La Audiencia Nacional también embarga a Òmnium por usar datos ideológicos

La entidad no pagará la sanción porque considera que es "un ataque político desproporcionado"

Miles de personas se manifiestan durante la Diada de 2014.ALBERT GARCIA

Òmnium Cultural ha recibido hoy el avis de que tendrá un embargo por valor de 240.000 euros para garantizar el pago de la sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos (APD), una multa que la entidad no pagará porque considera que es "un ataque político desproporcionado".

En la misma situación se encuentra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que ayer pidió donaciones ciudadanas después de ver embargados 246.559,13 euros por sanción de la APD. Las sanciones derivan de una denuncia sobre el uso de datos perso...

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Òmnium Cultural ha recibido hoy el avis de que tendrá un embargo por valor de 240.000 euros para garantizar el pago de la sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos (APD), una multa que la entidad no pagará porque considera que es "un ataque político desproporcionado".

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En la misma situación se encuentra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que ayer pidió donaciones ciudadanas después de ver embargados 246.559,13 euros por sanción de la APD. Las sanciones derivan de una denuncia sobre el uso de datos personales durante la "Gigaenquesta" que organizaron las entidades antes de la consulta del 9N.

En un comunicado, Omnium ha denunciado que se trata de "un ataque político desproporcionado del Estado" a las organizaciones que "están al frente del proceso soberanista", por lo que se niega a pagar la sanción. Asimismo, ha subrayado que mantiene recurso ante la Audiencia Nacional y no hay todavía una sentencia firme sobre el caso.

La multa es de 200.000 euros, a los que se suma un recargo de 40.000 euros por no haber hecho efectivo el pago aún. Aun así, Omnium Cultural insiste que la multa no tiene "ningún fundamento" y  que "únicamente persigue desprestigiar y perjudicar financieramente y jurídicamente las entidades" independentista "con el único objetivo de frenar" el proceso soberanista. La organización ha recordado que la entidad "ya fue ilegalizada y clausurada durante el franquismo entre los años 1963 y 1967" pero "ninguno de estos ataques ha podido dinamitar" una entidad que tiene "más de 63.000 socios".

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