El Parlamento exige a Lanbide que duplique su intermediación laboral
El Servicio vasco de Empleo solo interviene en el 2% de los contratos
Lanbide, el lugar en el que confluyen los desempleados y las personas que reciben ayudas sociales, ha mejorado su gestión, pero aún le queda un buen trecho que recorrer. Es la conclusión del consejero de Empleo, Juan María Aburto, que ayer presentó en el Parlamento la estrategia para toda la legislatura en el Servicio vasco de Empleo. El “esfuerzo” del último año ha supuesto mejoras, explicó el consejero, que recordó que de los 5...
Lanbide, el lugar en el que confluyen los desempleados y las personas que reciben ayudas sociales, ha mejorado su gestión, pero aún le queda un buen trecho que recorrer. Es la conclusión del consejero de Empleo, Juan María Aburto, que ayer presentó en el Parlamento la estrategia para toda la legislatura en el Servicio vasco de Empleo. El “esfuerzo” del último año ha supuesto mejoras, explicó el consejero, que recordó que de los 51.800 expedientes resueltos en 2012 se pasó a 119.500 en 2013, pero “no ha sido suficiente para alcanzar un servicio de calidad”, añadió.
El promedio de reclamaciones ha pasado de 456 a 229 entre esos dos años. Pero Lanbide solo actúa como intermediador laboral en el 2% de los puestos de trabajo —frente al 4% de la UE—. Su objetivo es llegar al 5% al final de la legislatura, una mejora para la que debe sortear la desconfianza actual de las empresas. Es un porcentaje que, por la tarde, durante el debate de propuestas de los grupos a la estrategia de Lanbide, se convirtió en exigencia del Parlamento a través de una de las resoluciones aprobadas.
“Poner en marcha” mecanismos contra el fraude
Como si el Gobierno no trabajara para atajar los casos de fraude social —los distintos análisis apuntan a que son menos del 5% de los perceptores— la Cámara aprobó ayer una resolución propuesta por el PP en la que se exige a Lanbide que “ponga en marcha los mecanismos de inspección, control y seguimiento” para evitar situaciones de fraude.
La resolución salió adelante con el voto del partido que sustenta al Gobierno, el PNV. La consejería ha anunciado que creará una unidad de fraude para profundizar en la inspección de utilizaciones incorrectas de las ayudas que gestiona, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda.
Si el Parlamento aprobó esa resolución exigiendo control, al mismo tiempo, evitó reclamar a Lanbide que cuantifique los pagos indebidos de las prestaciones sociales que gestiona y que analice fórmulas que permitan la recuperación del dinero. La propuesta partió del PP, que impulsó 35 de las 71 iniciativas que se debatieron.
Los pagos indebidos realizados por la Administración autonómica a los perceptores de ayudas ascendieron en 2013 a 59 millones de euros —el Gobierno destinó 435 millones en 2013 en la RGI y el complemento de vivienda—.
La consejería de Juan María Aburto ha reconocido públicamente en ocasiones anteriores que se ha centrado en sus primeros meses de gestión en la tramitación de expedientes, que acumulaban importantes retrasos y que suponían que la Administración estaba incumpliendo la legalidad vigente. Esto ha hecho que el Servicio vasco de Empleo no se haya centrado en otras áreas como los pagos indebidos.
Las ofertas de trabajo que llegan al Servicio vasco de Empleo son respondidas en un plazo prolongado y a veces las personas enviadas por Lanbide a la empresa no se corresponden con los perfiles solicitados, una realidad que constatan sus responsables. El servicio está intentando cambiar esa tendencia y ha trabado conversaciones, por ejemplo, con grandes empresas como Mercadona para tramitar los puestos de trabajo de la cadena de supermercados en Euskadi.
En el debate, la propuesta fue criticada por la oposición, que la considera “genérica” y sin detalles sobre las medidas con las que se pretende avanzar. El consejero reprochó a los grupos que no le plantearan cambios o iniciativas para incluirlos en el documento. Entre las resoluciones aprobadas se encuentran dos del PP que plantean como “imprescindible” dar una “imagen de confianza ante los empresarios” para poder lograr ese fin y asimismo reclaman a Lanbide que actúe con “criterios de proactividad”.
Dicho de otro modo, que en vez de esperar a que las empresas vayan al Servicio vasco de Empleo con ofertas de trabajo, sea el propio Lanbide el que “salga al mercado a buscar directamente las ofertas de empleo”. Esa tarea de pegarse al tejido económico de la zona para detectar nichos de empleo y adaptar la formación para que los desempleados se acomoden a los perfiles requeridos por el mercado es prácticamente nula.
La mayor parte del trabajo de Lanbide sigue siendo la gestión de las ayudas, que mes a mes rompen su techo con nuevas cifras históricas que ya superan las 64.600 familias. Todas las personas empleables de esos núcleos familiares tienen la obligación de estar dispuestas a trabajar y de firmar un convenio de inserción sociolaboral, en el que se incluyen cursos de formación. Pero hay una importante bolsa de perceptores que no cumple esos requisitos. Son los pensionistas que complementan sus bajas pensiones con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que abarcan un tercio de las prestaciones.
La Cámara rechazó la posibilidad de que este colectivo pase a ser atendido por las diputaciones, que hasta finales de 2011 gestionaron la RGI. EH Bildu propuso ayer realizar una prueba de dos años para analizar esa alternativa, que en la práctica supondría liberar a Lanbide de una parte de las gestiones y quedarse únicamente con los perceptores que pueden reengancharse al mercado laboral. Los partidos presentaron 71 propuestas para la estrategia de Lanbide de esta legislatura, de las que se aprobó medio centenar.