Los ojos que vigilan a las empresas

“Asegurar que el mercado funcione con limpieza”. La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, define la misión que tienen encomendada con un aparentemente sencillo “ asegurar que el mercado funcione con limpieza”. El organismo, que comenzó a funcionar en julio de 2012, se enfrenta sin embargo a una tarea titánica, la de velar para que tanto las empresas como la administración pública, cumplan con todas y cada una de las reglas de juego a la hora de prestar y contratar servicios, o de fijar precios. Un frente casi infinito como se puede apreciar en los procedimientos que...

“Asegurar que el mercado funcione con limpieza”. La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Pilar Canedo, define la misión que tienen encomendada con un aparentemente sencillo “ asegurar que el mercado funcione con limpieza”. El organismo, que comenzó a funcionar en julio de 2012, se enfrenta sin embargo a una tarea titánica, la de velar para que tanto las empresas como la administración pública, cumplan con todas y cada una de las reglas de juego a la hora de prestar y contratar servicios, o de fijar precios. Un frente casi infinito como se puede apreciar en los procedimientos que a día de hoy tienen abiertos. De los ocho incoados destacan el abierto contra las autoescuelas de Vitoria por —supuestamente— haber pactado el precio de sus servicios; contra las funerarias del Bajo Bidasoa; los procuradores de Bizakaia y Gipuzkoa; y el Colegio de Biólogos de Euskadi. Canedo explica que resulta fundamental para la Autoridad que la ciudadanía entienda y comparta el papel que juegan las instituciones de defensa de la competencia. “Si las empresas buscan beneficios con parámetros legales, perfecto.

Pero a veces las empresas pasan ese límite y entonces lo que hacen es obtener un beneficio extraordinario que va en perjuicio de alguien, y directa o indirectamente siempre es un perjuicio para el ciudadano”. Las funciones de la institución se dividen en dos áreas fundamentales, la primera corresponde a la vigilancia, a la defensa de la competencia propiamente dicha y en la que se impulsan, en caso de que fuese pertinente, los correspondientes expedientes sancionadores. La segunda área, menos visible tiene por objeto la promoción de la competencia, es decir, la sensibilización y concienciación sobre la importancia del trabajo del organismo. Todo, entre otras cosas, para que “por ejemplo, los jóvenes profesionales que quieren entrar en el mercado no se vean con las trabas de los que ya están dentro. Los beneficios para la sociedad son amplísimos”, resume. Las labores del organismo además se complementan con la redacción de informes y estudios. Hasta la fecha, la institución ha emitido 47 resoluciones, 109 informes y siete estudios.

Hay empresas que se ponen de acuerdo" en contra de la competencia

Canedo precisa que las prácticas de las empresas que bordean la legalidad son muchas y entre ellas destaca el reparto de los contratos públicos. “Las empresas llegan a un acuerdo sin que la administración se entere, de tal forma que se reparten las contrataciones públicas por zonas o ayuntamientos. Aunque parece que hay mucha competencia, realmente se ha fijado un precio, y por supuesto, mayor del que hubiera salido con una auténtica libre concurrencia”. La responsable de la institución destaca la complejidad de detectar este tipo de prácticas, porque un ayuntamiento puede estar actuando de manera impecable, pero las empresas puede que no. Tampoco la administración, recuerda Canedo, está libre de culpa. No son raros los informes del Tribunal Vasco de Cuentas en los que se señalan anomalías en determinados contratos de la administración u otros organismos públicos.

Y si bien “la administración tiene una conciencia de la relevancia que tiene para la competitividad y para la bonanza de la economía que se respete la competencia”, defiende Canedo, todavía hay muchas cosas que mejorar. “Hay muchas inercias en la administración que no fomentan que entren nuevos operadores”. Las irregularidades o malas prácticas que pueden cometer el sector público van de las más graves, como romper la regulación, violar directamente la legislación, a otras más sutiles como elegir la fórmula más restrictiva para contratar. En la contratación pública, explica Canedo, hay varias fases a las que resulta esencial prestar atención. La primera de ellas es la fórmula elegida y la segunda, la redacción de los pliegos, “Muchas veces se cogen los mismos pliegos de la última obra contratada, y esa es una manera de limitar el acceso, ya que puedes estar impidiendo la entrada de pequeños profesionales o la posibilidad de repartir la obra en lotes”, zanja Canedo.