Los políticos catalanes pedirán que se aplacen sus declaraciones

Todos los cargos del Parlament y la mayoría de ex miembros del Gobierno catalán (9 de un total de 14) prevén acudir, este jueves, a su cita con la justicia. La estrategia de la defensa, sin embargo, pasa por solicitar un aplazamiento de sus declaraciones con el argumento de que no han tenido tiempo suficiente para examinar la causa. En caso de que los magistrados del Tribunal Supremo (Parlament) y de la Audiencia Nacional (Govern) no accedan a la petición, la previsión de la defensa es que sus clientes se acojan a su derecho a no declarar; o que, en todo caso, respondan solo sobre determinadas...

Todos los cargos del Parlament y la mayoría de ex miembros del Gobierno catalán (9 de un total de 14) prevén acudir, este jueves, a su cita con la justicia. La estrategia de la defensa, sin embargo, pasa por solicitar un aplazamiento de sus declaraciones con el argumento de que no han tenido tiempo suficiente para examinar la causa. En caso de que los magistrados del Tribunal Supremo (Parlament) y de la Audiencia Nacional (Govern) no accedan a la petición, la previsión de la defensa es que sus clientes se acojan a su derecho a no declarar; o que, en todo caso, respondan solo sobre determinadas cuestiones muy concretas. Este último punto es el que los abogados aún discutían el miércoles por la tarde.

La situación más clara es la que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los cinco miembros de la Mesa de la cámara. Todos ellos recibieron la citación para declarar –junto con la querella de la Fiscalía y el auto del juez Pablo Llarena- el miércoles a las 10 de la mañana, en el Parlament. Sus abogados mantuvieron una reunión para acordar la estrategia de defensa, que pasa, en primer lugar, por presentarse a la cita. No es la primera vez, de hecho, que Forcadell acude a declarar como investigada. Ya lo ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la investiga por desobediencia y prevaricación al permitir diversas votaciones sobre el proceso independentista. Forcadell siempre ha defendido su actuación amparándose en el derecho a la libertad de expresión y en la inviolabilidad de los diputados.

Fuentes de la defensa explicaron que, aunque prevén recurrir el auto judicial, han optado por presentarse de entrada a declarar. Una vez allí, solicitarán que se aplace la declaración. Una vía similar podría seguirse en el caso de los ex consejeros del Gobierno catalán y con idéntico argumento. El TSJC también mantiene una causa abierta contra ellos –que ahora la Audiencia Nacional reclama para sí– pero no les había llegado a citar como investigados. Las mismas fuentes indican que, con toda probabilidad, la mayoría de los consejeros acudirá a declarar. Es una incógnita si lo harán también los que el miércoles aún se encontraban en Bruselas –Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Meritxell Borràs- y es muy probable que quien no acuda sea el expresident Carles Puigdemont.

El abogado catalán de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, aseguró ayer por la mañana que no sabe si su cliente acudirá a la cita. “No le puedo decir, no lo sé. Es una decisión que acabará adoptando él. Está perfectamente informado de todo”, dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio. Cuevillas es el abogado defensor, además, de los siete ex consejeros de Junts pel Sí que proceden del PdECat. Los ex consejeros de Esquerra (otros siete) también comparten abogado: el penalista Andreu Van den Eynde, que también defiende los intereses de Forcadell.

Tanto Cuevillas como el resto de letrados que defienden a los políticos catalanes critican con dureza la celeridad de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para admitir a trámite las querellas de la Fiscalía. Y la excesiva velocidad con la que han citado a declarar a sus clientes, con un día festivo de por medio. Los letrados denuncian que, con ese escaso margen de maniobra, es muy complicado preparar con garantías sus defensas. Sin embargo, han recomendado a sus clientes que acudan a declarar ante el riesgo de que, en caso de no hacerlo, aumenten las posibilidades de que los jueces dicten medidas cautelares.