Las Cortes aprueban la Renta Valenciana de Inclusión que establece hasta 495 euros por titular

Los votos del PSPV, Compromís, Podemos, Cs y la abstención del PP, han permitido aprobar la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que supone más de 495 euros por titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar la inserción, la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros.

La ley prevé beneficiar a más de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta ...

Los votos del PSPV, Compromís, Podemos, Cs y la abstención del PP, han permitido aprobar la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que supone más de 495 euros por titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar la inserción, la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros.

La ley prevé beneficiar a más de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía con distintos tipos de prestaciones: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional, y una segunda de inclusión social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

Asimismo, flexibiliza los requisitos de acceso, siendo necesario solo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales. Además, exige únicamente la residencia efectiva en la Comunidad Valenciana para tener derecho a la misma, y amplía la edad para poder solicitarla a los 18 años, a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla,-ahora solo pueden cobrarla personas de entre 25 y 65 años.

Entre los beneficiarios estarán los jóvenes que han sido tutelados por la Generalitat, las víctimas de violencia de género y las mujeres víctimas de trata, que podrán acceder a las ayudas independientemente de su edad. Además, tendrá carácter indefinido frente al límite de tres años que había ahora.

Durante el debate, el diputado de Ciudadanos, Toni Woodward, ha admitido que la ley contempla aspectos que su formación no comparte, pero la apoyarán por la necesidad que hay. David Torres, de Podemos ha manifestado que la norma es "justa, necesaria y progresista" y habla de personas" y no de números. "Hablamos de familias, vecinos, amigos, gente con nombre y apellidos que necesitan herramientas para vivir una vida digna", ha defendido para lamentar la "dolorosa realidad" que hay de pobreza en la Comunidad y subrayar que "no se puede abandonar a esa gente".

Desde Compromís, la parlamentaria Mónica Álvaro ha acusado al PP de demostrar su "vena retrógrada" al presentar enmiendas al proyecto con las que buscan "volver al pasado". "Esta es una buena ley, muy participada y bien recibida por la ciudadanía, que, además, hace mucha falta y tendrá un retorno para la ciudadanía", ha destacado.

La diputada Concha Andrés, del PSPV considera que la ley es importante"para mejorar la vida de las personas en situación de necesidad porque recoge prestaciones económicas para garantizar "una vida digna" y promover la igualdad de oportunidades.

Para María José Català, del PP, es una ley "limpiaconciencias" de la que no comparte su espíritu porque considera que además de garantizar prestaciones económicas, debería recoger el compromiso "claro de esfuerzo" de los beneficiarios para "salir adelante buscando empleo". "Es necesario ese esfuerzo de las personas que van a recibir la solidaridad de los valencianos", ha puntualizado.

La consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado que era un día importante porque con la Renta de Inclusión sitúa a la Comunidad Valenciana a la vanguardia en España en protección social. Oltra ha agradecido a los grupos políticos su apoyo y ha destacado que se trata de una herramienta que garantiza la "vida digna de las personas" y contribuye a que la ciudadanía tenga un proyecto de vida independiente.