A juicio tres empresarios en Vigo por un fraude de IVA de seis millones
La trama se creó para generar facturas falsas en varios países europeos en torno al que fue el mayor concesionario de motos de Galicia
El empresario vigués Ángel Suárez Ramilo, el que durante 24 años fue el propietario del mayor concesionario gallego de motos, quads y accesorios, Moto Pasión Vigo (Mopavi), se sentará en el banquillo el próximo 6 de junio, acusado de diseñar uno de los mayores y más complejos fraudes de IVA con el que estafó a la Agencia Tributaria 5,6 millones de euros a través de compras intercomunitarias ficticias.
Suárez Ramilo está acusado de cuatro delitos fiscales y afronta una condena de nueve años y 10 meses de ...
El empresario vigués Ángel Suárez Ramilo, el que durante 24 años fue el propietario del mayor concesionario gallego de motos, quads y accesorios, Moto Pasión Vigo (Mopavi), se sentará en el banquillo el próximo 6 de junio, acusado de diseñar uno de los mayores y más complejos fraudes de IVA con el que estafó a la Agencia Tributaria 5,6 millones de euros a través de compras intercomunitarias ficticias.
Suárez Ramilo está acusado de cuatro delitos fiscales y afronta una condena de nueve años y 10 meses de prisión y el pago de 6,8 millones de euros de multa. Idénticas penas solicita para Miguel Ángel Ferrer Esperilla, el intermediario de la trama en Baleares, mientras que para el empresario de Mos José Antonio Gómez, administrador de la sociedad Bike&Price, el fiscal solicita cuatro años y 10 meses de cárcel y multa de 1,2 millones.
El juicio se celebra con un enorme retraso, después de haber sido suspendido en 2015, no solo debido a la complejidad de la causa sino porque Ferrer Esperilla estuvo en paradero desconocido casi dos años, hasta que se dictó una orden de detención contra él.
Según la investigación, Suárez Ramilo y sus socios utilizaron empresas proveedoras ficticias en el extranjero para simular facturas en las que se deducían el IVA, impuesto que no se ingresaba en Hacienda. Hasta que se constató el fraude en 2011, Mopavi estaba participada en su totalidad por A.S.R. Accesory, SL, que pertenece a Suárez Ramilo en un 99%. Desde 2005 estas entidades tributaban como grupo fiscal y ese primer año la cuota defraudada superó los 4,4 millones de euros.
Las relaciones comerciales entre Mopavi y el acusado Miguel Ángel Ferrer no eran reales, afirma el fiscal en el escrito de acusación que dirigió al juzgado instructor número 1 de Vigo. Ferrer funcionaba como un trucha (o testaferro) de la empresa de Suárez Ramilo, realizando operaciones intracomunitarias y repercutiendo el IVA a Mopavi, que lo deducía pero no lo ingresaba.
Hacienda descubrió que Ferrer Esperilla facturó ventas a la firma de Suárez Ramilo por 5,6 millones de euros, mientras esta declaró compras por 12,7 millones, cuando ambas cantidades deberían coincidir. Las operaciones las hacían en países de la UE porque el margen obtenido en la compra de motos dentro del mercado nacional era del 7,59%, mientras el margen del mercado import-export doblaba los beneficios.
Estas operaciones convirtieron sospechosamente a Ferrer (un hombre sin experiencia en el negocio) en el principal suministrador de estos productos, tan solo por detrás de la firma Suministradora de Componentes Electrónicos (SCE), que ya operaba con Mopavi. Así, “de la noche a la mañana”, subraya el fiscal, más del 90% de su facturación se dirigió a las empresas investigadas, Mopavi y Bike&Price, con un volumen de operaciones que Hacienda ha cifrado en 19,4 millones de euros.
Mopavi abrió su primera tienda en 1987 como único concesionario oficial de la marca japonesa Honda del sur de Galicia, aunque también era distribuidor de otras firmas como Ducati, Kymco, Daelim o Harley-Davidson. El grupo ASR Accesory era una firma rentable y en 2008 facturó 27,1 millones, con un beneficio antes de impuestos de más de 855.000 euros.
En noviembre de 2011 anunció a sus clientes el cierre inminente y la liquidación de su stock de productos con importantes descuentos. La empresa, con 22 trabajadores, ya se preparaba para presentar un ERE, alegando problemas económicos y de producción. Aunque la caída de ventas por la crisis atenazó al sector, las principales dificultades de la firma se derivaron de la investigación de la Agencia Tributaria y las millonarias multas que reclama.