10 años tirados a la basura en La Vega Baja
La Diputación asume que debe iniciar de cero el plan de residuos
La comarca de La Vega Baja lleva desde 2005 esperando unas instalaciones para tratar 250.000 toneladas anuales de basura. Es el único plan zonal de toda la Comunidad Valenciana que no tiene una planta de referencia para tratar basura como se establece en el Plan Integral de Residuos (PIR) valenciano de 1997 y las directrices de la Unión Europea. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha decidido rescindir una contrata sobre la que siempre ha planeado la sospecha de la corrupción. Una decisión que supone volver a comenzar un proceso que, previsiblemente, acabará en los tribun...
La comarca de La Vega Baja lleva desde 2005 esperando unas instalaciones para tratar 250.000 toneladas anuales de basura. Es el único plan zonal de toda la Comunidad Valenciana que no tiene una planta de referencia para tratar basura como se establece en el Plan Integral de Residuos (PIR) valenciano de 1997 y las directrices de la Unión Europea. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha decidido rescindir una contrata sobre la que siempre ha planeado la sospecha de la corrupción. Una decisión que supone volver a comenzar un proceso que, previsiblemente, acabará en los tribunales si la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz decide presentar un recurso. Diez años echados a la basura para elaborar un nuevo plan desde cero que estará listo, “si todo va bien, a finales de este año”, según dijo el diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra.
Toca empezar de nuevo. Sendra tuvo que esforzarse para explicar porqué Pastor, tras su defensa numantina del anterior proyecto, se ha alineado ahora con los 27 ayuntamientos vegabejenses y rechaza la construcción en Albatera de un macrovertedero y una planta de transferencia de basuras prevista para Cox-La Granja.
La gestión de estas instalaciones durante 20 años, según fuentes de la Diputación, hubiera reportado 248 millones a la UTE, participada por el empresario y constructor Enrique Ortiz, constructor y supuesto cabecilla del caso Brugal.
Pero hasta llegar a la finalización total de la contrata hay formalidades por cumplir. El 1 de agosto la Comisión de Gobierno deberá aprobar la propuesta explicando los motivos por los que se rescinde la contrata y se retiene el aval de casi dos millones presentados por Cespa-Ortiz.
La principal causa de anulación es que la mercantil no posee los terrenos que ofertó para construir el macrovertedero y la planta de transferencia previsto en el plan zonal. Como prueba, la Diputación esgrime que el 12 de diciembre de 2013, cuando ya debía estar en marcha parte del plan, la empresa exhortó a la administración a expropiar terrenos donde ubicarse.
Una vez aprobada la propuesta, continuó Sendra, la Junta del Consorcio de residuos de La Vega Baja deberá ratificarla el 15 de septiembre para, posteriormente, dar audiencia a las partes y poner en su conocimiento los informes jurídicos de las universidades Carlos III (Madrid) y la Jaume I (Castellón), justificantes del fin de la contrata.
El círculo de trámites lo cerrará el Consell Jurídic Consultiu con otro informe de parte, que en Diputación esperan convenza a la Generalitat, reacia a cerrar un convenio que lleva diez años parado.
Los socialistas, que desde 2008 demandan los mismos informes que hoy esgrime Pastor para deshacerse de Ortiz, denuncian que los diez años para poner en marcha un plan obligado por la ley está discriminando a La Vega Baja respecto al resto de consorcios valencianos.
Los ayuntamientos vegabejenses, especialmente los que no están gobernados por el PP, protestan por el alto coste que les cuesta deshacerse de su basura, que viaja por distintos puntos de la provincia de Alicante vertiéndose en lugares como Crevillent, Xixona o Villena. “Este plan tiene que ser paralizado, debe potenciar al máximo el reciclaje y limitar o prohibir el capital privado”, dijo el portavoz provincial del PSPV, David Cerdán. Los socialistas abogan por que la Diputación y la Generalitat cubran los sobrecostes que pagan los ayuntamientos de la comarca valenciana más sureña.
Preguntado por el porqué del retraso del plan, Sendra lo justificó en “la falta de interés” de la administración, aunque luego rectificó: desde 2005 “fueron tres años de papeleo” al que siguieron varios procesos judiciales. “Está más claro que el agua”, dijo, que la UTE presentará guerra en los tribunales.