El TSJ tramita una denuncia contra Barberá por los símbolos franquistas
Los socialistas la acusan de desobedencia por mantener distinciones al régimen
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha pedido opinión a la fiscalía sobre la denuncia que los socialistas presentaron hace tres meses contra la entonces alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, por un supuesto delito de desobediencia al mantener nombres de calles y distinciones dedicados a dirigentes franquistas.
El TSJ también ha solicitado a las Cortes Valencianas que le indique si Barberá "ostenta en la actualidad la condi...
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha pedido opinión a la fiscalía sobre la denuncia que los socialistas presentaron hace tres meses contra la entonces alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, por un supuesto delito de desobediencia al mantener nombres de calles y distinciones dedicados a dirigentes franquistas.
El TSJ también ha solicitado a las Cortes Valencianas que le indique si Barberá "ostenta en la actualidad la condición de diputada en dicha institución o bien ha sido designada como senadora territorial, y en este caso, desde qué fecha, así como los efectos de este último nombramiento". De ello depende quién podría abrir una causa contra Barberá. Los diputados de las Cortes Valencianas están aforados ante el Tribunal Superior valenciano y los senadores, ante el Tribunal Supremo.
Los denunciantes, José Luis Ábalos, presidente del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Matías Alonso, responsable del Grupo de Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz, acusaron a Barberá de ser "especialmente hostil" al cumplimiento de la norma. Y de haber desoído no solo el contenido de la ley impulsada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sino la jurisprudencia de otros tribunales pese a haber sido advertida. Ábalos ha afirmado que su objetivo no es que la exregidora sea condenada, sino llamar la atención sobre el hecho de que "todas las leyes, incluida esta, deben cumplirse".
33 calles impugnadas
La denuncia contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá menciona un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, según sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos figura el nombre del Barón de Cárcer, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, que fue el primer alcalde de Valencia tras la Guerra Civil. O el del falangista Antonio Rueda, que fue gobernador civil.
Inicialmente los denunciantes elaboraron una lista con 59 nombres de calles que ellos vinculaban al régimen franquista, pero tras someterlo al filtro de la Universitat de València casi la mitad fueron eliminados.
Además de nombres de calles, la denuncia por desobediencia contra Barberá y el arzobispado de Valencia menciona otros "vestigios". Uno de ellos es la inclusión de Franco en un retablo expuesto en la céntrica Iglesia de El Carme, que representa al caudillo arrodillado ante Cristo "por delante de otros representantes del poder terrenal, como los Reyes Católicos".
El nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, se ha comprometido a dedicar las calles a otros personajes tras estudiar los casos, han afirmado los denunciantes.
Barberá fue elegida hace dos semanas senadora territorial, pero no ha renunciado de momento al acta de diputada en el Parlamento autonómico. Fuentes cercanas a la alcaldesa han contado hoy a Europa Prees que Barberá está "preparando la documentación necesaria" para renunciar a su escaño. Mientras llega ese momento, las fuentes juridicas consultadas consideran que ante un doble aforamiento debería prevalecería el del Supremo. Y que debería ser este el que decida finalmente si abre o no una causa contra Barberá.
En mayo, Barberá hizo notar que después de 24 años al frente de la tercera ciudad española y pese al alto número de cargos del valenciano que han sido imputados en las dos últimas legislaturas, ella no estaba implicada "en ningún caso de corrupción". La fiscalía tiene abiertas diligencias por el trato del Ayuntamiento al barrio de El Cabanyal y por el uso de la exregidora de gastos de representación, que los denunciantes cuestionan y que sumaron 278.000 euros en los últimos cuatro años.