PSdeG y Ourense en Común cuestionan el pago del piso al fiscal jefe y BNG pide que se le “aparte”
PP y Democracia Ourensana evitan pronunciarse sobre el resistencia de Florentino Delgado a dejar la casa que le abonaba la Xunta
PSdeG y Ourense en Común han cuestionado este martes el pago por parte de la Administración autonómica del alquiler de piso al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso. El propietario de la vivienda le reclama al Gobierno gallego la devolución de la propiedad y el pago del alquiler desde el año 2016, cuando se resolvió dejar de abonar la cuantía.
El BNG ha avanzado que presentará en el Parlamento de Galicia iniciativas para "esclarecer" el caso y ha señalado que el fiscal jefe de Ourense "debe...
PSdeG y Ourense en Común han cuestionado este martes el pago por parte de la Administración autonómica del alquiler de piso al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso. El propietario de la vivienda le reclama al Gobierno gallego la devolución de la propiedad y el pago del alquiler desde el año 2016, cuando se resolvió dejar de abonar la cuantía.
El BNG ha avanzado que presentará en el Parlamento de Galicia iniciativas para "esclarecer" el caso y ha señalado que el fiscal jefe de Ourense "debe ser apartado de sus funciones inmediatamente". Además, califica "de máxima gravedad" la "existencia de este tipo de privilegios y vinculación entre justicia y gobierno", que "ahondan en la falta de credibilidad que tiene la independencia de la justicia en Ourense".
"Este hecho, sumado a las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía General del Estado contra Florentino Delgado para esclarecer una falta disciplinaria grave de abuso de autoridad, incapacitan de facto a esta persona para ejercer sus funciones y debe ser apartado de la justicia, pues no garantiza en absoluto su independencia ni la transparencia respeto de sus funciones", ha concretado.
Mientras, el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "son cosas que solo pasan en Ourense" y ha advertido que "es muy de preocupar la vinculación entre el poder político y el judicial", por lo que los miembros de la formación "no" pueden "parar" de preguntarse "por qué la Xunta se hizo cargo del pago de este inmueble".
Vázquez Mato ha destacado que "hay cosas alrededor" de esa "figura" que les llaman "mucho la atención" y ha puesto como ejemplo el caso del matadero municipal, "donde había unas claras desviaciones de caudales públicos" y "todas las personas" con las que contactaron "en el plano local y supramunicipal", incluso la Consellería de Sanidade, "no sabían explicar por qué existían esos desfalcos". "Presentamos directamente una denuncia en Fiscalía y este mismo fiscal, detectando indicios de irregularidades, no avanzó en su investigación. No quiero suponer ni proponer, pero en el momento político en el que vivimos, en el que la vinculación entre los poderes político y judicial está tan cuestionada, que se evidencie y materialice en este tema no contribuye más que a seguir deslegitimando la actividad pública y desacreditar las instituciones", ha lamentado.
Por su parte, el secretario provincial del PSdeG de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha explicado a Europa Press que desconoce si este privilegio le corresponde por ley al fiscal jefe de Ourense, pero ha asegurado que, desde el punto de vista de la "igualad con el resto de la ciudadanía", no es "legítimo". Ha destacado que no cree que "lo relevante" sea la vinculación del poder político con el judicial, sino "saber si esto es un privilegio personal o un privilegio de clase", ya que, "si es de clase, puede ser legalmente válido, pero no legítimo". "Es todo lo contrario a lo que debería ser en una sociedad democrática e igualitaria. Tienen más privilegios las personas que, de por sí, tienen más recursos económicos, más relevancia social y más poder", ha añadido Rodríguez Villarino.
El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha apuntado que desconoce si la Xunta tiene que pagar el piso del fiscal jefe o si se lo paga a más personas, ya que no tienen información judicial al respecto para emitir una valoración. Mientras, fuentes del Partido Popular a nivel provincial han preferido no hacer declaraciones al respecto porque es una cuestión "entre el fiscal y la Xunta de Galicia", que "va a dirimir la justicia".