De Lara acuerda mantener imputados a Besteiro, Orozco y personal del INE

Los viejos líderes socialistas de Lugo llegan en calidad de investigados al final de las pesquisas en torno a la construcción de las torres de O Garañón, cuyas obras paralizadas siguen dando sombra al parque Rosalía de Castro de Lugo. Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción 1 pero responsable de la investigación de este caso correspondiente al número 2 ha emitido hoy un auto en el que pone fin a sus indagaciones y ordena seguir por los trámites del procedimiento abreviado la causa, que enfila ya la apertura de juicio oral...

Los viejos líderes socialistas de Lugo llegan en calidad de investigados al final de las pesquisas en torno a la construcción de las torres de O Garañón, cuyas obras paralizadas siguen dando sombra al parque Rosalía de Castro de Lugo. Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción 1 pero responsable de la investigación de este caso correspondiente al número 2 ha emitido hoy un auto en el que pone fin a sus indagaciones y ordena seguir por los trámites del procedimiento abreviado la causa, que enfila ya la apertura de juicio oral.

La magistrada defiende en su último escrito que José Ramón Gómez Besteiro (anterior secretario general del PSdeG, exconcejal de Urbanismo y expresidente de la Diputación), y el exalcalde lucense José Clemente López Orozco deben seguir imputados en la causa relacionada con las presuntas irregularidades cometidas durante el desarrollo urbanístico de O Garañón. El sumario investiga supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y falsedad documental y tiene bajo el punto de mira, además de estos dos políticos, a responsables municipales de los departamentos de arquitectura, urbanismo y licencias, a promotores y a dos funcionarias del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la enrevesada operación de compraventa del Sanatorio Portela, un vetusto inmueble catalogado.

Una vez finalizada la instrucción, en un minucioso auto de más de 200 folios la magistrada mantiene que "por parte de diferentes empresarios y autoridades municipales y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Lugo y del Estado ha existido un plan organizado para, quebrantando la legalidad urbanística, tratar de beneficiar a determinados constructores y promotores". Todo esto, defiende, "en detrimento de la ciudadanía y de otros promotores a los que, intencionadamente, se les han ocasionado importantes perjuicios".

La juez considera que la causa contra Gómez Besteiro debe seguirse por tres delitos de cohecho, uno blanqueo de capitales y otro de negociación prohibida y abuso en la función pública. Además, insta a seguir adelante contra el jefe del servicio de Arquitectura del Ayuntamiento por cohecho, negociación prohibida y abuso en la función pública. A Orozco, y también a Besteiro, los considera asimismo "presuntos responsables" de "uno o varios delitos contra la ordenación del territorio" o bien de prevaricación y trafico de influencias y falsedad documental junto a otros seis investigados. A dos funcionarias del INE les achaca supuestos delitos de exacciones y fraudes ilegales, fraude en la contratación, alteración del precio de concursos públicos y malversación.

En el auto, tal y como informa el TSXG, la magistrada indica que la investigación se ha centrado en la ordenación de las torres de O Garañon y las cuestas del parque de Rosalía, situados en el ámbito de protección de dos BIC (Balneario y Termas Romanas); en el convenio urbanístico y en el estudio de detalle del solar donde se asienta el Sanatorio Portela; en el estudio de detalle del edificio número 9 de la calle García Portela; y en la denegación de la licencia del edificio del solar del número 17 de la misma calle. Durante la instrucción también ha examinado la operación de venta del sanatorio por parte de la constructora propietaria a una conocida empresa panadera, y un año después, en 2006, la entrega por parte de esta al Instituto Nacional de Estadística a cambio de más de 1,8 millones para la ubicación de sus oficinas.

Según destaca la juez, estas instalaciones no se llegaron a utilizar mientras que el INE continuó pagando un elevado alquiler en otro local de oficinas de Lugo. De Lara también llama la atención sobre el hecho de que en 2005, 13 días antes de formalizar la escritura pública de compraventa con la que se convirtió en propietaria, la panificadora dirigiese "una oferta de adquisición del sanatorio al INE por un precio de 2.764.665 euros".

La juez sostiene en la resolución que hay indicios de que Gómez Besteiro adquirió al socio de una constructora un bien inmueble en un edificio cuya licencia había concedido siendo concejal, "sin pagar parte de su precio ni las obras de reforma", destaca el Tribunal Superior. Además, añade este órgano judicial, la magistrada ha investigado la adquisición de un piso por parte del jefe del departamento de Arquitectura del Ayuntamiento.

Tras este auto de transformación en procedimiento abreviado, la fiscalía y los colectivos ciudadanos personados en las pesquisas sobre la presunta trama urbanística pueden formular en un plazo de 10 días escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. De Lara asumió como sustituta la investigación del caso después de que recayese por reparto sobre el juzgado número 2, cuya secretaria se consideró parte interesada como integrante de uno de los colectivos ciudadanos que denunciaron la operación de las torres. Este auto, en el que califica algunos de los hechos investigados de "pelotazo urbanístico", es el último dictado por la magistrada antes del pleno del Consejo General del Poder Judicial previsto para mañana en el que el gobierno de los jueces decidirá sobre el futuro de la instructora después de la propuesta de sanción de siete meses sin empleo y sueldo.

Si el Consejo acuerda apartar a De Lara por supuestos "retrasos injustificados" en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción, la juez también perderá su plaza en Lugo y todas las investigaciones en las que trabajó en la última década. Fue precisamente en medio de la causa sobre el Garañón cuando la magistrada denunció ante la Audiencia el correo que había recibido tiempo antes del abogado Cándido Conde-Pumpido (que más tarde representó a Besteiro), donde este le advertía de que era "mucho más peligroso investigar a un partido que a otro", le recomendaba "apartarse" y le auguraba "un infierno mediático y judicial" después de empezar a "recibir visitas de la inspección".