El fiscal pide 18 años de cárcel para un ultra por planear matar a Pedro Sánchez
Manuel Murillo pidió entre sus contactos de WhatsApp "ayuda y organización" para perpetrar el magnicidio.
La Fiscalía de Barcelona pide 18 años y medio de cárcel para Manuel Murillo, el vecino Terrassa (Barcelona) de extrema derecha acusado de haber planeado matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
En su escrito de calificación remitido al juzgado, a Fiscalía acusa de los delitos de homicidio en grado de proposición, tenencia y depósito de armas y municiones prohibidas, así como explosivos, a Manuel Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona) y vinculado a entornos de extrema derecha.
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La Fiscalía de Barcelona pide 18 años y medio de cárcel para Manuel Murillo, el vecino Terrassa (Barcelona) de extrema derecha acusado de haber planeado matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en venganza por la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
En su escrito de calificación remitido al juzgado, a Fiscalía acusa de los delitos de homicidio en grado de proposición, tenencia y depósito de armas y municiones prohibidas, así como explosivos, a Manuel Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona) y vinculado a entornos de extrema derecha.
De hecho, el hombre, que llevaba tres décadas trabajando de vigilante de seguridad y tenía un arsenal de armas en su casa, fue detenido en noviembre de 2018, después de que lo denunciara ante los Mossos una dirigente local de Vox que formaba parte de los grupos de whatsapp donde el acusado anunció su intención de matar a Sànchez.
En su escrito, el ministerio público pide además que se aplique la agravante de discriminación ideológica al procesado, quien según la Fiscalía pidió entre sus contactos de whatsapp "ayuda y organización" para perpetrar el magnicidio.
El acusado, de 64 años, empezó entre julio de agosto de 2018 a difundir mensajes contra el Gobierno de España, en un grupo integrado por "personas afines a la ideología política nacionalista y conservadora", a la mayoría de las cuales no conocía personalmente, tras el anuncio de Pedro Sánchez de que se iban a exhumar los restos mortales del dictador.
Con el paso del tiempo, según el ministerio público, el acusado "alcanzó la convicción personal de la necesidad de planificar acciones tendentes a causar la muerte del presidente del Gobierno como forma de derrotar al gobierno socialista" y, para llevar a cabo sus propósitos, "solicitó de forma pública y privada ayuda".
"Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra ver por nuestro honor", "Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro", "A Sánchez hay que cazarlo como un ciervo" o "Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira" (a Sánchez) son algunos de los mensajes que Murillo compartió con su teléfono.
En septiembre de 2018, el procesado se puso en contacto con la dirigente de Vox que lo acabaría denunciando, ante la creencia de que "disponía de capacidad para proporcionar los medios y/o contactos" con los que atentar contra el presidente del Gobierno, aunque la formación de extrema derecha, según la Fiscalía, era "totalmente ajena" a sus planes.
"Yo lo hago. Necesito ayuda y tiene que ser de patriotas. Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras" y "Yo creo que sería lo más rápido para que hubiera elecciones y sacar a ese hijo de puta de en medio", escribió el procesado a la dirigente de Vox.
Días más tarde de esos mensajes, el 19 de septiembre de 2018, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Manuel Murillo cuando iba en su vehículo, donde le intervinieron una pistola, una carabina, un puñal, un punzón y varios útiles para la práctica de tiro.
En el interior de su vivienda familiar de Terrassa, así como en un habitáculo situado en el último piso que solo utilizaba el procesado, se encontraron numerosas armas y municiones, entre ellas varios revólveres, una escopeta, un fusil de asalto, una ballesta artesanal, recipientes con pólvora y un artefacto explosivo casero.
Por orden judicial, la policía catalana practicó un segundo registro en el domicilio del procesado, donde se intervinieron otros accesorios y herramientas para armas, así como munición diversa.
Murillo, que está en prisión preventiva desde su detención, disponía de licencias de armas largas, deportivas y de caza, además de campos y galerías de tiro.