Okupas, mafias y políticos

Pasan unos minutos del mediodía del miércoles 5 de junio. Frente al número 18-20 de la calle Cáceres del badalonés barrio de Sant Roc se agrupan una veintena de personas. Todo está atado, pero ellas temen que la llegada de la comitiva judicial dé al traste con el acuerdo alcanzado. La familia formada por Tomás, Tanta, Vioral y Andrea y los dos hijos de estos últimos saben desde hace algo más de 24 horas que no va a haber desahucio. Son rumanos. Llegaron hace de 15 años a España. Su noche más triste y amarga la vivieron hace exactamente seis meses. De su piso de la calle Marqués de Mont-Roig 24...

Pasan unos minutos del mediodía del miércoles 5 de junio. Frente al número 18-20 de la calle Cáceres del badalonés barrio de Sant Roc se agrupan una veintena de personas. Todo está atado, pero ellas temen que la llegada de la comitiva judicial dé al traste con el acuerdo alcanzado. La familia formada por Tomás, Tanta, Vioral y Andrea y los dos hijos de estos últimos saben desde hace algo más de 24 horas que no va a haber desahucio. Son rumanos. Llegaron hace de 15 años a España. Su noche más triste y amarga la vivieron hace exactamente seis meses. De su piso de la calle Marqués de Mont-Roig 244 partieron las llamas que la pasada vigilia de Reyes acabaron con la vida de tres personas. Estigmatizados por el Ayuntamiento de Badalona, que los considera okupas que pinchan la luz y, además, acusados de homicidio involuntario por el incendio, la familia no ha recibido ningún tipo de ayuda. Solo ha habido declaraciones del alcalde de la ciudad, el socialista Álex Pastor, comprometiéndose a acabar con las ocupaciones ilegales y con aquellos que pinchan la luz para alimentar su plantación de marihuana. No es el caso de esta familia y lo saben. Pero el discurso de la criminalización de la pobreza que tantas tardes de gloria proporcionó al ex alcalde del PP Xavier García Albiol da votos y mantiene la llama de la xenofobia y del prejuicio estúpido.

El caso es que, con las puertas de la administración municipal cerradas, la familia rumana “alquiló” por 400 euros mensuales un piso en la calle de Cáceres que no era propiedad del presunto arrendador. Cuando las administraciones huyen, su espacio es ocupado por mafias que actúan como reguladoras de la presión social: facilitan pisos a precios asumibles, una función de la que no cumplen las instituciones públicas. Así consiguió el piso de la calle Cáceres la familia rumana. El arrendador real no reside ahí desde hace 11 años, y sobre la vivienda pesaba una amenaza de ejecución hipotecaria que el Banc Sabadell iba a hacer efectiva estos días. Gracias al trabajo de la plataforma Sant Roc Som Badalona, esa sociedad civil que pone entusiasmo, ganas y trabajo donde las instituciones solo saben meter jueces y policía, se ha abierto la negociación y la esperanza. El abogado de la propiedad y la procuradora han puesto su grano de arena humano para evitar que otra familia pase a engrosar la nómina de esas 14.000 que son desahuciadas en Cataluña anualmente. Ante estas situaciones cobran valor iniciativas como el Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda (SIPHO, son sus siglas en catalán) desarrollado por el gobierno de Ada Colau en Barcelona. Ese es un ejemplo de ciudades donde la administración no ha tirado la toalla en la lucha por amortiguar los efectos salvajes de la crisis. Tiene mérito con una Generalitat desaparecida, discípula del obispo Berkeley, y entregada a predicar que la realidad solo existe en la república. Todo queda, pues, al albur de los gobiernos locales. Pero ni todos los alcaldes son iguales ni tienen las mismas prioridades. El equipo de gobierno de Badalona, por ejemplo, además de su inacción expulsó hace meses a la plataforma Sant Roc Som Badalona de las dependencias municipales donde tenía su sede.

Hoy miércoles, la comitiva judicial como era previsible no ha aparecido. La concentración de apoyo a los inquilinos de la calle de Cáceres reúne a las dos mujeres de la familia rumana. Junto a ellas, las dos almas de la plataforma ciudadana —Carles y Enric— y mujeres magrebíes, de etnia gitana y latinas. Entre quienes expresan su solidaridad se encuentra Bahija, una marroquí que vivía en la misma finca siniestrada de la calle Marquès de Mont-Roig y cuyo marido, Yassine, salvó la vida de varios vecinos a riesgo de la suya propia por lo que recibió el reconocimiento del barrio de Sant Roc y cartas de felicitación del alcalde y del presidente de la Generalitat, que para eso sí que asomaron la nariz. Ahora Yassine, Bahija y su familia viven en Montigalà. Hasta el próximo otoño los pisos de Marquès de Mont-Roig no estarán de nuevo habitables.

Barcelona es un ejemplo de ciudad donde la administración no ha lanzado la toalla en la lucha para amortiguar los efectos salvajes de la crisis

Desde la fachada del cercano centro parroquial de Sant Roc, una frase de Bertolt Brecht empuja a los vecinos a continuar su carrera de fondo para ganar el pulso a especuladores, políticos incompetentes, fondos buitre y burocracia judicial: “Hay personas que luchan un día y son buenas. Otras luchan un año y son mejores. Pero las hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles”.