CiU, ERC e ICV evitan que la Generalitat detalle el coste del 9-N
El Gobierno catalán mantiene los expedientes contra las emisoras de radio que se negaron a emitir publicidad institucional de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional
El coste del sucedáneo de consulta independentista del 9 de noviembre pasado en Cataluña sigue siendo una incógnita cuatro meses después. El Parlamento catalán rechazó este miércoles la petición de Ciutadans para que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, comparezca para informar de los gastos originados por la votación. También fue desestimada la petición de paralizar los expedientes abiertos a las emisoras de radio que se negaron a emitir gratuitamente las cuñas informativas sobre la consulta.
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El coste del sucedáneo de consulta independentista del 9 de noviembre pasado en Cataluña sigue siendo una incógnita cuatro meses después. El Parlamento catalán rechazó este miércoles la petición de Ciutadans para que la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, comparezca para informar de los gastos originados por la votación. También fue desestimada la petición de paralizar los expedientes abiertos a las emisoras de radio que se negaron a emitir gratuitamente las cuñas informativas sobre la consulta.
La Generalitat preveía gastar un máximo de nueve millones en la consulta prevista inicialmente y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Al sustituir esa consulta por lo que el Gobierno catalán llamó “proceso participativo” el Gobierno de Artur Mas ya no detalló el coste de la votación. Se limitó a asegurar que en ningún caso se gastaría más de lo previsto para la primera.
Ciutadans consiguió el apoyo del PP y PSC para forzar la comparecencia de la vicepresidenta de la Generalitat por este asunto. Sin embargo, CiU, ERC e Iniciativa hicieron valer su mayoría para impedirlo en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán. Durante la reunión de esta comisión el PP también solicitó la retirada del expediente sancionador iniciado contra la SER, la COPE y Onda Cero que se negaron a emitir la publicidad institucional del 9—N alegando la impugnación del Tribunal Constitucional. CiU y ERC descartaron la retirada de los expedientes asegurando que dichas emisoras estaban obligadas a emitir las cuñas.
El presupuesto inicial era de casi nueve millones de euros
La portavoz de Ciutadans, Carina Mejías, aseguró que el Gobierno catalán “intentó coaccionar a algunos medios de comunicación privados para emitir publicidad de un acto ilegal” cuando ya estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.
Además de vetar la comparecencia de Joana Ortega, CiU y ERC también sumaron sus votos para evitar que Carles Viver Pi-Sunyer, Comisionado de la Transición Nacional, tenga que comparecer a raíz del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que cuestiona las llamadas “estructuras de Estado” para preparar la independencia.