Sànchez se abre a volver a ser candidato a ‘president’
El diputado paraliza su renuncia al acta tras la resolución de la ONU sobre sus derechos políticos
Jordi Sànchez ha cambiado de opinión. El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado por su participación en el proceso independentista había anunciado que renunciaba a su acta de diputado en el Parlament tras la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejarle en libertad para ser investido 'president'. Sànchez, sin embargo, está dispuesto ahora a seguir siendo diputado. E incluso está abi...
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Jordi Sànchez ha cambiado de opinión. El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado por su participación en el proceso independentista había anunciado que renunciaba a su acta de diputado en el Parlament tras la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dejarle en libertad para ser investido 'president'. Sànchez, sin embargo, está dispuesto ahora a seguir siendo diputado. E incluso está abierto a volver a ser candidato, siempre y cuando lo decidan los grupos parlamentarios. Así se lo comunicó el sábado, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, a su abogado, Jordi Pina. "Si fuera la intención de los grupos, no tiene ningún inconveniente en optar a ser investido porque quiere servir al país", ha explicado en rueda de prensa Pina.
El cambio de criterio viene motivado por la reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que ha instado al Estado español a que se comprometa a garantizar los derechos políticos del excandidato a la investidura y expresidente de la ANC. Sànchez está en prisión desde hace más de cinco meses por un presunto delito de rebelión, entre otros. El comité de la ONU, con sede en Ginebra, insta a España “a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar" que Sànchez "puede ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Convenio”.
El comité hizo público un comunicado en el que advierte de que su decisión “no prejuzga la actuación del Gobierno ni del poder judicial” y que será “debidamente respondida” por el Ejecutivo en el plazo de seis meses. También recuerda que para admitir la queja de Sànchez solo ha tenido conocimiento de sus alegaciones y que no las ha contrastado con las del Gobierno español.