Barcelona renuncia a multar a los ‘sin techo’ por la ineficacia de la medida

El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a la conclusión de que multar a las personas sin techo no sirve para mucho, así que las sanciones que tramita la Guardia Urbana, se quedan en un cajón. “Antes nos llegaban decenas de multas a la semana y ahora solo llegan 4 o 5 al mes”, celebra Ferran Busquets, responsable de la Fundación Arrels, una de las entidades que más esfuerzos destina a los sin techo.

Las cifras de la entidad, que es la más representativa de Barcelona, no dejan espacio para la duda. En 2011 llegaron a su buzón 1.056 multas para las personas que están empadronadas ...

El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a la conclusión de que multar a las personas sin techo no sirve para mucho, así que las sanciones que tramita la Guardia Urbana, se quedan en un cajón. “Antes nos llegaban decenas de multas a la semana y ahora solo llegan 4 o 5 al mes”, celebra Ferran Busquets, responsable de la Fundación Arrels, una de las entidades que más esfuerzos destina a los sin techo.

Las cifras de la entidad, que es la más representativa de Barcelona, no dejan espacio para la duda. En 2011 llegaron a su buzón 1.056 multas para las personas que están empadronadas en la fundación, es decir, que no tienen donde dormir. En 2012 la cifra bajó hasta las 208 sanciones y en 2013 se quedó en 82. “Teníamos una voluntaria que lo único que hacía en todo el día era introducir las multas en la base de datos”, recuerda Busquets. El total de personas sin recursos sancionadas por la Guardia Urbana tiene que ser mayor, ya que Arrels no representa a todas las personas sin techo, pero sus cifras son muy significativas. Solo durante el año pasado atendió a más de 1.300 personas. Según su experiencia, “es casi imposible que se lleguen a cobrar estas multas y además crean un problema para el afectado ya que sabe que si logra salir de su situación actual tendrá que afrontarlas”.

La ‘sindica’ de Barcelona propone retirar las multas a los ‘sin techo’ de las ordenanzas

En enero de 2012, la Síndica de Barcelona, María Assumpció Vilà, ya criticó la política de sanciones contra este colectivo y aseguró que tienen una repercusión “negativa y que en muchos casos solo buscan tener un efecto intimidador sin tener en cuenta la falta de alternativas”.

Algunas de las personas sin hogar llegaron a acumular decenas de multas por importes imposibles de afrontar. Estos casos provocaron las quejas de ICV-EUiA, que en el primer pleno tras la denuncia de la Síndica pidió que se dejara de sancionar a las personas sin recursos. Su propuesta no logró suficientes apoyos, pero el primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn, se comprometió en el pleno a revisar el redactado de la ordenanza de civismo en lo punto que prohíbe dormir en la calle.

Sin hacer ruido y sin modificar ni una sola coma del redactado, los cambios se han aplicado. “Fue positivo que lanzáramos el aviso”, valora la Síndica. “Es un cambio positivo, porque está claro que multar a personas sin ingresos no sirve de nada. Nadie está en la calle por su voluntad”, continuó.

Pero ni Busquets ni Vilà consideran que el conflicto de las multas esté solucionado. Desde su punto de vista, ha llegado la hora de cambiar la ordenanza. “Ya hace ocho años de la aprobación de la ordenanza de civismo y creo que estamos todos de acuerdo en que las cosas han cambiado mucho. Es el momento de revisarla”, advierte Vilà.

Ni Busquets ni Vilà consideran que el conflicto de las multas esté solucionado

La ordenanza de civismo, que regula el espacio público, se aprobó en 2006 a propuesta del PSC y con los votos a favor de CiU y ERC. El texto provocó muchas críticas ya que abría la posibilidad de sancionar, entre otras actividades, la mendicidad y la prostitución. En 2005, antes de la aprobación de esta ordenanza, las sanciones que llegaban al buzón de Arrels eran solo 17. Busquets explicó que la multa que más les llegaba era por dormir en la vía pública, orinar o beber alcohol, aunque también por hacer un uso inapropiado del mobiliario urbano o por vender cosas. “Me parece fantástico que me multen a mí por orinar o beber alcohol en la vía pública, pero no tiene sentido que sancionen a una persona que vive en la calle”, consideró Busquets.

El cambio de ley ahorraría además mucha burocracia, según Busquets. Actualmente, el procedimiento es que la Guardia Urbana sigue multando en aplicación de la ordenanza de civismo y son los servicios sociales los que avisan de que las personas sancionadas no tienen recursos. A partir de esta gestión se retira la multa. Fuentes municipales explicaron que las sanciones se retiran “a cambio de que la personas multadas realicen planes de trabajo” y añadieron que esta negociación facilita el trabajo de los asistentes sociales, como moneda de cambio para convencerles de que acepten los recursos públicos.

“Me preocupa qué pasa con las personas que no tienen ninguna entidad detrás que les haga la gestión”, advirtió Busquets. Por culpa de la crisis, el número de personas que viven en la calle se ha disparado un 43% en los últimos cinco años. Actualmente, hay unas 500 personas durmiendo en campamentos más o menos organizados y unas 870 más en la calle y unas 1.500 durmiendo en albergues o hostales subvencionados por las Administraciones.