democrático, tal como se hizo con el proceso constituyente. El reciente rechazo de los diputados al proyecto impositivo oficialista muestra que no hay atajos.

En suma, la generación Boric ha tenido que abocarse a sostener y parchar un orden público que estaba a punto del colapso. Si tiene éxito, a medio siglo del golpe militar, y tal como lo hizo en 1990 cuando reconquistó su democracia, Chile habrá entrado a una nueva etapa de equilibrio. No es lo que soñaron, pero es lo que les tocó.

Eugenio Tironi es doctor en sociología y autor de La sociedad impaciente (Ariel, 2023).

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