El PSC llevará a Trias a los tribunales si privatiza 26 aparcamientos
CiU, PP y ERC aprueban externalizar la gestión de los garajes municipales más rentables El Consistorio recibirá 100 millones por la operación
Son las joyas de la corona y la privatización de su gestión no será nada fácil. El PSC presentará un contencioso administrativo si el Gobierno de Barcelona no da marcha atrás en el plazo de un mes. “Utilizaremos todas las medidas legales a nuestro alcance”, ha anunciado este viernes Jordi Martí, el presidente del Grupo Municipal del PSC en Barcelona, durante su intervención en el pleno municipal.
Los votos de CiU, PP y UpB (la marca de ERC en el Ayuntamiento) han permitido que se aprobara la creación de una nueva sociedad mixta, llamada BAMSA, que será privada en un 60% y pública en el ...
Son las joyas de la corona y la privatización de su gestión no será nada fácil. El PSC presentará un contencioso administrativo si el Gobierno de Barcelona no da marcha atrás en el plazo de un mes. “Utilizaremos todas las medidas legales a nuestro alcance”, ha anunciado este viernes Jordi Martí, el presidente del Grupo Municipal del PSC en Barcelona, durante su intervención en el pleno municipal.
Los votos de CiU, PP y UpB (la marca de ERC en el Ayuntamiento) han permitido que se aprobara la creación de una nueva sociedad mixta, llamada BAMSA, que será privada en un 60% y pública en el 40% restante. Su función será la de gestionar los 26 aparcamientos más rentables de la ciudad de Barcelona durante los próximos 25 años. La empresa privada que quiera gestionar las joyas de la corona tendrá que poner encima de la mesa 100 millones de euros y otros 60 millones en varios plazos. A cambio de esta inversión, se llevará el 60% de los ingresos que generen estos aparcamientos. El argumento de los partidos que se oponen a la medida es que “Barcelona no necesita malvender este activo para conseguir dinero, porque ya lo tiene”, según ha argumentado Martí, que ha conseguido que la teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, hiciera público que el Ayuntamiento ha cerrado el año 2013 con un superávit de más de 100 millones de euros.
Recasens ha asegurado que se trata de “una de las operaciones más importantes del mandato” y ha añadido: “Este proyecto visualiza que Trias es el alcalde de las personas”. Y es que el Gobierno, junto con PP y UpB, defiende que los 100 millones que ingresará gracias a esta operación se destinarán “a impulsar el parque público de vivienda”. El concejal de ICV-EUiA, Joaquim Mestre, ha criticado que “con la coartada de las viviendas” están aprobando “una privatización que ni es obligada ni responde a una urgencia”. El PSC e ICV-EUiA también han criticado que la privatización supone la pérdida del control de unos equipamientos muy sensibles para la movilidad de la ciudad.
El Ayuntamiento dice que destinará el dinero a construir pisos sociales
El concejal de UpB, Jordi Portabella, ha asegurado que “no se trata de una privatización” porque “la propiedad seguirá siendo municipal” y aseguró que el cambio en la gestión beneficiará “al conjunto de la ciudad”. El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha defendido la operación recordando que cuando los socialistas gobernaban la ciudad también privatizaron el suelo público del frente marítimo.
En Barcelona hay 106 aparcamientos públicos. De estos hay 55 gestionados por la empresa pública B:SM y 51 por empresas privadas que, en su día, firmaron un acuerdo con el Ayuntamiento para explotarlos a cambio de haberlos construido. Los contratos empiezan a finalizar a partir del año 2016, de manera que era el momento de gestionarlos todos desde la Administración. Pero el Gobierno del alcalde Trias ha optado justo por lo contrario. La mayoría de los contratos están en manos de SABA, que es una de las empresas con más posibilidades de intentar cerrar esta operación.
Jordi Martí presentará en los próximos días un recurso de reposición, que es el paso previo a la interposición de un contencioso administrativo. El recurso de reposición obliga a volver a discutir el proyecto en el próximo pleno, que será el mes que viene, y en caso de que el Gobierno no modifique el texto, permite la presentación del contencioso administrativo. El recurso de reposición funciona como un filtro para evitar la judicialización excesiva de la política.
En caso de que siga adelante, lo más posible es que la privatización de la gestión de los aparcamientos se produzca ya que el contencioso administrativo tardará años en resolver el caso.