La instrucción se centrará solo en el delito de desobediencia

La investigación abierta por el TSJC se centrará en averiguar si Artur Mas cometió un delito de desobediencia al organizar el 9-N pese al veto del Tribunal Constitucional. Ese delito castiga a “las autoridades o funcionarios” que incumplan una resolución judicial, y se castiga con penas de inhabilitación. Distinguir si hubo desobediencia es clave porque de ese delito penden todos los ...

La investigación abierta por el TSJC se centrará en averiguar si Artur Mas cometió un delito de desobediencia al organizar el 9-N pese al veto del Tribunal Constitucional. Ese delito castiga a “las autoridades o funcionarios” que incumplan una resolución judicial, y se castiga con penas de inhabilitación. Distinguir si hubo desobediencia es clave porque de ese delito penden todos los demás. El debate jurídico está servido: expertos en derecho penal y procesal creen que no hubo desobediencia —porque no existió un requerimiento previo y taxativo por parte del tribunal— y, en el seno de la Fiscalía, también emergen distintos criterios: los fiscales catalanes se opusieron a presentar la querella al no ver indicios de delito, al contrario que la Fiscalía General del Estado.

La querella del recién dimitido Eduardo Torres-Dulce subraya, en alusión a los miembros del Gobierno catalán, que “las declaraciones públicas efectuadas por algunos de ellos disipan cualquier duda” sobre el conocimiento que tenía Mas del incumplimiento. La fiscalía recuerda que fue el propio president quien asumió la responsabilidad: “Si la fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, que me miren a mí”, dijo.

El Tribunal Constitucional suspendió el 4 de noviembre, por unanimidad, la alternativa a la consulta independentista en Cataluña. El tribunal admitió a trámite el recurso del Gobierno, pero no quiso ir más allá y evitó advertir al presidente de la Generalitat de la obligación de cumplir esa suspensión y de las responsabilidades e infracciones que podría suponer ignorarla.

A esa ausencia de requerimiento se acogieron los fiscales catalanes para rechazar la querella. La Fiscalía General, en cambio, sostiene que la negativa de la Generalitat a cumplir el mandato del Constitucional fue “franca, clara, patente, indudable, evidente inequívoca”. El Gobierno catalán “desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución” y siguió adelante hasta sacar las urnas el 9-N.