Archivada la causa contra un empresario afín a CDC por amaño de concursos públicos en Lloret
La Fiscalía Anticorrupción pidió exculpar a Gustavo Buesa, que declaró como testigo protegido en el 'caso 3%'
Un juez de Blanes (Girona) ha archivado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la causa que mantenía abierta contra el empresario Gustavo Buesa por el presunto amaño de concursos públicos de recogida de basuras en Lloret de Mar. Buesa fue detenido en la operación en julio de 2016. Se da la circunstancia de que, unos meses después, prestó declaración en el caso 3%. El empresario explicó entonces, también ante la Fiscalía Anticorrupción, que altos cargos de Convergència estaban involucr...
Un juez de Blanes (Girona) ha archivado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la causa que mantenía abierta contra el empresario Gustavo Buesa por el presunto amaño de concursos públicos de recogida de basuras en Lloret de Mar. Buesa fue detenido en la operación en julio de 2016. Se da la circunstancia de que, unos meses después, prestó declaración en el caso 3%. El empresario explicó entonces, también ante la Fiscalía Anticorrupción, que altos cargos de Convergència estaban involucrados en el cobro de comisiones ilegales a cambio de obra pública.
En el auto, al que ha accedido EL PAÍS, el juez recoge parte de los argumentos de la defensa de Buesa, que ejerce el penalista Carles Monguilod, y de la Fiscalía Anticorrupción. La querella inicial del ministerio público acusaba a Buesa de haber ejercido su influencia para conseguir contratos públicos para su empresa, GBI Serveis, e incluso de influir "en el nombramiento de ciertos cargos", recuerda el juez. Esas acusaciones se basaban en la afirmación de dos testigos. Sin embargo, los indicios se han "debilitado" por "los escasos frutos obtenidos por las diligencias practicadas" durante la investigación, explica.
En abril de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Lloret (gobernado entonces por el exalcalde Xavier Crespo, de Convergència) aprobó la concesión del servicio de basuras al grupo GBI. A un mes de las elecciones, el equipo de Gobierno tramitó de urgencia una ampliación de la prórroga del contrato por diez años, lo que supuso unos beneficios de 80 millones para GBI, según los cálculos iniciales de los investigadores. Los informes presentados por la defensa y, también, por la propia Fiscalía, acreditan ahora en cambio que esos contratos "se ajustan a las previsiones legales aplicables". El juez concluye que existen "irregularidades" administrativas, pero no penales.
Esos informes, junto a "las divergencias entre las declaraciones policiales y judiciales de los testigos", hace que los indicios sean "pobres" e impiden, en opinión del juez, seguir adelante con la causa. El archivo judicial afecta tanto a Buesa como al resto de personas que estaban siendo investigadas en la causa.
En una entrevista con EL PAÍS poco después de su detención, Buesa admitió que financió a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) con más de medio millón de euros, pero que lo hizo por "involucración ideológica y emocional". Más tarde, en el marco del caso 3% -una macrocausa, ahora en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el pago de comisiones por adjudicaciones públicas-, Buesa afirmó que mantuvo reuniones con Germà Gordó -que fue mano derecha de Artur Mas- para gestionar el pago de comisiones.