Los ‘disidentes’ de El Montecillo
Un fondo de inversión que compró viviendas protegidas en Las Rozas amenaza con desahuciar a 23 familias por no pagar el aumento del alquiler
La sombra del desahucio se ha instalado en El Montecillo. Esta urbanización de 400 viviendas en Las Rozas nació como promoción pública pero, en 2015, las compró Fidere, un fondo de inversión inmobiliaria. El periodo de protección concluyó en mayo del año pasado. Los inquilinos pudieron ejercer su derecho a compra, pero muchos desistieron porque el precio de las casas estaba “muy por encima de su valor”. El fondo les ofreció seguir en ellas firmando un nuevo contrato que aumentaba el alquiler mensual un 40% en tres años. Unos ...
La sombra del desahucio se ha instalado en El Montecillo. Esta urbanización de 400 viviendas en Las Rozas nació como promoción pública pero, en 2015, las compró Fidere, un fondo de inversión inmobiliaria. El periodo de protección concluyó en mayo del año pasado. Los inquilinos pudieron ejercer su derecho a compra, pero muchos desistieron porque el precio de las casas estaba “muy por encima de su valor”. El fondo les ofreció seguir en ellas firmando un nuevo contrato que aumentaba el alquiler mensual un 40% en tres años. Unos lo suscribieron, otros se marcharon y 23 familias decidieron continuar en las viviendas sin pagar ni un solo euro de más. Ahora corren el riesgo de ser desahuciadas.
La mayoría de esas familias han recibido ya la citación judicial que inicia la expulsión y los juicios se antojan inminentes. “Cuando llegamos en 2010 estas casas eran de protección oficial y consideramos que aún lo siguen siendo”, relata Luis Martínez de Eguilaz, uno de los afectados. Con el nuevo contrato, el alquiler de Martínez y los autodenominadas “disidentes”, que pagan unos 750 euros al mes, se vería incrementado en 100 euros cada año, hasta llegar a los 1.050 en 2020. El fondo de inversión explica que, independientemente de las discrepancias en la renta, se “debe firmar un nuevo contrato de alquiler” ya que “la promoción dejó de ser pública y así lo especifica la Ley de Arrendamientos Urbanos”. Un portavoz de la empresa matiza que Fidere se dedica a alquilar viviendas y que “no tiene ningún interés en desahuciar inquilinos”.
“No nos negamos a pagar, lo seguimos haciendo. Consignamos judicialmente el alquiler y ahora cada vecino abona en el juzgado de Majadahonda el precio que firmó originalmente”, señala Julio Bravo, otro afectado. Tiene 40 años y dos hijos, de dos y cinco años, que van a un colegio cercano al piso de 55 metros cuadrados en el que viven. “Tenemos nuestra vida aquí y no queremos marcharnos”, clama angustiado. En su opinión, las viviendas siguen siendo públicas porque el suelo en el que se erigen los cuatro bloques que forman la urbanización mantiene la titularidad pública durante 30 años. “De hecho, los que compran las viviendas no pueden venderla en ese tiempo”, se queja Bravo. “El Ayuntamiento cedió en 2005 una parcela para evitar que nuestros jóvenes se marcharan. Luego se vendió a promotores para especular”, denuncia Lucía Casares, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Los afectados denuncian al alcalde
Fidere compró en 2015 cada vivienda por unos 70.000 euros, pero a Bravo le solicitó 212.000 euros más IVA para quedarse con una de ellas. “No pudimos comprarla y tampoco atender a la subida de alquiler. Las viviendas se construyeron con una finalidad social, no para que se forre una empresa”, subraya Bravo. Y continúa: “Se nos prometieron unas condiciones que cambiaron desde el principio. Nos dijeron que íbamos a pagar 515 euros al mes y luego fueron 780. Ahora llega Fidere y nos quiere hacer un nuevo contrato con cláusulas abusivas: que paguemos IVA, IBI, comunidad, derramas y que nos hagamos un seguro de hogar”.
“Hay mudanzas cada fin de semana”, insiste Martínez de Eguilaz, que preside la Asociación de Afectados de la Vivienda de Protección Pública de Las Rozas. La organización se queja de que ni el Ayuntamiento ni la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) les comunicó que se había extinguido la protección. Han denunciado al alcalde, José de la Uz (PP), por prevaricación. La demanda fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda al considerar que el regidor había anulado “antes de plazo” la potestad que tenía el municipio para revertir la compra de suelo. Lo hubiese hecho pagando un 50% de los 10 millones de euros que abonó en 2007 Ferrocarril Intermediación y Patrimonios por construir las viviendas. La empresa quebró y la Sareb se quedó con las casas. En julio de 2015 Fidere las adquirió por 46 millones de euros, una decisión que, según la asociación de afectados, favoreció el alcalde como presidente de la EMV. Martínez de Eguilaz lo tiene claro: “Fue el primer desahucio al que nos enfrentamos”.
Un cambio de condiciones
Las nuevas condiciones que impuso Fidere en mayo de 2017 motivó la marcha de muchos inquilinos. Es el caso de Rebeca, que se mudó a Majadahonda: "Estuve menos de un año y me hicieron pagar hasta el alta de los suministros, 400 euros más los 650 de alquiler que pagaba al mes por una casa de 54 metros cuadrados". Su antigua vecina admite que los precios no se corresponden con la realidad. Se ha ido a vivir a un piso de 130 metros cuadrados en el Parque París, a escasos minutos de El Montecillo, y paga 900 euros al mes, lo mismo que estaría pagando ahora, dice, por una casa con la mitad de metros en su vieja urbanización. El fondo de inversión sostiene que la mayoría de los vecinos, un 63%, se han quedado a vivir en El Montecillo. De un total de 369 inquilinos, 134 compraron la vivienda; 125 firmaron un nuevo contrato de arrendamiento y otros 110 se marcharon según sus datos.