La UDEF busca en la Diputación de Valencia correos de investigados en la operación Alquería

La causa que afecta a cargos socialistas y de Compromís sigue bajo secreto de sumario

Sede de la Diputación de Valencia.GOOGLE MAPS

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado este martes en la Diputación de Valencia, su empresa pública Divalterra, y el Ayuntamiento de Ontinyent para buscar correos electrónicos de investigados en la operación Alquería, en la que en junio fue detenido el entonces presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y otros cinco cargos públicos. La causa sigue bajo secreto de sumario.

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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han personado este martes en la Diputación de Valencia, su empresa pública Divalterra, y el Ayuntamiento de Ontinyent para buscar correos electrónicos de investigados en la operación Alquería, en la que en junio fue detenido el entonces presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y otros cinco cargos públicos. La causa sigue bajo secreto de sumario.

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La nueva diligencia no supone una ampliación de las pesquisas, según fuentes cercanas a las mismas, que siguen centradas en la investigación de siete contratos de alta dirección en Divalterra que la Fiscalía considera irregulares al haberse realizado a dedo y haberse repartido entre militantes del PSPV-PSOE y de Compromís, las fuerzas políticas que controlan la empresa pública.

Rodríguez, que sigue siendo alcalde de Ontinyent, y el resto de investigados defienden la legalidad de las contrataciones y el hecho de que se realizaran por libre designación. Y esgrimen la existencia de cuatro informes jurídicos que los avalaron, incluido uno elaborado por Carlos Alfonso, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Los imputados consideran que, en caso de haber cometido alguna infracción, habría sido en el terreno administrativo.

Fuentes próximas a los investigados han lamentado que, en Ontinyent, la policía solo ha solicitado las claves de acceso a los correos electrónicos que ella misma cambió al inicio de la operación. En la Diputación, por otra parte, han redirigido a los agentes a la Generalitat, ya que sus correos están alojados en los servidores que el Gobierno autonómico tiene en el complejo administrativo Nou d'Octubre.

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