Anticorrupción pide una fianza de cinco millones al exdirector de Mercasevilla
La juez Alaya imputa a Mellet seis delitos por los ERE que acometió en la empresa municipal
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de cinco millones para el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, acusado en el caso ERE de seis delitos por los expedientes que llevó a cabo en la empresa pública en 2003 y 2007. Mellet ha comparecido como imputado pero se negó a declarar ante la juez Mercedes Alaya, que ha tardado tres años y tres meses en citarle a declarar por las irregularidades detectadas. La magistr...
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de cinco millones para el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet, acusado en el caso ERE de seis delitos por los expedientes que llevó a cabo en la empresa pública en 2003 y 2007. Mellet ha comparecido como imputado pero se negó a declarar ante la juez Mercedes Alaya, que ha tardado tres años y tres meses en citarle a declarar por las irregularidades detectadas. La magistrada le acusa de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. A la petición del fiscal se unió la Junta como acusación en el caso.
Alaya considera que Mellet pidió a la Junta que subvencionara el ERE para pagar 74 despidos en una plantilla de 184 trabajadores, por el que alegó “causas organizativas y económicas”. Sin embargo, la juez achaca al exdirectivo de Mercasevilla que no hubiera formalizado la solicitud de subvención debido a las buenas relaciones que mantenía con el intermediario Juan Lanzas, el exdelegado de Empleo Antonio Rivas y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
Mellet firmó los boletines de adhesión de los empleados acogidos al ERE “entre los que se incluirían a tres trabajadores que no cumplían lo requisitos para la prejubilación”, dado que no habían cumplido 50 años, destaca la juez. El ERE incluyó a medio centenar de trabajadores cuyas pólizas pagó la Junta hasta el 90% por unos 5,6 millones. “Tras el éxito de este primer expediente, y en connivencia con Lanzas”, Mellet pidió dos años después un nuevo ERE para 60 trabajadores “por las mismas causas económicas y organizativas que en el ERE de 2003”.
La póliza firmada en 2007 por Mellet, cuyo pago nunca llegó a abonar por completo la Junta, lo que motivó un conflicto para los trabajadores traducido en impagos, contenía la mención a que la Junta abonaría “la mayor parte de las primas, como ocurriera con la póliza anterior”, detalla Alaya en su auto. De este modo, Mellet incluyó en dicho ERE de 2007 a cuatro trabajadores de la fundación Mercasevilla, a pesar de que esta era independiente de la lonja. A petición de Lanzas, Mellet incluyó en este ERE el primer intruso que desencadenó el caso ERE a principios de 2011: Antonio Garrido Santoyo, que perteneció a la ejecutiva del PSOE en Baeza (Jaén). Este compareció ante Alaya a continuación de Mellet, aunque también se negó a declarar como imputado. La juez le acusa de haber percibido más de 70.000 euros, por lo que le imputa tráfico de influencias y malversación.
En el ERE de 2007 el propio Lanzas, amigo entonces de Guerrero, intentó incluirse como prejubilado para cobrar por sus labores de intermediación, una de las diversas maneras que Lanzas puso en marcha, según destaca en su imputación la juez.
Entre las acusaciones de Alaya hacia Mellet, la juez le achaca haber abonado los servicios del comercial de Vitalia, para la que también trabajó Lanzas, Francisco González “con cargo a los fondos de Mercasevilla”. Lanzas facturó a la sociedad pública a través de su sociedad Maginae Solutions una serie de servicios por un total de 166.048 euros bajo conceptos de escuela taller y aceite entre otros gastos.
Alaya censura el “continuo flujo de intercambio de favores” entre Mellet y Lanzas, entre ellos la contratación del concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García. El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, alegó que su cliente había sufrido “indefensión” y opinó que el expediente del mercado municipal había sido “totalmente legal”, ya que nunca fue declarado nulo, informó Europa Press.