El TSJA anula el plan de protección del litoral por aprobarlo la Junta en funciones
El Gobierno asegura que los servicios jurídicos estudian el fallo para "con toda probabilidad" recurrirla
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "nulo de pleno derecho" el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Gobierno andaluz el 26 de mayo del 2015, al encontrarse entonces en funciones y adoptar una decisión con "orientaciones políticas" sin haber "urgencia", informa Efe. En la sentencia, recurrible en casación, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) contra este planeamiento, si bi...
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "nulo de pleno derecho" el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Gobierno andaluz el 26 de mayo del 2015, al encontrarse entonces en funciones y adoptar una decisión con "orientaciones políticas" sin haber "urgencia", informa Efe. En la sentencia, recurrible en casación, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo estima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) contra este planeamiento, si bien el mismo fue recurrido por varios municipios a los que el alto tribunal está comunicando el fallo en idéntico sentido. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta están analizando la sentencia para "con toda probabilidad" recurrirla.
Ante las denuncias, la Junta alegó que concurrían razones de urgencia para la aprobación del plan porque expiraba el plazo de dos años y seis meses para elaborarlo y señaló que esta decisión forma parte de "asuntos ordinarios" que los gobiernos en funciones pueden seguir adoptando ya que el planeamiento no contiene "valoraciones y decisiones en las que entren criterios políticos". Sin embargo, en su sentencia, el TSJA considera que el plan aprobado "implica de manera palmaria el establecimiento de una nueva orientación político en la medida en que dicho plan se aparta consciente y públicamente" de los planes de orientación subregional existente y del propio Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, "alterando radicalmente los objetivos y la finalidad de la política territorial en el litoral, modificando sustancialmente las directrices".
En este sentido, el TSJA recuerda que los gobiernos en funciones tienen prohibido la "aprobación de actos que supongan el establecimiento de orientaciones políticas para no comprometer ni condicionar al nuevo Gobierno". También rechaza el argumento de la Junta de la urgencia existente por agotarse el plazo ya que tal "razón de urgencia o interés general" no aparece mencionada ni justificada en el decreto de su aprobación. Asimismo, la sala añade que no se puede esgrimir que el plazo terminaba como razón de urgencia y además terminaba el tiempo "para la elaboración del plan pero no para su aprobación definitiva".
Tras conocerse la sentencia, Fiscal ha asegurado que "hace referencia exclusivamente a un hipotético defecto de forma, dice que este plan los aprobó un Gobierno en funciones y debería haberlo aprobado un Gobierno constituido". "Entendemos que es un plan bueno para el litoral de Andalucía, un plan que blinda contra el desarrollismo salvaje lo que queda virgen de nuestro litoral, y a la vez permite que se puedan seguir construyendo proyectos que están en marcha", aha dicho el consejero.
El ato tribunal mantiene que resultaba "perfectamente posible y razonable esperar a la constitución y posesión del nuevo Gobierno" para su aprobación definitiva sin que ese "mínimo retraso" perjudicara "intereses generales". Las elecciones autonómicas del 2015 se celebraron el 22 de marzo si bien hasta el 11 de junio no se logró un pacto de investidura que permitió a la candidata socialista Susana Díaz asumir la presidencia con el apoyo de Ciudadanos. Díaz tomó posesión de su cargo el 13 de junio y los miembros del Consejo de Gobierno una semana después.
Ecologistas en Acción ha pedido a la Junta que inicie de nuevo la tramitación del plan y que adopte medidas cautelares "para impedir que los promotores y Ayuntamientos aprovechen esta situación para tramitar y aprobar planes urbanísticos que prohibía el plan del litoral, así como que amplíen la protección para impedir más urbanizaciones en el litoral". Por su parte, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que su formación "tiende la mano" a la Junta y se ofrece a "lo que haga falta" con tal de que vuelva a estar "en marcha" y "vigente" en "el mínimo plazo posible" de tiempo dicho plan. Asimismo, el parlamentario de IU José Antonio Castro ha advertido que, desde que se aprobó el plan en el 2015, el Gobierno andaluz "no lo ha desarrollado reglamentariamente, ni ha dado pasos para dotarlo de contenido". Esta "inacción de la Junta", en su opinión, "ha hecho que sea mucho más fácil para quienes lo recurrieron y han intentado a través de los tribunales garantizar sus derechos privados, lograr que el plan del litoral andaluz sea anulado".