Los carteles colombianos se lanzan al menudeo de droga en Pontevedra
La policía desmonta una red de camellos dirigida por capos sudamericanos Desplazaron a los vendedores locales en un año
Los peones del negocio de la cocaína, dedicados a vigilar el tránsito de los cargamentos a Galicia desde Sudamérica y al cobro de deudas, han tenido que bajar al último escalón del mercado de estupefacientes para sobrevivir en un momento en el que la entrada de grandes alijos marca mínimos históricos. El excedente de traficantes colombianos que comenzaron a desembarcar en la Península en los noventa y los vaivenes de un mercado que se abastece por oleadas han obligado a los temidos asalariados de los dueños de la cocaína a rentabilizar al máximo el mercado minorista.
Una investigación d...
Los peones del negocio de la cocaína, dedicados a vigilar el tránsito de los cargamentos a Galicia desde Sudamérica y al cobro de deudas, han tenido que bajar al último escalón del mercado de estupefacientes para sobrevivir en un momento en el que la entrada de grandes alijos marca mínimos históricos. El excedente de traficantes colombianos que comenzaron a desembarcar en la Península en los noventa y los vaivenes de un mercado que se abastece por oleadas han obligado a los temidos asalariados de los dueños de la cocaína a rentabilizar al máximo el mercado minorista.
Una investigación del Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Pontevedra ha confirmado cómo, en apenas un año, un grupo de siete colombianos —presuntos miembros del poderoso cartel del Valle— desplazaron a los vendedores locales para hacerse con su clientela de consumidores habituales de cocaína en dosis. Entre finales de 2012 y mediados de 2013, estos traficantes procedentes de Madrid formaban “un grupo estable que se dedicaban al tráfico cocaína y marihuana en la ciudad”, según la policía. La cocaína que distribuían la transportaban periódicamente de las “caletas” (escondites en su argot) donde se almacenan los envíos que llegan a España en maletas o contenedores.
Para el desarrollo de su activo negocio “existía una clara distribución de funciones entre los imputados”, dice el fiscal que les acusa de narcotráfico y pertenencia a un grupo criminal organizado. El cabecilla, César Mauricio Torres González, de 40 años, nacido en Cartago Valle (Colombia) y con residencia en Getafe (Madrid) pero en situación irregular en España, era el encargado de conseguir la cocaína y enviarla desde la capital a Pontevedra. Su principal contacto en la ciudad era Mauricio Ramírez Cano, alias Muñeco Chino, de 37 años, procedente de la misma ciudad colombiana y que tampoco tenía permiso de residencia. El cometido de Cano era distribuir a los vendedores la droga que enviaba el jefe, concretamente a Juan Carlos Cano, alias Juancho o Caifás, nacido en Toro Valle (Colombia) pero con residencia en Monteporreiro, y a León Antonio Torres Izaza, alias Leo, de 63 años, con domicilio en Pontevedra después de obtener la nacionalidad española. El otro vendedor era Dayro Alberto Ayala Cogollo, de 27 años, con permiso de residencia y vivienda céntrica en la ciudad. Los otros dos miembros del grupo, José Fidel Marín Buitrago y su hija Nidia Amparo Marín Soto, procedentes de la ciudad colombiana Tulúa Valle pero residentes en Getafe, eran los encargados del transporte de la coca a Galicia.
A principios de marzo de 2013, la policía había montado un dispositivo para detenerles. Sabían que Mauricio Ramírez le había hecho un pedido de cocaína a su jefe, un pequeño transporte para atender la demanda puntual de un cliente. El día 8, José Fidel y su hija viajaron con 300 gramos de cocaína (valorados en 10.000 euros) para entregarlos al distribuidor en su casa, hecho que desencadena la detención del grupo. En los registros policiales se localizaron numerosas bolsas de plástico con pequeñas cantidades preparadas para su venta y otros útiles para pesar las dosis, además de numerosos teléfonos móviles. De los análisis del laboratorio se comprobó que la cocaína que distribuía el grupo era de escasa calidad, con un grado de pureza medio del 35%. El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, pide penas superiores a los cinco años de cárcel para seis de los detenidos y solo a uno le rebaja en un año la condena, además de imponer multas de 168.000 euros. En su escrito de acusación solicita al tribunal que mantenga a los acusados en prisión hasta la celebración del juicio, previsto para el 6 y 7 de mayo en la Audiencia de Pontevedra.