“Los fondos buitre utilizan prácticas mafiosas”

Una inquilina narra el acoso al que es sometida por los fondos de inversión que compraron la vivienda pública

Un selfie de Midia Liliana García, en el ascensor del edificio del que su inquilino pretende desalojarla

El mundo se ha vuelto tan loco que los caseros ya no son los que persiguen a los inquilinos para cobrar. En una vuelta de tuerca insospechada, ahora son ellos los que se esconden del pagador. Midia Liliana García, una limpiadora de 53 años, divorciada y con tres hijos a su cargo, dejó hace cinco meses de recibir el pago del alquiler en el banco y fue ella solita la que tuvo que investigar hasta encontrar el número de cuenta del propietario. La señora tan solo quería pagar lo que le correspondía.

El piso en el que vive García -una mujer coqueta que comprueba con horror ante el espejo que...

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El mundo se ha vuelto tan loco que los caseros ya no son los que persiguen a los inquilinos para cobrar. En una vuelta de tuerca insospechada, ahora son ellos los que se esconden del pagador. Midia Liliana García, una limpiadora de 53 años, divorciada y con tres hijos a su cargo, dejó hace cinco meses de recibir el pago del alquiler en el banco y fue ella solita la que tuvo que investigar hasta encontrar el número de cuenta del propietario. La señora tan solo quería pagar lo que le correspondía.

El piso en el que vive García -una mujer coqueta que comprueba con horror ante el espejo que se le está cayendo el pelo por el estrés- está en el lote que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 a fondos buitre. Paga 280 euros al mes por una vivienda de 93 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas, muy poco a juicio de los nuevos inversores, que tratan de desalojarla a toda costa. Una de las tretas que utilizan es dificultar el pago para que, pasados los meses, puedan solicitar el desalojo por impago.

García se adelantó a la jugada. Desde entonces ha sido más escrupulosa que nunca con sus deberes financieros. Es más, paga más de lo que corresponde a cualquier inquilino de una vivienda. "Hago frente al IBI y a la comunidad de vecinos, aunque como arrendataria no me toca. No quiero darles ninguna excusa para que me echen a la calle", cuenta por teléfono.

La abogada Alejandra Jacinto considera que la venta de vivienda social a los fondos de inversión -en el caso de García a Goldman Sachs- desvirtúa por completo la función social de la vivienda pública, creada para socorrer a los jóvenes y a los más necesitados. "Básicamente someten al vecino a una especie de extorsión para echarlos de su casa. Los fondos buitre utilizan prácticas mafiosas", explica Jacinto, que trabaja en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa que defiende a inquilinos acosados por los fondos buitre.

Hace poco que García recibió una notificación de desalojo que ha impugnado en los tribunales. El 17 de enero se verá las caras en un juicio con el casero al que ella paga religiosamente todos los meses, aunque se esconda. "Comprobaré entonces si tienen alas estos buitres", dice sobre el ente abstracto que la quiere echar de su casa. El culpable de que se le esté cayendo el pelo.

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