Aburto cifra en 715 millones el impacto de la Ley de Vivienda

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha cifrado este viernes  en 715 millones de euros el impacto económico en los próximos díez años de la Ley de Vivienda, si se aprobase en los términos planteados por el PSE-EE en la propuesta que se tramita en el Parlamento vasco.

Aburto ha comparecido en la ponencia parlamentaria en la que se analiza la proposición de ley presentada por los socialistas y cuya admisión a trámite se ace...

El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha cifrado este viernes  en 715 millones de euros el impacto económico en los próximos díez años de la Ley de Vivienda, si se aprobase en los términos planteados por el PSE-EE en la propuesta que se tramita en el Parlamento vasco.

Aburto ha comparecido en la ponencia parlamentaria en la que se analiza la proposición de ley presentada por los socialistas y cuya admisión a trámite se aceptó en pleno con el respaldo de sus proponentes, EH Bildu y UPyD y el rechazo del PNV y el PP.

Tras su intervención en este órgano a petición del PP, a puerta cerrada, el consejero ha explicado la postura del Gobierno autonómico con respecto a esta iniciativa, que recoge lo fundamental del proyecto de ley elaborado la pasada legislatura por el Ejecutivo de Patxi López, que decayó al agotarse su mandato.

Aburto ha destacado la dificultad que supone hacer un cálculo real del impacto económico "exacto" de las medidas incluidas en esta propuesta, en la que se considera que el acceso a la vivienda es un derecho subjetivo, es decir, garantizado por ley y susceptible de ser reclamado ante los tribunales.

Esta dificultad radica, a su juicio, entre otras variantes, en que los elementos relacionados con la oferta y la demanda de pisos "no son predecibles".

A pesar de ello y con cautela ha cifrado este impacto en los próximos diez años en 715 millones de euros. En esta cifra no sólo se incluiría el coste de las viviendas sociales y de protección oficial necesarias, sino el de las prestaciones complementarias de vivienda (PCV) que tendrían que distribuirse ante la imposibilidad de contar con pisos para todos los demandantes.

"Yo no quiero un derecho subjetivo que se quede en papel mojado y por eso reclamo un debate que se soporte  en una financiación"

Con fecha de 31 de diciembre de 2014, había 39.000 demandantes de vivienda inscritos en Etxebide, mientras que el importe de la PCV de todo el año se cifró en 80 millones. De esta ayuda, dirigida a hacer frente a los gastos de vivienda, se benefician 24.000 unidades convivenciales (55.000 personas).

Aburto ha criticado que el PSE-EE haya presentado esta iniciativa cuando el PNV ya lo tenía previsto en su programa electoral con la condición de aprobar el proyecto de ley correspondiente con un "acuerdo institucional previo y con consenso social y político", siguiendo un proceso similar al llevado a cabo con la cartera de servicios sociales.

En este sentido, ha dicho que para que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo hay que analizar tanto el presupuesto de ingresos como el de gastos, para poderlo costear para no enzarzarse en un debate "estéril".

"Yo no quiero un derecho subjetivo que se quede en papel mojado y por eso reclamo un debate en el que se fundamente su alcance y que se soporte en un presupuesto y en una financiación. En Andalucía la ley garantiza el derecho subjetivo y no tiene el más mínimo efecto. Yo no quiero ese modelo", ha dejado claro.

Por ello, ha insistido en la necesidad de actuar con "prudencia" y de hacer "planteamientos serios", al tiempo que ha defendido que el País Vasco es la única autonomía en la que está en vigor "un cierto derecho subjetivo", en referencia a la PCV.

En cuanto a un posible canon para grabar las viviendas vacías, Aburto se ha mostrado más favorable a aplicar una política de fomento del alquiler a través de "bonificaciones". Según los datos que ha aportado, en Euskadi hay 62.000 viviendas vacías, de las que son "gestionables" 42.000.

En relación a la figura de la "expropiación forzosa" por parte de la administración de viviendas objeto de desahucio, el consejero ha recordado que esta medida está suspendida en Andalucía y se ha mostrado favorable a esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre si es o no legal.