La fiscalía retoma la ofensiva contra cargos municipales por el referéndum

La Fiscalía ha retomado la ofensiva judicial contra cargos municipales a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público está investigando el papel de ediles que, presuntamente, pusieron trabas a sus órdenes de requisar material sobre la consulta. El tercer teniente de alcalde de Badalona, Josep Téllez, declarará este jueves por desobediencia, mientras que un día antes ha sido citado, también como investigado, el jefe de la policía local de Argentona, Pere Anglada.

Días antes del referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña emitió una orden dirigida a todas las p...

La Fiscalía ha retomado la ofensiva judicial contra cargos municipales a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público está investigando el papel de ediles que, presuntamente, pusieron trabas a sus órdenes de requisar material sobre la consulta. El tercer teniente de alcalde de Badalona, Josep Téllez, declarará este jueves por desobediencia, mientras que un día antes ha sido citado, también como investigado, el jefe de la policía local de Argentona, Pere Anglada.

Días antes del referéndum, la Fiscalía Superior de Cataluña emitió una orden dirigida a todas las policías locales de Cataluña. Les pedía que adoptaran las "medidas oportunas" para evitar que las urnas depositadas en dependencias municipales fueran utilizadas para la votación, suspendida por el Tribunal Constitucional. También les exigía apoyar al resto de cuerpos policiales para requisar propaganda electoral relacionada con el referéndum.

Para cumplir esa orden, la policía local de Badalona requisó, a cinco miembros de la entidad independentista Òmnium Cultural, un total de 45 carteles de propaganda sobre el 1 de octubre. Téllez se presentó en el lugar de los hechos, en la calle de Francesc Layret, y exigió a los policías que le entregaran los carteles. Ante la negativa de los agentes, Téllez cogió él mismo los carteles y los devolvió a los activistas de Òmnium.

La Fiscalía considera que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia y obstrucción a la justicia y ha citado a declarar, este jueves, al concejal de Guanyem Badalona en Comú. Téllez ya ha advertido, en una rueda de prensa, de que se acogerá a su derecho a no declarar. Según su versión, el día de los hechos "había unas veinte personas haciendo mucho ruido y revuelo". Para "evitar males mayores", el concejal dijo que cogería los carteles y los entregaría a cambio de que los miembros de Òmnium "aceptaran irse".

El episodio de Téllez aparece citado en el auto judicial que envió a prisión provisional al presidente de la entidad, Jordi Cuixart. Según ese auto, Cuixart extrajo del coche patrulla, junto al concejal, los carteles requisados por la policía. El concejal ha explicado que "Cuixart estaba presente y se mostró colaborador", pero ha negado que sacara nada del vehículo. "La policía local jamás tendría que haber actuado como policía judicial bajo órdenes políticas de la Fiscalía", ha reprochado Téllez, que no obstante ha destacado la "actitud conciliadora" de los agentes.

Téllez permanece imputado por desobediencia por abrir las puertas del Ayuntamiento de Badalona durante el día de la hispanidad del año pasado, a pesar de que un juez lo había prohibido.

Jefe policial de Argentona

La Fiscalía también investiga al jefe de la policía local de Argentona (Barcelona), un municipio de 12.000 habitantes gobernado por la CUP. En la citación, a la que ha tenido acceso EL PAIS, el ministerio fiscal llama a declarar mañana al superior del cuerpo, Pere Anglada, por un presunto delito de prevaricación y desobediencia.

Fuentes del Ayuntamiento de esta localidad de El Maresme confirman la citación de la policía y la vinculan a una nota interna del alcalde independentista, Eudald Calvo, dirigida a los agentes municipales. En la nota, Calvo, de 31 años, les ordenaba que, en lugar de retirar los carteles que promocionaban el referéndum ilegal del 1 de octubre, atendieran a “asuntos más importantes”.

Fuentes del consistorio creen que la citación responde a este motivo, ya que el 13 de septiembre, la Fiscalía General había cursado una orden a todas las policías locales catalanas para que “tomasen todas las medidas necesarias” para evitar la votación y que, para ello, “requisasen urnas, sobres electorales” o cualquier elemento de “difusión o ejecución” de la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.