La Generalitat cifra el déficit fiscal de Cataluña entre 11.000 y 15.000 millones

El déficit fiscal de Cataluña con el resto del Estado se situó en 2011, el último año con datos disponibles, entre los 11.087 y 15.006 millones de euros, según el Departamento de Economía y Conocimiento. Esa cantidad, que este jueves hizo pública el consejero Andreu Mas-Colell, equivale a entre el 5,7% y el 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán. ...

El déficit fiscal de Cataluña con el resto del Estado se situó en 2011, el último año con datos disponibles, entre los 11.087 y 15.006 millones de euros, según el Departamento de Economía y Conocimiento. Esa cantidad, que este jueves hizo pública el consejero Andreu Mas-Colell, equivale a entre el 5,7% y el 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán. El saldo es unos 1.500 millones de euros inferior al de 2010, cuando el déficit fiscal estuvo entre el 5,8% y el 8,5% del PIB.

Mas-Colell aseguró que “es natural” que si la renta per cápita de Cataluña está “por encima de la media” también “contribuya más”. “Luego discutiremos cuánto más o menos, pero tenemos derecho a la solidaridad de vuelta, que no es que se nos facilite tesorería, sino respeto a la propia identidad y al autogobierno de Cataluña”, sostuvo el consejero. Según el informe de la Generalitat, Cataluña aportó el 19,2% de los ingresos de la Administración central y recibió el 14% del total.

Las balanzas han sido calculadas por una comisión dirigida por la directora general de Tributos y Juego, Elsa Artadi, en la que han participado los expertos en Hacienda Pública Núria Bosch y Marta Espasa (Universidad de Barcelona), Guillem López-Casasnovas (Universidad Pompeu Fabra), Esther Martínez (Universidad de Girona) y Joan Rosselló (Universidad de las Islas Baleares).

A los resultados que arrojan el documento se llega por dos métodos: el de carga beneficio y el del flujo monetario. El primero trata de ser un indicador del bienestar y el segundo busca calcular el impacto directo del gasto del Estado en un territorio. De acuerdo con el método del flujo monetario, el gasto en una estación del AVE en Barcelona debe computar solo en Cataluña porque a su alrededor se generará actividad económica con la apertura de tiendas y restaurantes. Con este cálculo, el déficit fiscal asciende a 15.006 millones de euros. En cambio, el método de carga beneficio, considera que la estación del AVE no solo puede computarse en Cataluña al formar parte de una red ferroviaria global. Empleando esta vía, el saldo da un déficit de 11.087 millones.

El déficit fue inferior, según la Generalitat, porque Cataluña tuvo que “contribuir menos” para taponar el déficit público del Estado. Otra razón es, dijo Mas-Colell, la disposición de muchos más datos para elaborar las balanzas. De hecho, el consejero atribuyó las “mejoras metodológicas” en el cálculo a haber dispuesto de “muchos más datos que de costumbre”. “Eso ha permitido un trabajo mucho más refinado en la territorialización del gasto”, sostuvo.

A pesar de que recordó que las balanzas fiscales no son lo mismo que el modelo de financiación autonómica, Mas-Colell aprovechó para subrayas que el Ministerio todavía no ha aprobado el nuevo modelo que debía entrar en vigor este año. “Y me temo que no lo estará en 2015 tampoco”, lamentó. Ante la proximidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe celebrarse antes de las vacaciones, Mas-Colell criticó que el sistema actual “no es suficiente” para “cubrir las necesidades” de las comunidades autónomas y, en caso de que ello no se corrija, advirtió de una recentralización de competencias.

El consejero también fue tajante al rechazar el tópico de Espanya ens roba. “Nunca he utilizado esa frase. Quiero poner todo el énfasis del mundo en esto. Esa expresión supondría salir del margen legal”, rehusó. “Yo sí digo ‘el gobierno del Partido Popular nos frena’, porque está recentralizando a marchas forzadas y nos impone un corsé rígido a las comunidades”, agregó.

Mas-Colell también avisó sobre la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy de bajar impuestos y consideró que primero debería comprobar la efectividad del nuevo sistema. A su juicio, la prioridad de España pasa por resolver “el problema” de la baja recaudación. “Por consideraciones electorales puede caer en la imprudencia”, remachó.