La Generalitat crea el primer registro de ‘lobbies’ de España

Es una iniciativa prevista en la Ley de Transparencia aprobada en 2014

La Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy la creación de un registro de 'lobbies' al que tendrán que inscribirse todas las entidades y personas que participen en la elaboración y aplicación de las políticas del Gobierno catalán y sus organismos autónomos. La creación de este registro, pionero en España, estaba prevista en la Ley de Transparencia aprobada en 2014 y pretende “garantizar la transparencia en la toma de decisiones de los poderes públicos”.

El registro,...

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La Generalitat de Cataluña ha aprobado hoy la creación de un registro de 'lobbies' al que tendrán que inscribirse todas las entidades y personas que participen en la elaboración y aplicación de las políticas del Gobierno catalán y sus organismos autónomos. La creación de este registro, pionero en España, estaba prevista en la Ley de Transparencia aprobada en 2014 y pretende “garantizar la transparencia en la toma de decisiones de los poderes públicos”.

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El registro, además de incluir los datos de las entidades incluirá los contactos que estas tengan con los funcionarios o altos cargos de la Generalitat. El registro incluye las actividades desarrolladas ante la administración catalana pero no afectará ni al Parlamento de Cataluña ni a las universidades públicas, que quedaron fuera de la Ley de Transparencia.

El decreto de creación del registro clasifica los grupos de interés en cinco categorías. Entre ellas están las consultoras y despachos de abogados, las asociaciones profesionales, empresariales y sindicales, así como ONG y grupos de reflexión académicos. También tendrán que inscribirse las redes que representen a iglesias o entidades religiosas.

Los inscritos en el registro tendrán que respetar unas reglas éticas y de conducta comunes. Entre ellas destacan la obligación de informar a los servidores públicos de su actuación como grupo de interés, evitar situaciones que puedan general conflicto de interés a los funcionarios y no difundir información de carácter confidencial.

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