Una auditoría oficial obliga a Junqueras a destruir datos fiscales que pidió en 2014

La Agencia Catalana de Protección de Datos ha concluido la auditoría de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que inició a raíz del caso Vidal para comprobar que ésta obtiene los datos fiscales de los contribuyentes de forma legal. Y los trabajos, que han durado cuatro meses, no han hallado irregularidades. Sin embargo, la agencia sí ha obligado a la ...

La Agencia Catalana de Protección de Datos ha concluido la auditoría de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que inició a raíz del caso Vidal para comprobar que ésta obtiene los datos fiscales de los contribuyentes de forma legal. Y los trabajos, que han durado cuatro meses, no han hallado irregularidades. Sin embargo, la agencia sí ha obligado a la Generalitat a destruir los datos del IRPF que los ciudadanos entregaron de forma voluntaria a raíz de sendas campañas de la Asamblea Nacional y de la Agencia Tributaria de Cataluña. El Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda afirmó que acatará la reclamación.

Las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que dijo que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de todos los catalanes de forma ilegal, hicieron que el departamento que lidera el republicano Oriol Junqueras se pusiera a disposición de Protección de Datos para examinar sus bases de datos. Según difundió ayer el departamento, la agencia ha concluido que “la ATC no trata datos identificativos, ni de carácter tributario, que hayan sido obtenidos de manera irregular o ilegal”. El informe también considera que la Hacienda catalana usa los datos “exclusivamente” para el ejercicio de sus funciones y no para “finalidades incompatibles o funciones que no tenga atribuidas”, según la nota.

Sin embargo, la agencia ha hallado en su auditoría “algunas circunstancias” que vulneran la normativa de protección de datos, por lo que requiere medidas correctoras. Una de esas irregularidades la constituyen los datos fiscales relacionados con el IRPF de los ejercicios 2013 y 2014 proporcionados voluntariamente por ciudadanos. En la nota, la Generalitat atribuye la obtención de esa información fiscal a una campaña que puso en marcha la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con el lema Declara’t a Catalunya, de la que se desmarca.

Sin embargo, la ATC sí elaboró un díptico en mayo de 2014 para pedir a los contribuyentes de la comunidad que entregaran, de forma voluntaria, una copia de su declaración del IRPF. “Para fomentar las buenas prácticas tributarias, libra tus datos fiscales a la Agencia Tributaria de Cataluña”, rezaba el díptico, que explicaba cómo entregar la declaración a la Hacienda catalana. Un mes después, el propio Oriol Junqueras —entonces líder de la oposición— instaba a los contribuyentes a entregar sus datos fiscales y decía que era “imprescindible para poder hacer el trabajo en el presente y en futuro más inmediato”. El entonces consejero Felip Puig dijo: “El conocimiento [de esos datos] forma parte de la inteligencia que un país debe tener”.

La Agencia de Protección de Datos sostiene que esa información “no es accesible” para la “gestión ordinaria”, pero aun así recomienda que se suprima. Según Economía y Hacienda, esos datos —solo unas 500 personas los entregaron voluntariamente— ya han sido “destruidos” de los sistemas informáticos y el director de la ATC, Eduard Vilà, ha dado ya las “instrucciones necesarias” para su “cancelación y supresión”.