Colau expropia por primera vez el uso de un piso vacío de un banco

La concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, explica que el consistorio ha multado a una sociedad por no ofrecer alquiler social a una familia

La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín. En vídeo, declaraciones de Martín.Vídeo: Europa Press | europa press
Barcelona -

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expropiado por primera vez el uso de un piso vacío. La expropiación del uso, por un periodo de 10 años, está contemplada en la ley de catalana de emergencia de la vivienda de 4/2016, que establece la figura de la "expropiación forzosa del derecho del uso de la vivienda atend...

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El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expropiado por primera vez el uso de un piso vacío. La expropiación del uso, por un periodo de 10 años, está contemplada en la ley de catalana de emergencia de la vivienda de 4/2016, que establece la figura de la "expropiación forzosa del derecho del uso de la vivienda atendiendo al interés general". Esta ley de 2016 remite a la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 (del gobierno tripartito de la Generalitat), que detalla que un piso se considerará vacío, y por lo tanto con un uso "anómalo", si está en desuso durante más de dos años. Si la expropiación se ha realizado ahora es porque la ley estuvo suspendida por el Tribunal Constitucional tras un recurso del PP, una suspensión que fue levantada en marzo del año pasado.

El piso en cuestión está en el barrio del Besòs, uno de los de menor renta de la ciudad, pertenece al BBVA, ha explicado este viernes la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y se incorporará de forma inmediata al parque de viviendas de alquiler social. Martín ha explicado que el caso de esta vivienda vacía es uno de los 16 expedientes que tenía el Ayuntamiento abiertos antes de la suspensión y que recuperó al levantarse.

Fuentes del BBVA aseguran que “el piso no está vacío ni lo ha estado en los últimos dos años” y añaden que “actualmente está habitado por una familia vulnerable”. Las mismas fuentes no facilitan más detalles, ni si esta familia paga un alquiler u ocupa ilegalmente la vivienda. Y aseguran que esta vivienda estaba en la cartera que la entidad traspasó a Cerberus, que desde julio de 2018 estaba a disposición de las Administraciones para comprarla mediante tanteo y retracto y que, les consta, sin más detalle, que el Govern o el Consistorio "han dicho que se lo quieren quedar". El Ayuntamiento, por su parte, replica que el piso “estuvo dos años vacío”, sin precisar fechas.

Para dar con este piso concreto, en la calle de Palerm, el Consistorio consultó primero el Registro de Viviendas Vacías propiedad de grandes tenedores de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat. Un listado que tiene un millar de pisos en Barcelona y al que bancos, sociedades o la Sareb deben inscribir los pisos que tienen en desuso, para pagar el impuesto que les grava.

Tras constatar que estaba vacío, lo más complejo para la Administración municipal es demostrar que lleva dos años sin habitar. Por ello se consulta el padrón, se solicitan certificados a las compañías suministradoras de que no ha habido consumo de agua, luz o gas, se inspecciona el inmueble, etcétera, hasta que se determina que está en desuso. Tras constatarlo, el Consistorio ofreció al BBVA ceder el piso a la bolsa de alquiler público y la entidad lo rechazó, ha asegurado la concejal, acompañada por los responsables de los servicios jurídicos del área de Vivienda. El coste de la expropiación del uso por 10 años será de unos 10.000 euros, han explicado.

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Los servicios jurídicos han precisado también que la expropiación del uso está aprobada judicialmente y que la entidad ha presentado un recurso administrativo, pero que "no suspende el hecho expropiatorio".

Por otra parte, el Ayuntamiento ha multado, también por primera vez, a una sociedad (no ha informado del nombre) por no ofrecer alquiler social a una familia antes de desahuciarles. La multa es de 90.000 euros y ha sido posible también al levantarse la suspensión que pesaba sobre la ley 24/2015, conocida como de desahucios y pobreza energética, que fue aprobada tras tramitarse como Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

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