Retraso médico mortal
Los forenses atribuyen el fallecimiento de una mujer con aneurisma a la demora en atenderla
María del Carmen Mesa Nozal, de 65 años, deambuló por cuatro hospitales catalanes y esperó 65 horas a ser atendida debidamente de un aneurisma (derrame cerebral) que le costó la vida. Un informe encargado por la juez que investiga el caso ha confirmado lo que los familiares sospechaban y denunciaron: que el retraso en la atención sanitaria fue decisivo en la muerte. Los forenses concluyen que la práctica médica en Vall d'Hebron “no se ajustó totalmente” al procedimiento, “debido a que la demora en...
María del Carmen Mesa Nozal, de 65 años, deambuló por cuatro hospitales catalanes y esperó 65 horas a ser atendida debidamente de un aneurisma (derrame cerebral) que le costó la vida. Un informe encargado por la juez que investiga el caso ha confirmado lo que los familiares sospechaban y denunciaron: que el retraso en la atención sanitaria fue decisivo en la muerte. Los forenses concluyen que la práctica médica en Vall d'Hebron “no se ajustó totalmente” al procedimiento, “debido a que la demora en la decisión de practicar el tratamiento endovascular pudo contribuir a la mala evolución clínica y posterior fallecimiento”.
El 7 de septiembre de 2011, Mesa se despertó con un enorme malestar y acudió al hospital de Blanes. Su cuadro clínico mostraba “dolor en el cuello, cefalea, caída, vómitos, contusión craneal, amnesia y confusión”. Ante la limitación de los recursos fue trasladada al hospital Josep Trueta, donde concluyeron que padecía un aneurisma y que debía ser operada de urgencia.
El aneurisma es una dilatación arterial del cerebro con un alto índice de mortalidad. Éste depende, esencialmente, del tiempo que transcurre hasta que el paciente es atendido. Los forenses sostienen que es “un cuadro neurológico grave” que debe ser “tratado adecuadamente en un centro hospitalario”.
La reordenación de servicios del Departamento de Salud obligó a trasladar a Mesa al centro de referencia en Cataluña para estas dolencias: el hospital de la Vall d'Hebron. La mujer ingresó allí a las 17 horas del 7 de septiembre de 2011. Una prueba confirmó el diagnóstico y los médicos programaron la intervención -la embolización del aneurisma- para el día 8. Ese es, confirman los forenses, el tratamiento adecuado. Pero surgió un problema: la máquina que debía realizar esa tarea estaba averiada. Los peritos subrayan que “desconocen los motivos” por los que, ante ese hecho, el centro no contactó con otro hospital para seguir el tratamiento, pues “debe efectuarse lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de complicaciones”.
Esa tarde, Mesa empeoró con “un cuadro de agitación y deterioro del nivel de conciencia”, sigue el informe. Entonces fue trasladada al hospital Clínico, donde se le hizo la embolización la madrugada del día 9. “La precariedad de medios quedó evidenciada”, por lo que se vulneraron los derechos de la paciente, según la querella presentada por el abogado de la familia, Rafael Núñez, especializado en la defensa de pacientes.
El retraso en el tratamiento “pudo contribuir a la mala evolución clínica posterior, ya que el mismo se debería haber realizado con anterioridad a la aparición de la complicación que se produjo la tarde del día 8”, dicen los forenses. La mujer regresó al Vall d'Hebron y falleció a los seis días de ser operada.
La familia se querelló contra el gerente de Vall d'Hebron, Jaume Raventós, y contra el jefe del servicio de neurocirugía. El texto sostiene que el retraso en la operación se explica por los recortes sanitarios aplicados por el Gobierno de Artur Mas. Por eso atribuyen un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos y otro de denegación de asistencia sanitaria. El abogado Núñez prueba con documentos que los quirófanos de Vall d'Hebron no funcionaban por las tardes (cuando fue ingresada Mesa), lo que provocó un “colapso asistencial” que impidió prestarle ayuda urgente. El hospital, en cambio, atribuye la avería a simples “fallos técnicos” y desvincula el suceso de los recortes. El informe forense no valorar esas circunstancias.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona admitió la querella y la investigación está a punto de concluir. El abogado de la familia ha pedido que se impute al gerente que ocupó el cargo entre 2004 y julio de 2011, José Luis De Sancho, porque, según las declaraciones de su sucesor, fue él quien “aprobó la planificación de obras y quien decide los servicios que permanecerían abiertos y los que no”.