El juzgado investigará tras admitir a trámite la querella de la Fiscalía
El fiscal aprecia presuntos delitos de malversación, blanqueo y fraude en la actuación de seis promotores del proyecto
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía de Alava por diversos presuntos delitos e irregularidades en el fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko.
El ministerio público apreció presuntos delitos de malversación, blanqueo y fraude en la actuación de seis promotores del proyecto.
La decisión de la juez se produce a raíz de la querella presentada por e...
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía de Alava por diversos presuntos delitos e irregularidades en el fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko.
El ministerio público apreció presuntos delitos de malversación, blanqueo y fraude en la actuación de seis promotores del proyecto.
La decisión de la juez se produce a raíz de la querella presentada por el fiscal-jefe de Alava, Josu Izaguirre, que aprecia posibles delitos en el uso que varios responsables de Hiriko dieron a los cerca de 18 millones de euros en ayudas públicas que recibió este proyecto.
En su escrito, el fiscal apunta a Jesús María Pancracio Echave, Fernando Achaerandio, Francisco Javier Calera, Iñigo Antia (exconcejal del PNV de Vitoria), José Luis Bengoetxea y José Barreira, y la asociación Afipaida. La querella se dirige también "contra las personas físicas y jurídicas a las que se pudiera imputar responsabilidad penal a lo largo de la investigación judicial".
En el texto, Izagirre apunta a la existencia de posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Izagirre, señala que los seis empresarios contra los que dirige su querella no tenían experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles, y que idearon un plan para apropiarse de fondos públicos "en su propio beneficio".
El proyecto recibió casi 16 millones de ayudas de los fondos públicos, la mayoría proveniente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que fueron "desviados" a favor de sus intereses, según se recoge en la querella.