Un juez reabre un caso de supuesta compra de votos en Bormujos
Unas grabaciones aportadas por un imputado señalan a la actual alcaldesa
Un juzgado de Sevilla ha reabierto la investigación por la supuesta compra de votos en una moción de censura en la localidad sevillana de Bormujos (20.000 habitantes). El caso se archivó en 2006, pero el juez ha decidido reabrirlo a petición del fiscal, a quien uno de los imputados, el empresario Eusebio Gaviño, entregó recientemente unas ...
Un juzgado de Sevilla ha reabierto la investigación por la supuesta compra de votos en una moción de censura en la localidad sevillana de Bormujos (20.000 habitantes). El caso se archivó en 2006, pero el juez ha decidido reabrirlo a petición del fiscal, a quien uno de los imputados, el empresario Eusebio Gaviño, entregó recientemente unas grabaciones que, presuntamente, inculpan a la actual alcaldesa, Ana Hermoso (PP).
En un decreto enviado al Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, que investigó el caso, el fiscal admite que las dos grabaciones aportadas por Gaviño en un pen-drive, “deben dar lugar a nuevas investigaciones” ya que, “aparentemente”, aportan datos decisivos “sobre la compra del voto de Ana Hermoso” en un pleno de celebrado en enero de 2005 y que desbancó de la alcaldía al socialista Juan Antonio Iglesias. La operación fue promovida por el Partido para el Desarrollo de Bormujos (PDB) con los votos de la entonces única edil del PP y actual alcaldesa, Ana Hermoso, y un concejal tránsfuga de otro grupo independiente (AIB-La Paloma), que gobernaba con el PSOE.
En la grabación, realizada según Gaviño a principios de 2013, el empresario conversa con una mujer que él identifica como la actual alcaldesa y que admite que recibió un bolso de la marca Loewe por apoyar la moción contra el PSOE.
En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa mostró su sorpresa por la existencia de esa grabación y negó haber recibido ningún regalo a cambio de su voto. El independiente Baldomero Gaviño, que se convirtió en alcalde tras la moción, sí admitió ayer reconocer la voz de Hermoso y la del empresario Gaviño, de quien es primo segundo.
Juan Antonio Iglesias, el exalcalde socialista desbancado en aquel pleno de 2005, tampoco tiene dudas de que las voces de las grabaciones son de Eusebio Gaviño y Ana Hermoso. Iglesias siempre ha sostenido que aquella moción no fue una mera operación política, sino que respondía a una “trama económica y urbanística”. “Que el juez tire de donde tenga que tirar y encontrará datos”, afirma el exregidor, que sigue siendo concejal socialista en el municipio. El grupo municipal del PSOE pidió ayer durante el pleno la dimisión de Hermoso. “Ahora parece que se confirma que en Bormujos era la trama Gürtel la que decidía que el PP despreciara la decisión de los votantes a cambio de regalos”, afirma el portavoz municipal socialista, Francisco Molina.
El juzgado de Instrucción 2 investigó la moción después de que dos ediles del grupo independiente AIB-La Paloma denunciaran que habían sido objeto de “un intento de soborno” por parte de Eusebio Gaviño (condenado en el caso Camas por el soborno a una concejal de este municipio) para quitarle la alcaldía al PSOE. Según uno de los denunciantes, el empresario llegó a ofrecerles 840.000 euros para que apoyaran la moción. El dinero, según declararon, lo ponía un grupo inmobiliario de Madrid. Durante la instrucción, el empresario madrileño Jesús Calvo Soria (imputado por el juez Pablo Ruz en la trama Gürtel) admitió que preparó la moción de censura y que llegó a concentrar la noche antes en un hotel a todos los ediles que tenían que votar a favor.
La investigación judicial se archivó en 2006 por falta de pruebas. El juez ha reabierto las diligencias pero aún no ha citado a testigos ni a ningún imputado. Según fuentes judiciales, en los próximos días previsiblemente llame como testigo al empresario Gaviño, cuyos delitos podrían haber prescrito al haber pasado cinco años desde que se cometieron. En el caso de la alcaldesa, al ser funcionaria, el plazo de prescripción de un supuesto delito de cohecho se eleva a diez años, por lo que aún sería punible.
Operaciones urbanísticas bajo sospecha
El escrito remitido por el fiscal Arcadio Martínez al Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla califica de “decisivos” los datos que pueden aportar las nuevas pruebas entregadas por el empresario Eusebio Gaviño sobre la compra de votos en Bormujos (Sevilla). Pero el texto de la fiscalía hace referencia a otros dos posibles delitos en ayuntamientos del Aljarafe sevillano. El primero de ellos, la venta por parte de Sodemi, una empresa municipal de Bollullos de la Mitación, a “bajo precio” de una finca pública “con el fin de repartirse la suma de la intermediación”. Los participantes en esta operación, según el empresario Eusebio Gaviño, eran Antonino de la Rosa (PP), entonces alcalde de Bollullos; el empresario Felipe Gayoso; José Ignacio Gaviño, hijo del exalcalde de Bormujos; Antonio Correira, entonces concejal de Urbanismo de Bollullos; y Ricardo Tarno Blanco (PP), entonces presidente del PP de Sevilla y ahora actual alcalde de Mairena del Aljarafe. El fiscal admite que las pruebas (grabaciones y documentos aportados por Gaviño) sobre este caso son “confusas”, pero ya ha dado traslado al juez para que las investigue.
Tras conocer la denuncia, Ricardo Tarno negó ayer haber intervenido “en ninguna operación urbanística ni recibido dinero de ningún tipo de operación”, Tarno emitió un comunicado en el que aseguró que emprenderá acciones legales contra “aquellas personas que acusen falsamente”.
La tercera denuncia, sustentada solo en las grabaciones, hace también referencia a Bollullos de la Mitación, donde un constructor “no identificado” supuestamente obtuvo licencia de obras para la construcción de 400 viviendas “a cambio” de que a algunos de los ediles que votaron a favor de la licencia en el pleno municipal se les recompensara con una de las viviendas. Gaviño no concretó en su denuncia ni el nombre del constructor ni la fecha del pleno.
El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, exigió explicaciones al PP por los supuestos casos de corrupción y la “posible relación entre el Partido Popular y la trama Gürtel”.