La juez Alaya rebaja la fianza a los encarcelados de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha accedido a rebajar de 150.000 a 50.000 euros las fianzas impuestas para poder salir de prisión a los exdirectivos del grupo Eurobank, propietario de la consultora Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, los dos únicos imputados del caso de los ERE que permanecen encarcelados. ...

La juez Mercedes Alaya ha accedido a rebajar de 150.000 a 50.000 euros las fianzas impuestas para poder salir de prisión a los exdirectivos del grupo Eurobank, propietario de la consultora Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, los dos únicos imputados del caso de los ERE que permanecen encarcelados. Pascual y Vaqué estan en prisión desde marzo de 2013, cuando fueron detenidos en el marco de la Operación Heracles, puesta en marcha por la Guardia Civil para investigar el cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación subvencionadas por el Gobierno andaluz.

Ya en diciembre pasado, Alaya rebajó de 250.000 a 150.000 euros la fianza para Pascual y Vaqué. En dos nuevos autos, la juez advierte de que “aun persistiendo todos y cada uno de los motivos que abocaron” a la prisión provisional, visto el tiempo transcurrido desde la última rebaja de la fianza sin que los imputados hayan podido reunir la cantidad impuesta, “pudiera deducirse que la misma resulta inasequible para que puedan gozar de su libertad provisional”. La juez recuerda los criterios expuestos por la Audiencia Provincial, que señaló que para fijar la fianza carcelaria hay que tener en cuenta, no solo la naturaleza del delito y las circunstancias de la persona, sino también un criterio de proporcionalidad a fin de no fijar “fianzas inasequibles que hagan ilusoria la posibilidad de gozar de libertad provisional”.

En otro auto difundido este martes, esta vez de la Audiencia de Sevilla, la Sección Séptima cree que Alaya actuó de manera “razonable” al advertir de la posible incompatibilidad cuando un mismo abogado defiende a dos imputados, pero entiende “excesivo que se llegue al extremo de intervenir” en la forma en que lo hizo. El escrito de la Audiencia, con todo, no tiene efecto práctico porque la juez anuló en septiembre su decisión de prohibir a dos imputados compartir el mismo letrado.