El fiscal pide 8 años para Villadelprat y Payne por el caso Epsilon
Les acusa de un delito societario y otro de insolvencia punible y les reclama 0,9 millones de euros
La Fiscalía de Alava pide ocho años de cárcel para cada uno de los dos responsables de la quiebra del fallido proyecto automovilístico vasco Epsilon que aspiraba a competir en la Fórmula Uno, el catalán Joan Villadelprat y el británico Mark Payne, por un delito societario y otro de insolvencia punible. El escrito del fiscal reclama además que ambos paguen conjuntamente cerca de 914.000 euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. Joan Villadelprat era el administrador único de la empresa Epsilon, de la que Mark Payne era el director financiero.
Esta firma recibió unos 48 millo...
La Fiscalía de Alava pide ocho años de cárcel para cada uno de los dos responsables de la quiebra del fallido proyecto automovilístico vasco Epsilon que aspiraba a competir en la Fórmula Uno, el catalán Joan Villadelprat y el británico Mark Payne, por un delito societario y otro de insolvencia punible. El escrito del fiscal reclama además que ambos paguen conjuntamente cerca de 914.000 euros en concepto de multa y de responsabilidad civil. Joan Villadelprat era el administrador único de la empresa Epsilon, de la que Mark Payne era el director financiero.
Esta firma recibió unos 48 millones de euros de ayudas públicas, según concluyó la comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco sobre este caso. Pese a ser conocedores de la situación de insolvencia en la que se encontraba Epsilon, Mark Payne creó otra escudería en marzo de 2011 llamada Epic Racing. Un mes después, en abril de 2011, Epsilon vendió a Epic Racing todos los activos vinculados a la rama de competición automovilística por 200.000 euros, cuando esta rama suponía "el 80 % del activo patrimonial de Epsilon y su valor era notablemente superior al precio estipulado", ya que según un informe pericial ascendía a 1.099.236 euros, señala el escrito del Ministerio Público.
De hecho, los 200.000 euros pactados "nunca se llegaron a abonar", lo que constituye, según el fiscal, una prueba más de "la voluntad delictiva de los imputados". Esta venta se hizo un mes después de que presentaran un preconcurso de acreedores de Epsilon por lo que ambos sabían que al desgajar la rama de competición vaciaban de "contenido empresarial" a Epsilon y quebraban así "las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores".