Los diputados del Parlament deberán tener dedicación exclusiva
La cámara aprueba por unanimidad el nuevo código de conducta de los parlamentarios
El Parlamento catalán ha aprobado esta mañana el código de conducta de sus miembros electos, un documento que obligará a partir de ahora a los diputados a tener "dedicación exclusiva", a publicar sus agendas y, además de hacer una declaración de bienes, realizar otra declaración de intereses económicos, que tendrán que presentar al inicio de la legislatura e ir actualizando. El documento se adapta así a la Ley de Transparencia y establece un régimen sancionador para el caso de que no sea respetado.
Pese a la referencia a la dedicación exclusiva, el articulado del código de conducta abre...
El Parlamento catalán ha aprobado esta mañana el código de conducta de sus miembros electos, un documento que obligará a partir de ahora a los diputados a tener "dedicación exclusiva", a publicar sus agendas y, además de hacer una declaración de bienes, realizar otra declaración de intereses económicos, que tendrán que presentar al inicio de la legislatura e ir actualizando. El documento se adapta así a la Ley de Transparencia y establece un régimen sancionador para el caso de que no sea respetado.
Pese a la referencia a la dedicación exclusiva, el articulado del código de conducta abre la puerta a que los diputados puedan tener, con respeto al régimen de incompatibilidades, otras actividades públicas y privadas. Si abre, no obstante, la posibilidad de que se pueda reducir la remuneración del Parlamento en función de "de la naturaleza de la actividad declarada compatible".
El texto insta a hacer pública la agenda de los diputados en el portal de transparencia del Parlament. Se tendrán que hacer públicos todas las reuniones, los contactos y las audiencias, con una actualización mínima de de 15 días.
Otro de los puntos referentes a la transparencia es la declaración de intereses económicos. Se deberán publicar las actividades profesionales de los últimos tres años, así como la pertenencia consejos de administración de empresas. También la presencia en otras instituciones o las actividades ocasionales remuneradas.
Los grupos han defendido su puesta en vigor, asegurando que puede ser una buena vía para evitar corrupción. La comisión del Estatuto de los Diputados será el encargado de considerar si se ha producido o no una infracción, lo que puede conllevar una amonestación pública o multas de entre 600 y 12.000 euros. Incluso si se considera muy grave, se puede suspender temporalmente del ejercicio de la función parlamentaria.