Más social, sostenible y turístico, pero con menos gaditanos

Una de las primeras revelaciones que José María González, Kichi, tuvo a los dos días de convertirse en alcalde de Cádiz es que su nuevo despacho decimonónico era más grande que su casa. “Es muy fuerte”, reconoció aquel 15 de junio de 2015 con su habitual desparpajo. En los meses sucesivos, los siguientes descubrimientos no fueron tan agradables. El regidor averiguó que convertir al Ayuntamiento en el “escudo para su gente”, su promesa principal en la investidura, no sería fácil con una deuda que entonces...

Una de las primeras revelaciones que José María González, Kichi, tuvo a los dos días de convertirse en alcalde de Cádiz es que su nuevo despacho decimonónico era más grande que su casa. “Es muy fuerte”, reconoció aquel 15 de junio de 2015 con su habitual desparpajo. En los meses sucesivos, los siguientes descubrimientos no fueron tan agradables. El regidor averiguó que convertir al Ayuntamiento en el “escudo para su gente”, su promesa principal en la investidura, no sería fácil con una deuda que entonces rondaba los 200 millones de euros.

Cuatro años han pasado desde que Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz -marcas locales de Podemos e IU- detuvieron el reloj municipal con una maquinaria acostumbrada a andar al tiempo de 20 años de gobierno del PP para reemprender su marcha con nuevos objetivos. Durante este mandato que está próximo a acabar la prioridad del Equipo de Gobierno ha sido reforzar la atención de los servicios sociales para los más necesitados y los intentos por mejorar el acceso a una vivienda digna en una ciudad que, año tras año, pierde población y aumenta en plazas turísticas.

El refuerzo en 40 trabajadores de la plantilla de Asuntos Sociales, la implantación de una nueva forma de atención para acabar con las listas de espera, el desarrollo del Bono Social Agua o la creación del programa de Alquiler Social son algunas de las medidas desarrolladas para desarrollar el nuevo modelo de ciudad que pretendía el nuevo Equipo de Gobierno. “Hemos reconocido derechos que antes se concedían por pura beneficiencia”, explica Ana Fernández, concejal responsable de servicios sociales.

El incremento del presupuesto de esta delegación ya ha hecho que Cádiz se haya convertido “en una de las 30 ciudades -de un total de de 404- que alcanza la excelencia en Asuntos Sociales”, como recuerda Fernández en referencia a un estudio elaborado por la asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de los presupuestos de 2017. En ellos, la ciudad invirtió 15,5 millones de euros en gasto social, unos 131,93 euros por habitante al año, según apuntaba el mismo informe.

Todo ello en una ciudad en la que esta delegación atiende unas 13 personas al día, frente a la media de tres personas diarias, según el plan estratégico hasta 2022 elaborado por esta concejalía. Pero estos avances no han estado exentos de sobresaltos. La falta de avance en políticas sociales ya provocó que ese 2017 la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) criticara con dureza los problemas que seguían experimentando los gaditanos en riesgo de exclusión social para acceder a ayudas.

“Se ha tardado demasiado en modificar la política de servicios sociales y los resultados no san tan visibles como debería (…). Ha habido avances muy interesantes, pero Cádiz necesita un cambio más profundo”, reconoce Diego Boza, profesor de Derecho y miembro de la APDHA. El activista comprende que la situación de una ciudad que ronda el 30% de paro y que se ve obligada a recurrir a la atención social “es muy grave”, pero también echa en falta una visión transversal de los problemas de la ciudad.

“Requerimos un cambio en el modelo de ciudad que permita la permanencia de los ciudadanos, que mejore las condiciones de vivienda y empleo”, añade Boza. El profesor se refiere a la constante pérdida de población de la ciudad (ha pasado de 123.948 habitantes a 118.919 en apenas cuatro años), provocada por la marcha de los jóvenes ante la falta de alternativas habitacionales adsequibles y empeorada por el fenómeno de la turistificación del casco histórico.

“El turismo debe ser rentable pero sin devorar el casco histórico, como está ocurriendo”, añade el arquitecto Julio Malo de Molina. En el Consistorio reconocen que esta suma de problemas no les es ajena. “El objetivo es que la vivienda sea un derecho digno y accesible y no objeto especulativo”, explica Fernández. De ahí que hayan apostado por nuevas promociones de viviendas que “han pasado de régimen de compra a alquiler social”, según añade la concejala. A eso se suma la tramitación de una nueva ordenanza que regulará los apartamentos turísticos. “Un turismo para trabajar y vivir, pero no para irnos”, remarca la edil.

Medidas como éstas son reconocidas por Julio Malo, pero con matices: “Este Ayuntamiento tiene mejor intención que el anterior que no tenía modelo de ciudad. Algo ha avanzado, pero no lo ha llevado del todo a la práctica”. Para el arquitecto, el Equipo de Gobierno debe ser “valiente” para avanzar en estas medidas y en otras que suscitan fuertes debates urbanísticos, como la peatonalización total del casco histórico que, hasta ahora, “ha sido testimonial”.

Con el objetivo de cambiar ese modelo de movilidad, el Ayuntamiento ya ha comenzado a construir -de la mano de la Junta de Andalucía- buena parte de los 21 kilómetros de carril bici previstos para la capital. De momento, el Carnaval de Cádiz que ahora celebra la ciudad ya ha dictado sentencia en ironizar con la pérdida de aparcamientos gratuitos que la medida ha traído pareja.