Las presiones a la propietaria señalada por Podemos por subir el alquiler llegan al juzgado

Irene Montero, número dos de Unidas Podemos, mira a la cámara y, con rostro entre compungido e indignado, lanza un ruego: "Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos". En el vídeo, que difundió en Twitter el pasado mes de octubre, ...

Irene Montero, número dos de Unidas Podemos, mira a la cámara y, con rostro entre compungido e indignado, lanza un ruego: "Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos". En el vídeo, que difundió en Twitter el pasado mes de octubre, Montero exige a la mujer que rectifique y cancele la "subida abusiva" del alquiler (300 euros más) que impuso a los inquilinos en agosto de 2018. Argerich, funcionaria en la Diputación de Barcelona, responde a la diputada: dice que su intervención es "lamentable" y denuncia que está siendo víctima de "actuaciones de acoso y amenazas".

Cuando Montero se sumó a la campaña para señalar a Argerich, la mujer ya había presentado una denuncia penal que investiga una juez de Barcelona. La denuncia ha llevado este miércoles a declarar, como investigadas por un delito de coacciones, a cuatro personas: el matrimonio de inquilinos formado por Livia y Juan, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, y un responsable de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia, el barrio donde todavía reside la familia, sobre la que pende una segunda orden de desahucio –la primera fue frustrada por la protesta de un centenar de personas– el próximo 10 de diciembre.

La apertura de un proceso penal pone a prueba los límites de lo que es tolerable y de lo que no lo es en las protestas por el derecho a la vivienda. Livia y Juan contactaron con el Sindicato de Inquilinos, que trata de mediar a favor de los inquilinos ante los propietarios que decretan incrementos en el precio del alquiler. Las subidas de la renta mensual son cada vez más frecuentes en el mercado inmobiliario de ciudades como Barcelona. Por eso, por "querer abrir un proceso de negociación", es por lo que han declarado ante la juez, según lo interpreta Jaime Palomera a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

"Este tipo de denuncias buscan pararnos. Hay interés en que dejemos de negociar para que no echen a la gente de sus casas. Pero seguiremos haciéndolo. Si el Gobierno no regula los precios del alquiler y no evita las expulsiones, la ciudadanía debe plantarse y abrir negociaciones", explica Palomera. Según el portavoz, el caso de Livia y Juan ilustra a la perfección cómo el problema del alquiler no solo afecta a las personas más vulnerables, sino que alcanza a las clases medias.

La pareja –él trabaja como técnico sociosanitario y ella trabajó como teleoperadora– lleva 13 años viviendo en un piso en la Travessera de Gràcia de Barcelona. En todo este tiempo han pagado 1.000 euros de alquiler cada mes. En agosto de 2018 se les acabó el contrato. Argerich planteó una subida de 300 euros. Livia y Juan no lo aceptaron y, aunque la propietaria inició un proceso para expulsarles, han seguido pagando y permanecen en la casa. "Nosotros fuimos a negociar con la inmobiliaria y a exigir que se sentaran a hablar ante la angustia de la familia", afirma Palomera, que presume de haber logrado firmar "más de 1.000 contratos de alquiler a precio asequible y estable" en esas negociaciones. Palomera afirma que hay acuerdo en la mayoría de casos. Pero señala que una "minoría privilegiada", como Argerich, se resisten a hacerlo: "Han de entender que no pueden expulsar a la gente de su casa".

Campaña de acoso

Para la propietaria no puede hablarse en ningún caso de negociación, sino de una campaña de acoso y derribo en su contra que se ha prolongado durante un año y le ha provocado un severo estrés. Según su denuncia, ha tenido que coger la baja del trabajo por ansiedad. La denuncia recoge diversos episodios de presión ocurridos en los últimos meses: una protesta frente a la Diputación de Barcelona, donde tiene su oficina; llamadas telefónicas constantes para bloquear la centralita; lanzamiento de pasquines con sus datos personales e incluso la ocupación, en dos ocasiones, de la inmobiliaria que gestionaba el piso. Argerich, además, ha visto cómo su nombre se difundía públicamente en medios de comunicación y vídeos como los de Irene Montero.

En su declaración ante el juez, los investigados se han limitado a negar su participación en esos hechos. La magistrada no duda de la realidad de esos sucesos, pero deberá determinar si los hasta ahora investigados son o no sus responsables. Livia y Juan sí admitieron que participaron en los escraches en la inmobiliaria que gestionaba el piso. Uno de sus responsables ha declarado también este miércoles, como testigo. Y ha afirmado que se vio obligado a enviar, contra su voluntad, un correo electrónico en el que renunciaba a gestionar la vivienda al considerar abusivo el aumento del alquiler.

El caso de Argerich no parece de blanco o negro, sino que está plagado de matices. Según consta también en la denuncia, el piso en el que han vivido tiene una superficie de 140 metros cuadrados y cinco habitaciones. La mujer asegura que, aunque inicialmente la renta se fijó en 1.100 euros, accedió a rebajarla durante la crisis económica a los 1.000 euros, lo que considera una "ganga". Por ese precio podrán encontrar fácilmente "otra vivienda digna", afirma en Twitter, donde ha estado muy activa en las últimas semanas. El nuevo precio (1.300 euros) "está por debajo del precio máximo que se establece por el Ayuntamiento" de Barcelona. Según fuentes de la defensa, la mujer es propietaria de cinco viviendas que tiene alquiladas.

"Yo no soy un banco ni tengo una empresa, soy un particular que tengo que trabajar", añade la mujer, que pide hacer "políticas de vivienda con cara y ojos" en lugar de "quitarles las viviendas a quienes las tienen". La mujer pide que se ejecute el desahucio y denuncia que Livia y Juan están "de okupas sin contrato" en su piso de Travessera de Gràcia. "Quizás atacar a esta mujer es más fácil que a los fondos buitre", asegura su abogado, Jordi Ballester, que cree que el sindicato ha "instrumentalizado" a los inquilinos. El letrado cree que las coacciones están "acreditadas" y que el caso llegará a juicio. "Está muy bien querer negociar, pero si te ha dicho que no, has de respetar su decisión y su libertad individual".