El Gobierno destinará hasta 20 millones a combatir el paro juvenil
El programa está destinado a personas sin trabajo entre los 25 y los 30 años
El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, anunció ayer un plan que destinará “entre 15 y 20 millones de euros” a personas de entre 25 y 30 años que se encuentren en situación de desempleo. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puig admitió que los recursos destinados a esa franja de edad son “insuficientes”, ya que las ayudas de la Unión Europea para empleo joven se destinan a edades más tempranas. “Por eso ponemos en marcha un plan paralelo para dar salida a esos jóvenes y encontrarles contrato de trabajo”, afirmó.
Puig detalló también los usos de la parti...
El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, anunció ayer un plan que destinará “entre 15 y 20 millones de euros” a personas de entre 25 y 30 años que se encuentren en situación de desempleo. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puig admitió que los recursos destinados a esa franja de edad son “insuficientes”, ya que las ayudas de la Unión Europea para empleo joven se destinan a edades más tempranas. “Por eso ponemos en marcha un plan paralelo para dar salida a esos jóvenes y encontrarles contrato de trabajo”, afirmó.
Puig detalló también los usos de la partida comunitaria para fomentar la ocupación de las personas entre 16 y 25 años. “Este año tendremos 95 millones de euros, el doble del anterior y podremos multiplicar el número de impactos”, dijo el consejero. El compromiso de la Generalitat es que, en cuatro meses, los jóvenes de esas edades en situación de desempleo o que hayan acabado sus estudios puedan tener “una oferta para completar su formación, o de trabajo en prácticas, o un lugar de trabajo”. “Ya hemos empezado”, añadió el consejero, quien advirtió de que los beneficiarios del programa deberán “inscribirse” obligatoriamente.
Preguntado sobre la ley de simplificación administrativa, destacó que la normativa obligará a ayuntamientos y compañías de luz, gas y agua a ser más ágiles en los trámites necesarios para abrir un negocio. “Esta ley obligará a que todos los trámites e informes que se deban hacer tengan un plazo máximo de un mes”.