Juicio a seis grupos de vendedores de droga después de 12 años de instrucción

Entre los 14 acusados hay un policía que también alertaba a clubes de alterne de las redadas de la Brigada de en Extranjería

Agente de la policía nacional durante un control.toni ferragut

La fiscal Carmen Díaz ya reconoce en su escrito de acusación las dilaciones indebidas en la causa entre julio de 2011 y octubre de 2014, lo que se traduce en un factor atenuante para los procesados y la consiguiente rebaja de sus condenas que van desde un año a cinco años y medio de prisión. “La instrucción ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por causas imputables sólo la Administración de Justicia, ajenas a los acusados y en ningún caso necesarias para la instrucción de la causa, pese a su extraordinario volumen”, admite en su escrito de acusación.

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El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ventilará a partir de este martes una causa abierta en 2006 por el juzgado número 3 de Cambados tras sucesivas redadas de la Guardia Civil contra la venta de droga en el sur de la provincia cuya instrucción ha tardado 12 años en llegar a juicio. Los 14 acusados en esta causa integraban hasta seis grupos de vendedores de droga a pequeña escala, algunos con antecedentes penales por delitos contra la salud pública y politoxicómanos. Entre ellos figura un policía nacional que fue detenido en 2007 cuando el agente estaba destinado en la Comisaría de Pontevedra y al que la Fiscalía Antidroga le acusa de trapichear con droga y revelación de secretos, al alertar supuestamente a clubes de alterne de la zona de las redadas que iban a realizar sus compañeros de la Brigada de Extranjería.

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La fiscal Carmen Díaz ya reconoce en su escrito de acusación las dilaciones indebidas en la causa entre julio de 2011 y octubre de 2014, lo que se traduce en un factor atenuante para los procesados y la consiguiente rebaja de sus condenas que van desde un año a cinco años y medio de prisión. “La instrucción ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo por causas imputables sólo la Administración de Justicia, ajenas a los acusados y en ningún caso necesarias para la instrucción de la causa, pese a su extraordinario volumen”, admite en su escrito de acusación.

Explica la representante del Ministerio Público que la instrucción fue el resultado de la acumulación de cinco grupos o actividades de tráfico de drogas diferentes entre sí y sin ninguna vinculación o relación entre ellas, por lo que, el enorme retraso no se puede justificar “en la complejidad de cada una de ellas, aisladamente consideradas y representativas de un nivel de tráfico de drogas a pequeña y mediana escala”, según recoge en su informe la fiscal del caso.

Los grupos desmantelados fueron clasificados en la instrucción según la zona que tenían asignada para la venta de sustancias como cocaína, heroína y hachís. Así se identificaron dos en la ciudad de Pontevedra, otros tantos en O Grove, uno en Ribadumia y Meis, y otro en O Porriño.

En el caso del agente procesado, la fiscalía solicita una condena de tres años y medio de cárcel por el delito de tráfico de drogas, multa e inhabilitación de año y medio como policía nacional. En el relato de los hechos, la acusación señala que el agente, que contaba con 31 años de servicio cuando fue detenido en 2007, alternaba su actividad profesional con la distribución de cocaína a pequeña escala en los clubes de alterne de Pontevedra.

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A través de los pinchazos telefónicos acordados por el juzgado, el equipo antidroga de la Guardia Civil, Edoa, interceptó el supuesto encargo que realizó el agente a un traficante de hachís malagueño, también acusado, al que le propuso intercambiar esta droga a cambio de cocaína. También las intervenciones de su teléfono móvil constataron que el entonces policía “alertó a sus amigos y dueños de los clubes” de las redadas que iban a desarrollar sus compañeros de la comisaría a principios de marzo de 2007 para controlar a las empleadas de estos locales que estaban en situación irregular en España.

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