La ANC reúne 2,1 millones para pagar la fianza a Puigdemont y otros 13 líderes del ‘procés’
"No dejaremos solas a las familias", dice la líder de la entidad secesionista
La presidenta de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), Elisenda Paluzie, ha asegurado que la entidad ya ha reunido los 2,1 millones de euros de fianza de responsabilidad civil que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había impuesto a Carles Puigdemont y los 13 miembros de su anterior Govern procesados por malversación....
La presidenta de la ANC (Assemblea Nacional Catalana), Elisenda Paluzie, ha asegurado que la entidad ya ha reunido los 2,1 millones de euros de fianza de responsabilidad civil que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había impuesto a Carles Puigdemont y los 13 miembros de su anterior Govern procesados por malversación. "Tenemos el dinero pero estamos gestionando cuestiones técnicas que son necesarias para pagar la fianza... pero ya lo tenemos y no dejaremos solas a las familia", ha dicho durante una entrevista emitida anoche en 8tv.
Paluzie ha afirmado que ya tienen el dinero en la caja y que "en principio" la entidad pagará esta fianza. "No dejaremos solas a las familias", ha insistido, quien ha explicado que aún deben cerrar algunas cuestiones técnicas para hacer el pago de la fianza.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus 13 exconsellers, todos ellos procesados por el delito de malversación de caudales públicos.
En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requirió a los 14 procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo y que el juez considera que se ha utilizado para organizar el referéndum del 1 de octubre.
La responsabilidad de los miembros del Govern en el delito de malversación se deriva, según el instructor, de que todos permitieron que sus departamentos sufragaran gastos relacionados con el referéndum ilegal, como la contratación para fabricar papeletas, el censo, citaciones de miembros de las mesas electorales, publicidad, equipamiento o viajes de observadores internacionales.